El próximo presidente electo va a heredar una camisa de fuerza que no firmó
Ya van casi diez meses desde que cayó Maduro y el país sigue sin un presidente elegido por el pueblo. Delcy Rodríguez no ganó ninguna elección. La Asamblea Nacional tampoco nació de unas elecciones libres y limpias. Sin embargo, en ese tiempo se han firmado o anunciado contratos de petróleo, gas, oro y electricidad que pueden durar 25, 30 o hasta 100 años.
Eso significa una cosa muy simple: el próximo gobierno que sí salga de unas elecciones libres y que respete la Constitución va a nacer atado de pies y manos.
Imagínese que usted tiene una casa. Un día llega alguien que no es el dueño, que nadie eligió, y firma un contrato de alquiler por 50 o 100 años con una empresa extranjera. Le deja a la empresa el derecho de entrar cuando quiera, de llevarse parte de la renta antes de que usted cobre, y de demandarlo en otro país si algún día quiere cambiar las condiciones. Cuando por fin llegue el verdadero dueño, se encuentra con que la casa ya está comprometida por generaciones. Eso es lo que está pasando con Venezuela.
El caso más grave es el acuerdo petrolero que anunció la Casa Blanca a finales de agosto de 2026 con North American Blue Energy Partners. Washington dice que son concesiones por 100 años sobre 17 campos con 65.000 millones de barriles. También dice que Estados Unidos tendrá derechos sobre el 35% de la empresa, que se queda con el 20% de la producción a costo y que tiene preferencia para comprar el resto. Caracas habla de 25 años. El problema es que el contrato completo no se ha publicado. Nadie sabe exactamente qué se firmó ni bajo qué condiciones.
Pero no es solo petróleo. Hay contratos de oro por 30 años, acuerdos de compra de minerales, memorandos para recuperar la electricidad y, lo más peligroso, se está hablando de renegociar la deuda soberana. Convertir una deuda vieja y discutible en bonos nuevos mejor garantizados es como limpiar los pecados del pasado y dejarle al próximo gobierno una deuda más sólida y más difícil de revisar.
Delcy no tiene legitimidad de origen. Fue designada vicepresidenta por Maduro en 2018. Su autoridad interina viene de esa designación y de las instituciones del mismo bloque. La Asamblea que reforma leyes y autoriza contratos tampoco fue elegida en condiciones competitivas. Aun así, con el reconocimiento de Estados Unidos y el control del territorio, están firmando cosas que van a durar más que cualquier gobierno.
Y aquí viene lo que pocos están diciendo claro: Trump entrega el poder en enero de 2029. Los contratos de 25, 30 o 100 años, las cuentas donde se depositan los pagos del petróleo y los derechos de compra preferente pueden sobrevivir perfectamente a ese cambio. Un gobierno demócrata o republicano que llegue después en Washington va a tener otros incentivos, pero el costo de deshacer lo que ya se firmó puede ser alto. Mientras tanto, el daño lo paga el próximo presidente venezolano que sí salga del voto popular.
Es un problema de quién está negociando y quién paga las consecuencias. Delcy y la administración Trump se sientan a la mesa y se llevan beneficios ahora: reconocimiento, liquidez, petróleo barato, contratos para empresas estadounidenses. El futuro gobierno democrático de Venezuela no está en esa mesa. Los ciudadanos venezolanos tampoco. Cuando llegue, se va a encontrar con que los mejores campos ya están comprometidos, que parte de la renta se va antes de llegar al presupuesto, que hay cláusulas de arbitraje en Estados Unidos y que revisar cualquier cosa puede significar demandas millonarias.
Esto no es teoría. Es lo que ya se está construyendo. Cuanto más avance la inversión y se cierren más contratos antes de que haya elecciones libres, más cara se vuelve la revisión. El próximo gobierno no va a estar legalmente impedido de revisar, pero va a enfrentar una situación en la que cambiar las reglas del juego le cuesta muchísimo más de lo que le costaría hoy.
La pregunta es simple: ¿quién le dio a Delcy Rodríguez el derecho de comprometer el petróleo, el oro y los ingresos de Venezuela por las próximas décadas? ¿Quién autorizó a una Asamblea que no nació de elecciones libres a hipotecar el futuro del país? Y cuando llegue un gobierno electo por la voluntad del pueblo soberano, ¿qué margen de decisión real le van a dejar?
Por eso hay que decirlo claro desde ahora: el próximo gobierno democrático va a heredar una camisa de fuerza. No la firmó. No la negoció. Pero va a tener que lidiar con ella. Y cuanto más tarde en llegar ese gobierno, más apretada estará la camisa.
Hay que decirlo ahora, con todas sus letras, antes de que sea demasiado tarde. Por eso necesitamos una fecha electoral para elecciones presidenciales lo antes posible. Cada día sin esa fecha es un día más en que se firman contratos, se cierran cuentas y se aprieta la camisa de fuerza. Cuanto antes vote el pueblo, menos tiempo tienen Delcy y Trump para hipotecar el futuro de Venezuela.
