En la oportunidad de celebrarse el acto de entrega del premio Nobel de la paz 2025, creemos oportuno hacer una reflexión sobre la motivación que animó la selección de los galardonados, vista la diatriba que surgió por la selección de la venezolana María Corina Machado, lo que ha sido tomado por algunos como una contradicción al espíritu del premio, como lo ha sido en oportunidades anteriores, dada la supuesta exigencia del pensar y actuar en pro o en contra de la guerra como negación de la paz; pensar que nos anima a esbozar algunos criterios consolidados en este largo periodo de inestabilidad política en Venezuela, toda vez que al revisar la historia del acontecer insólito, nos encontramos con que la paz es una situación social ideal que siempre está en peligro cuando la ubicamos en el campo de la politología; especialmente cuando la colocamos en contradicción con la guerra o conflicto en situación de emergencia, criterio que analizamos en nuestra publicación: «Educación para la Paz«, que publicamos en Amazon cuyo fundamento y fin es el desarrollo del programa educativo con ese nombre propuesto por la OEA.
Antes escribimos que, lamentablemente la politología en Venezuela se ha transformado en el tratamiento de una sarta de sandeces que tildan de política, pero que no va más allá de una ignominiosa estupidez que ha mantenido al país en ascuas y en una peligrosa situación de inseguridad política impregnada de inseguridad social, agravada por una política económica atípica por no decir irreal, que ve en la situación una crisis gubernamental y una apoliticidad generada por la desavenencia opositora que llevo al paroxismo generado por el fraude electoral denunciado pero no demandado, y como hemos, en este desfase político que ya lleva años en Venezuela, muchos venezolanos siguen luchando calladamente porque surjan acciones racionales para impedir la guerra que nadie desea, e insistir en pedir que termine esta desidia opositora que tanto daño ha hecho a la causa; por ello hemos insistido en expresar que Venezuela necesita y reclama un acuerdo nacional que le devuelva la calma y la esperanza, y eso pasa por crear un ambiente de tolerancia, no de violencia y que haya coexistencia entre los factores que se disputan el poder. Insistimos en que ninguno de los actores políticos en pugna puede pretender la capitulación incondicional del otro, ni mucho menos el exterminio del contrario. Hoy más que nunca, Venezuela necesita un pacto de convivencia pacífica entre los factores en pugna, que le ponga fin a la represión, conceda la amnistía a todos los presos políticos, asegure los derechos políticos de la oposición, pero también le asegure protección y garantías de no persecución a los que tengan que entregar el poder; solo así se podrá recuperar la alternabilidad en el poder político por la vía constitucional, democrática electoral y pacífica.
Sin dudas, todo este entramado ha conllevado a mantener una situación que maltrata a la paz ciudadano, que al fin de cuentas, como lo establece la Constitución, «El Estado tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes consagrados en esta Constitución.» por lo que es necesaria la unión nacional para enfrentar el desfase amenazante de la toma del mar Caribe por la fuerza naval de USA en lo que han llamado operación antidroga, pero que no sabemos si por error o equivocación, pareciera una amenaza a nuestro territorio. Como lo vemos en las noticias, muchas tergiversadas que no han conducido a la incredibilidad, ya que conociendo nuestros puntos de preparación y debilidad en las fuerzas armadas, aun cuando haya desvíos o falsa interpretación, el deber militar generaría una debacle coyuntural, que sería la mayor tragedia nacional después de la independencia. Ya vivimos el desenlace que nos tocó vivir con la amenaza guerrillera de la década de los 60´ y 70´ del siglo pasado, que fue derrotada a pesar de la fuerte intervención interna a favor del movimiento.
No podemos olvidar y ojala que este desfase no lleve a muchos a tomar acciones encontradas sobre lo que establece la Constitución:
Artículo 322. La seguridad de la Nación es competencia esencial y responsabilidad del Estado, fundamentada en el desarrollo integral de ésta y su defensa es responsabilidad de los venezolanos y venezolanas; también de las personas naturales y jurídicas, tanto de derecho público como de derecho privado, que se encuentren en el espacio geográfico nacional.
Artículo 326. La seguridad de la Nación se fundamenta en la correspondencia entre el Estado y la sociedad civil para dar cumplimiento a los principios de independencia, democracia, igualdad, paz, libertad, justicia, solidaridad, promoción y conservación ambiental y afirmación de los derechos humanos, así como en la satisfacción progresiva de las necesidades individuales y colectivas de los venezolanos y venezolanas, sobre las bases de un desarrollo sustentable y productivo de plena cobertura para la comunidad nacional. El principio de la corresponsabilidad se ejerce sobre los ámbitos económico, social, político, cultural, geográfico, ambiental y militar.
Artículo 328. La Fuerza Armada Nacional constituye una institución esencialmente profesional, sin militancia política, organizada por el Estado para garantizar la independencia y soberanía de la Nación y asegurar la integridad del espacio geográfico, mediante la defensa militar, la cooperación en el mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo nacional, de acuerdo con esta Constitución y la ley. En el cumplimiento de sus funciones, está al servicio exclusivo de la Nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna. Sus pilares fundamentales son la disciplina, la obediencia y la subordinación. La Fuerza Armada Nacional está integrada por el Ejército, la Armada, la Aviación y la Guardia Nacional, que funcionan de manera integral dentro del marco de su competencia para el cumplimiento de su misión, con un régimen de seguridad social integral propio, según lo establezcan sus respectivas leyes orgánicas.
En entrega posterior trataremos de clarificar el complejo tema de la guerra por la paz en Venezuela, la derivada acción delictiva y el cambio doctrinario en la Jurisdicción Penal Militar derivado del contenido del artículo 261 de la Constitución.
