Esteban Gerbasi: Sin elecciones presidenciales en 2027, el legado de Trump se evapora
21 Nov 2026, 12:58 8 minutos de lectura

Esteban Gerbasi: Sin elecciones presidenciales en 2027, el legado de Trump se evapora

DESTACADA Por Opinion

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Venezuela pierde el presente y el futuro, y las Américas quedan otra vez a la deriva.

Esto no es un ejercicio de ingenuidad ni un deseo político: es un hecho pragmático, necesario e histórico.

Para que el legado del presidente Donald Trump quede marcado en la historia y pueda mineralizarse, tienen que haber elecciones presidenciales en el primer semestre de 2027. No es un capricho opositor ni una exigencia abstracta: es la condición estructural sin la cual todo lo construido hasta ahora —el Escudo de las Américas, el SOFA (Acuerdo Militar), los acuerdos petroleros y gasíferos— corre el riesgo de evaporarse con la salida de Trump del poder.

Empecemos por Trump. Un Escudo de las Américas firmado con un gobierno interino, un SOFA negociado sin mandato electoral, contratos de petróleo y gas respaldados por una autoridad de transición sin legitimidad de origen: todo eso es frágil por definición. La historia está llena de acuerdos que murieron con el gobierno que los firmó. Solo un gobierno nacido de la voluntad popular, electo en una elección libre, transparente y verificable, puede darles a esos instrumentos la permanencia que los convierte en legado y no en episodio. Sin elecciones en el primer semestre de 2027, el Escudo fracasa en sus cinco pilares principales, el SOFA se vuelve papel mojado, y los contratos petroleros y gasíferos quedan expuestos a ser renegociados o derogados por el próximo inquilino de la Casa Blanca. El legado de Trump no se sella con firmas: se sella con votos soberanos en urnas electorales.

El grupo interino que encabeza Delcy Rodríguez también se beneficia, y mucho. Una elección presidencial le ofrece una salida democrática, pacífica y constitucional: la oportunidad de medirse frente a los venezolanos por la vía constitucional y legítima en lugar de gobernar bajo la sospecha permanente de ilegitimidad. Es su mejor carta para la historia. Quienes tengan deudas, acusaciones y expedientes con la justicia venezolana o internacional tendrán que enfrentarlas —eso es ineludible y no debería sorprender a nadie— pero el proceso electoral no es un juicio: es una oportunidad de legitimarse ante el pueblo.

Y luego está el venezolano, que es el beneficiario último y el más importante. Tras más de dos décadas de lucha, el pueblo aspira a unas elecciones transparentes, tuteladas por la comunidad internacional, por organismos multilaterales y los propios venezolanos. En juego no está solo la presidencia: se renuevan los poderes del Estado —la Fiscalía, la Contraloría, la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo— junto con más de 335 alcaldes, 23 gobernadores, miles de concejales y Asambleas legislativas.

Es la reconstrucción completa de la representación popular, de abajo hacia arriba y de lado a lado.

Los números lo confirman. Diez meses después de la extracción de Nicolás Maduro y Cilia Flores, el Índice de Estabilización, Recuperación y Transición de Venezuela (VSRTI) apenas pasó de 28,75 a 29,4 puntos. Mientras Delcy Rodríguez anunciaba en agosto un acuerdo petrolero de 25 años y Chevron confirmaba nuevos acuerdos en septiembre, al 3 de noviembre seguía sin existir una fecha presidencial. En la encuesta de Megaanálisis (26 de octubre al 1 de noviembre), el 82,1 % calificó de mala o muy mala la economía de su hogar, el 80,2 % señaló la elección presidencial como la más urgente, el 87,6 % de los hogares reportó apagones cuatro o más días por semana y el 70,1 % de los venezolanos dijo que votaría por María Corina Machado. Venezuela ya sabe cuánto puede durar un contrato petrolero. Tiene derecho a saber qué día podrá elegir a su presidente.

