La herida y la lección
Medio siglo ha pasado desde aquel gesto inmenso que fue la nacionalización del petróleo en Venezuela. En términos historiográficos, cincuenta años no son nada: una cicatriz aún fresca, un eco que todavía resuena. Porque la nacionalización no fue un episodio cerrado, un asunto resuelto, sino un punto de inflexión que sigue latiendo en el corazón de nuestra historia contemporánea. De ahí que recordarla —o, mejor dicho, tratar de entenderla— sea inevitablemente una forma de hablar del presente. Y ese presente, como suele ocurrir en las naciones que arrastran traumas no resueltos, está cargado de heridas abiertas, de contradicciones sin saldar, de relatos enfrentados.
Esta obra de José Luis Farías Correa —historiador, político, ciudadano con memoria larga— no pretende ofrecer una versión definitiva de lo ocurrido. Tampoco busca pontificar. Su propósito, más bien, es interrogar el pasado desde el presente, explorar la complejidad de un proceso que fue a la vez victoria y fracaso, promesa y desencanto. Porque eso fue, al fin y al cabo, la nacionalización: el clímax de una lucha larga y ardua por la soberanía, pero también el comienzo de una cadena de errores y omisiones que terminarían por echar por tierra buena parte de lo alcanzado. Un éxito rotundo convertido, con el tiempo, en ruina anunciada.
El libro no es un tratado técnico —aunque está fundado en un conocimiento riguroso—, ni una apología —aunque reconoce los logros—, ni una denuncia —aunque señala con claridad los fracasos—. Es, sobre todo, un acto de reflexión. Una indagación que, como toda buena investigación histórica, no se limita a acumular datos, sino que intenta descifrar el hilo oculto que une los hechos, las decisiones, los discursos, los silencios. La nacionalización, nos dice Farías, no fue un milagro ni un arrebato: fue el resultado de décadas de luchas políticas, de batallas legales, de debates parlamentarios, de negociaciones internacionales. Y tuvo nombre y apellido: Carlos Andrés Pérez, con todos sus aciertos y todas sus sombras, y con quien amenamente José Luis comienza y termina este libro.
La medida, formalizada el 29 de agosto de 1975 y ejecutada el 1 de enero de 1976, fue respaldada por una arquitectura jurídica sólida: la Ley de Hidrocarburos de 1943, la Ley de Reversión de 1971, el artículo 97 de la Constitución del 61, e incluso resoluciones de la ONU que consagraban el derecho de los pueblos a disponer de sus recursos. Fue una operación de Estado. Un acto legal, sí; pero también político, geoestratégico y, en el fondo, simbólico: un país que había vivido subordinado a intereses foráneos recuperaba el control de su recurso más valioso. Fue una afirmación de autonomía en medio del temblor mundial que provocó la crisis energética de 1973. Una forma de decir: aquí estamos, y esto es nuestro.
Pero todo relato de grandeza encierra también su reverso. La estatización trajo consigo desafíos colosales: la necesidad de formar técnicos, de reorganizar estructuras, de mantener la eficiencia sin renunciar a la soberanía. Y aunque muchos de esos desafíos se enfrentaron con éxito, otros quedaron pendientes. El modelo rentista no fue desmontado; la diversificación económica nunca llegó. Se cambió la forma, pero el fondo siguió siendo el mismo: una economía dependiente de un solo producto, una ilusión de riqueza sin bases sostenibles.
Y entonces llegó Hugo Chávez. Y con él, una ruptura. O, al menos, eso quiso parecer. Bajo la promesa del socialismo del siglo XXI, PDVSA fue vaciada de contenido técnico y convertida en brazo político. Ya no se trataba de gestionar eficientemente una empresa estratégica, sino de usarla como plataforma ideológica y política. Se desmanteló la meritocracia, se expulsó el conocimiento, se impuso el dogma. El petróleo —que había sido símbolo de independencia— se transformó en instrumento de poder, en pieza de propaganda.