En este escenario, María Corina Machado ha emergido como la figura que concentra el respaldo de la inmensa mayoría de los venezolanos. Su regreso al país el 25 de octubre reactivó la movilización ciudadana y, según la misma encuesta de Megaanálisis, elevó su intención de voto al 70,1 %. No se trata solo de un liderazgo electoral. Con la iniciativa “Puntos de Acuerdo”, presentada el 20 de noviembre, está impulsando una conversación horizontal entre ciudadanos dentro y fuera del país para construir consensos sobre justicia, servicios, reglas del poder y las próximas elecciones. Ese respaldo se asienta, además, en el triunfo electoral de Edmundo González del 28 de julio de 2024, reconocido por la inmensa mayoría de los venezolanos y por una parte importante de la comunidad internacional. En sus declaraciones a Bloomberg, María Corina ha subrayado que una elección presidencial aporta la certeza jurídica que reduce el riesgo y hace viable la inversión de largo plazo. Una fecha electoral en el primer semestre de 2027 aceleraría ese proceso y justificaría todo lo construido hasta ahora: el Escudo, el SOFA y los contratos petroleros y gasíferos. Su presencia no sustituye las instituciones, pero sí está catalizando la demanda de una transición pacífica que solo se cierra con el voto soberano.

Las Fuerzas Armadas tienen un papel decisivo en este proceso. Su deber constitucional es respetar y garantizar la decisión del pueblo soberano. Una elección libre, transparente y verificable en el primer semestre de 2027 no solo renueva los poderes civiles: también le ofrece a la institución militar la oportunidad de reafirmar su subordinación al mandato popular y su compromiso con la estabilidad institucional. El respeto a la voluntad expresada en las urnas es el fundamento de cualquier acuerdo militar futuro y de la reconstrucción del Estado.

Y después de esa elección presidencial viene la oportunidad más trascendente: una Constituyente. Venezuela necesita reformar su Constitución o, si el pueblo lo decide, redactar una nueva, bajo los mecanismos que la propia norma fundamental contempla y la jurisprudencia ya transitada. Sin ese paso, los acuerdos con Estados Unidos y la reconstrucción institucional descansarían sobre un texto constitucional agotado y cuestionado. La Constituyente es lo que cierra el círculo: legitima el presente y blinda el futuro.

Hay que tranquilizar a la gente sobre un punto que genera inquietud: las alianzas militares (SOFA o Acuerdos Militares). La Constitución venezolana, en su artículo 187, numeral 11, y en el artículo 154, permite la firma de acuerdos militares. Además, la ley constitucional de las fuerzas armadas —una norma que no comparto por su inconstitucionalidad e ilegalidad en su conjunto— contempla en su artículo 15 las alianzas militares. Es decir: el marco jurídico venezolano ya contempla este tipo de cooperación. En los acuerdos petroleros, el precedente es claro: el caso Betancourt. Los acuerdos que estén firmados y cumplan con la Constitución y las leyes serán respetados. Los que no cumplan, serán anulados de hecho y de derecho. No se trata de anular todo por anular: se trata de ordenar. La continuidad jurídica no es debilidad; es madurez institucional y, en este momento, vital.

El Escudo de las Américas es el punto donde todo se tranca. Si no hay elecciones, el Escudo no se sostiene: pierde su justificación estratégica, su base de legitimidad y su razón de ser como doctrina. Y con él, el legado de Trump pasa a ser desechado en la historia, no como castigo, sino como consecuencia lógica de haber construido sobre arena.

Es para Trump, para el gobierno interino que encabeza Delcy Rodríguez, para la mayoría opositora liderada por María Corina Machado, para alcaldes, gobernadores y para el pueblo venezolano. La necesidad de elecciones en el primer semestre de 2027 es una necesidad universal, histórica y vital en este momento de Venezuela. El que no lo quiera ver es miope. Y el que no lo quiera entender es porque tiene una agenda oculta.

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