Lo que vino después fue peor. Nicolás Maduro heredó el discurso, pero no el talento ni el carisma. Bajo su mando, el petróleo dejó de ser fuente de esperanza para convertirse en símbolo de decadencia. De alrededor de tres millones de barriles diarios en 2013, se cayó por debajo del millón. La corrupción, la desinversión, las sanciones, la represión… todo se conjugó para arruinar lo que quedaba. La riqueza fue saqueada, la empresa vaciada, la nación empobrecida.
Y, sin embargo —y esto es quizá lo más valioso de este libro— Farías no escribe con nostalgia ni con furia. Escribe con lucidez. Con esa rara mezcla de pasión y distancia que distingue a los historiadores verdaderos. No romantiza el pasado ni demoniza el presente: intenta entender. Y al hacerlo, nos invita a nosotros, los lectores, a interrogarnos también. ¿Qué hicimos con aquella victoria? ¿Qué dejamos de hacer? ¿Qué podemos —qué debemos— recuperar?
Este ensayo es una advertencia, sí, pero también una invitación. Nos recuerda que la soberanía no es un acto aislado, ni una frase para los discursos, sino un ejercicio cotidiano de responsabilidad. Que la historia no sirve para refugiarnos en ella, sino para aprender. Que todo lo ganado puede perderse. Y que aún estamos a tiempo.
Un poco de la leyenda
La historia del petróleo en Venezuela es un paisaje pintado con los colores de un país inconcluso, de una nación que nunca ha terminado de realizarse como república, pese a largos años de lucha. Antes de que el preciado hidrocarburo se convirtiera en la principal fuente de ingresos fiscales y diera origen a una economía monoproductora, Venezuela presentaba una estructura social marcada por el atraso y la pobreza. Éramos, entonces, una nación empobrecida.
Las fuerzas telúricas del autoritarismo decimonónico, junto con sus herederos a comienzos del siglo XX, fueron los anfitriones que dieron la bienvenida al oro negro. Una élite compuesta por terratenientes y comerciantes importadores concentraba el poder económico y político. En connivencia con el caudillo de turno, ejercían control sobre una población mayoritariamente campesina. Las instituciones estatales, carentes de profesionalización, se caracterizaban por su ineficiencia y por métodos administrativos rudimentarios. No existía una burocracia capacitada ni una clase media profesional; esta última era imposible de desarrollar bajo una estructura económica que no tenía la capacidad de generarla. Apenas unas pocas figuras destacaban en ese mar de mediocridad.
Durante las dos primeras décadas del siglo XX, se otorgaron numerosas concesiones petroleras a ciudadanos locales, quienes en su mayoría las transfirieron a grandes compañías internacionales, que a su vez realizaron exploraciones exitosas.
Fue en ese contexto y en un apartado rincón del occidente venezolano —a pocos kilómetros de la costa oriental del Lago de Maracaibo— donde brotó un denso chorro bituminoso perforado por la Caribbean Petroleum Company, subsidiaria de la anglo-neerlandesa Royal Dutch Shell. Con apenas 135 metros de profundidad, el pozo Zumaque I no solo comenzó a producir petróleo en proporciones considerables, sino que inauguró un modelo económico que cambiaría para siempre el destino del país.
El modesto transporte entre Maracaibo y Mene Grande requería un trayecto de nueve horas en piragua o goleta hasta el puerto de San Timoteo. Desde allí, un tren —conocido como el Trolley— cubría en dos horas la ruta hasta el cerro La Estrella. Esta logística rudimentaria fue el primer eslabón de un sistema energético que pronto alcanzaría escala global, dando inicio a un proceso de transformaciones irreversibles en la evolución del país.
El reventón ocurrió precisamente en el cerro La Estrella, el 31 de julio de 1914. Aquel suceso no solo marcó el inicio de la producción comercial de petróleo en Venezuela, sino que convirtió al país en un actor emergente en la geopolítica mundial. Apenas se conoció la noticia, se desató una fiebre petrolera que atrajo la atención de otras multinacionales dedicadas a la explotación y comercialización de hidrocarburos.
La aparición de esta riqueza subterránea alteró profundamente la economía, transformó los modos de vida, las relaciones de poder y la identidad misma del venezolano. En pocos años, el país pasó de una economía basada en el café y el cacao a una dependencia estructural del crudo.
De las concesiones otorgadas en 1907 se pasó a las adjudicadas en 1912, con los resultados anteriormente descritos. A partir de 1920, entraron en escena otras compañías, como la Standard Oil de New Jersey y la Gulf Oil. Esta primera etapa de explotación estuvo marcada por la improvisación, reflejo de un país con instituciones inexpertas que apenas comenzaba a comprender su potencial. Zumaque I simbolizó la promesa de riqueza, pero también el inicio de una dependencia de intereses foráneos, configurando una compleja relación entre el petróleo, el poder político y las aspiraciones populares.
El 14 de diciembre de 1922 ocurrió el estallido del pozo Barroso II, en Cabimas. Fue un episodio memorable que marcó un punto de inflexión en la historia petrolera del país. Durante diez días, una columna incontenible de crudo brotó a más de 40 metros de altura, expulsando cerca de un millón de barriles y dejando perplejo al mundo. Ese estallido evidenció la magnitud de las reservas subterráneas y consagró a Venezuela como un actor clave en el mercado energético global. La magnitud del fenómeno atrajo capital extranjero, principalmente estadounidense, lo cual transformó profundamente la matriz productiva nacional.
El crudo se afianzó como la principal fuente de ingresos fiscales. Las regalías aumentaron de forma sostenida. Las divisas se multiplicaron. La expansión urbana en torno a los campos petroleros se aceleró. La economía se dinamizó. La industria energética se consolidó como eje de la modernización nacional. Maracaibo y otras ciudades experimentaron un crecimiento sin precedentes.
Sin embargo, durante este período no existía aún una legislación adecuada en materia de hidrocarburos que regulase con rigor la actividad ni que pusiera freno a los manejos turbios y a la corrupción que comenzaban a emerger.
En 1829, Simón Bolívar decretó en Quito la propiedad estatal de los hidrocarburos, sentando así el fundamento jurídico para el control soberano sobre el subsuelo venezolano. Casi un siglo después, Gumersindo Torres impulsó la primera Ley de Hidrocarburos (1920), orientada a restringir el poder de las empresas extranjeras. Esta norma redujo el alcance de las concesiones, estableció regalías mínimas del 15 % y reafirmó la titularidad estatal. Su enfoque nacionalista generó una inmediata resistencia, lo que resultó en la destitución del ministro Torres. Posteriormente, se adoptaron reformas más flexibles en 1921 y 1922, promovidas bajo presión transnacional, que neutralizaron los tímidos avances logrados.
La expropiación petrolera ejecutada por Lázaro Cárdenas en México en 1938 avivó el fervor nacionalista en América Latina. Los sectores democráticos y patriotas de la región, incluido el venezolano, comenzaron a desafiar el dominio de las potencias extranjeras, alzando la bandera de la autodeterminación para recuperar el control sobre sus recursos naturales. La lucha por la nacionalización del petróleo adquirió fuerza.
Entre 1921 y 1938, la legislación petrolera se modificó repetidamente en favor del capital foráneo. Sin embargo, durante la presidencia de Isaías Medina Angarita, la tendencia comenzó a invertirse. A pesar de las dificultades causadas por la Segunda Guerra Mundial en la producción y comercialización del crudo, se promulgó el 13 de marzo de 1943 una nueva Ley de Hidrocarburos moderna y adecuada, que resultó beneficiosa tanto para el Estado como para las empresas extranjeras. El artículo 80 estableció concesiones por 40 años, con vencimiento sin indemnización. Se anticipaba, probablemente, una eventual nacionalización, un acto de soberanía que se concretaría en 1976. La ley también obligaba a refinar parte del crudo en territorio nacional, y el gobierno logró una participación fiscal significativamente mayor. Esta legislación marcó un giro en la política energética del país y sentó precedentes para la intervención regulatoria del Estado en el sector.
La aprobación de esta ley fue acompañada por el “voto salvado” de Juan Pablo Pérez Alfonzo y Rómulo Betancourt, quienes la criticaron con firmeza. La consideraron ambigua y carente de justicia, al no exigir a las compañías petroleras compensación alguna por el daño causado por la prolongada explotación de los recursos. Los líderes de Acción Democrática argumentaron que las leyes deben anteponer el interés público y el bienestar colectivo a los privilegios de intereses privados, defendiendo la soberanía de un pueblo que reclamaba equidad.
A partir de 1945, con la ascensión de Acción Democrática al poder, comenzaron los esfuerzos para consolidar una política petrolera que fortaleciera la soberanía nacional. Aunque interrumpida por la dictadura de 1948-1958, esta política resurgió con fuerza tras la restauración democrática en 1959, sentando las bases para la nacionalización de 1975.
Todo el proceso previo a la nacionalización estuvo cargado de interacciones dinámicas entre distintos actores políticos. Diversos pensamientos individuales y colectivos se confrontaron. Al final, prevaleció la armonía. El diálogo fecundo forjó acuerdos en beneficio de los altos intereses nacionales, sin menoscabo de la libre expresión de ideas. Se lograron satisfacer viejas aspiraciones ciudadanas y defender los derechos de Venezuela como nación libre y soberana.
El 12 de noviembre de 1948, el presidente Rómulo Gallegos aprobó la nueva Ley del Impuesto sobre la Renta, introduciendo el principio del 50/50 (fifty-fifty), que rápidamente alcanzó adopción universal. Aunque ya contemplado en la Ley de 1943, su aplicación comenzó con un decreto de 1945 que buscaba corregir la desventaja fiscal frente a las compañías. Este modelo fue adoptado por otros países productores, siendo Arabia Saudita el primero en adoptarlo con Aramco. Las petroleras estadounidenses no se opusieron, ya que sus leyes permitían deducir impuestos pagados en el extranjero. El 50/50 se mantuvo en Venezuela hasta diciembre de 1958, cuando fue reemplazado por una nueva escala impositiva que elevó la participación estatal al 66 %.
La evolución de la dinámica petrolera venezolana, desde la década de 1940 hasta la nacionalización a principios de la de 1970, lleva la impronta de Acción Democrática, especialmente a través de las figuras de Rómulo Betancourt y Pérez Alfonzo. Desde 1946, impulsaron la política de “no más concesiones a privados”, con el fin de romper el modelo colonial de explotación. En 1959, promovieron la creación de la Comisión Coordinadora de la Conservación y el Comercio de los Hidrocarburos, concebida para proteger la producción nacional de crudo.
En 1960, crearon la Corporación Venezolana del Petróleo (CVP) y, ese mismo año, junto con otros cuatro países productores, fundaron la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Venezuela, como artífice de esta operación, fue la sede de la II Conferencia de la OPEP el 21 de enero de 1961. En dicha conferencia se aprobaron los estatutos y se fijó la política respecto a los precios del petróleo en el mercado internacional. Este esfuerzo colectivo representó un impulso decisivo hacia la soberanía energética global.
Para 1970, una reforma legal otorgó al Ejecutivo la facultad de fijar los valores de exportación, lo que permitió incrementar significativamente los ingresos fiscales derivados de este recurso. También se sancionaron las bases de los contratos de servicio de las empresas petroleras en la zona sur del Lago de Maracaibo.
Con la Ley sobre Bienes Afectos a Reversión en las Concesiones de Hidrocarburos de 1971, la nacionalización petrolera se aceleró abruptamente. Partidos y líderes asumieron la causa como una de sus principales banderas. Fue un avance decisivo en la lucha por conquistar la soberanía energética del país. Esta ley contemplaba que los bienes de las empresas petroleras extranjeras se revertirían al Estado al expirar las concesiones otorgadas.
La inminente expiración de las concesiones, que ocurriría en pocos años, provocó debates, recelos y análisis incesantes. A medida que se acercaba 1975, el sentimiento de una nacionalización inmediata creció. La oposición al proceso por parte de las concesionarias se hizo cada vez más cerrada.
En 1973, cuando el precio del petróleo experimentó un aumento considerable, Carlos Andrés Pérez aprovechó este momento para llevar a cabo la nacionalización. La decisión se basó en el panorama económico y en la oportunidad propicia para hacer realidad la soberanía sobre esta fuente de riqueza, que se convirtió en símbolo de identidad nacional. La resolución fue un grito de dignidad cuyo eco resonó en toda la geografía venezolana.
El 2 de enero de 1974, el Ministerio de Minas e Hidrocarburos ordenó que la Creole restituyera a la Nación, sin pago de indemnización, las áreas productoras de Mulata y Jusepín. La reserva al Estado de la industria y el comercio de los hidrocarburos, mediante la cancelación de los derechos concesionarios otorgados, se consideró inevitable para preservar la continuidad operativa y evitar trastornos en el desarrollo de las actividades petroleras y la vulnerable economía del país, como adelanto a la reversión convenida en 1943.
La Ley Orgánica que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos fue promulgada el 29 de agosto de 1975. El acto se llevó a cabo en el Salón Elíptico del Palacio Federal, ante el arca del Acta de la Independencia. Fue un gesto emblemático, un acto de soberanía que concretó un sueño largamente anhelado por muchos venezolanos. Además, representó un punto de inflexión en la historia republicana, en el que convergieron la voluntad política y el mandato histórico. El Estado dejó de ser espectador para convertirse en rector de su principal recurso estratégico. La expropiación no significó una ruptura abrupta, sino una continuidad con vocación soberana.
Al día siguiente, se firmó el decreto que creó Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA). Dos décadas después, la empresa se consolidó como la segunda petrolera más grande del mundo, reconocida por su eficiencia y solidez administrativa.
La creación de PDVSA respondió a la necesidad de estructurar una gestión pública moderna. El modelo empresarial se diseñó bajo principios de eficiencia, autonomía operativa y alineación con los intereses nacionales. No fue una simple estatización, sino un rediseño institucional que proyectó a Venezuela en el escenario energético global.
El Estado indemnizó a las concesionarias según el valor neto de sus activos. La medida abarcó todas las fases del negocio: exploración, producción, refinación y comercialización. Aunque el proceso tuvo limitaciones, logró su objetivo central. A pesar de algunos déficits tecnológicos y desafíos operativos, el país asumió el control total de la industria, redefiniendo así su posición en el mercado internacional.
Tras la proclamación de la nacionalización por parte del presidente Pérez, PDVSA asumió efectivamente sus funciones al adquirir, por su valor nominal, la totalidad de las empresas estatales que, una a una, sustituyeron a las concesionarias. El 2 de enero, conforme a lo convenido, se firmaron con la compañía matriz de cada antigua concesionaria convenios de asistencia técnica y de compraventa del crudo y sus derivados. En septiembre de 1976, el directorio de la industria aprobó la coordinación administrativa entre sus 14 subsidiarias, que se reducirían primero a 5, luego a 4 y finalmente a 3 operadoras: Lagoven, Maraven y Corpoven.
La llegada de Hugo Chávez en 1999 marcó un quiebre. Priorizó el control político sobre la eficiencia y la meritocracia, subordinando a PDVSA a sus caprichos y al modelo obsoleto de gobierno que impuso por la fuerza. En un acto de absoluta irresponsabilidad, despidió a 12.000 trabajadores tras la huelga de 2002-2003. Utilizó los ingresos petroleros a su antojo, destinándolos a una política diplomática errática.
Con Nicolás Maduro, el colapso de PDVSA se aceleró. Según reportes de la OPEP, la producción se desplomó de 3,02 millones de barriles diarios en 2013 a apenas 527.000 en septiembre de 2021. La caída fue consecuencia de la mala gestión, la corrupción, la falta de inversión en infraestructura y las sanciones internacionales impuestas desde 2017. Las exportaciones recientes, que alcanzaron 934.465 barriles diarios en febrero de 2025, con China como principal receptor, reflejan una dependencia de los mercados asiáticos y descuentos de hasta 20 dólares por barril para evadir sanciones.
PDVSA, otrora símbolo de excelencia y soberanía, terminó reducida a un apéndice del poder político. Su colapso no fue un accidente, sino el resultado de decisiones conscientes y sostenidas en el tiempo que sacrificaron el interés nacional en nombre de una visión autoritaria y anacrónica del Estado.
El autor y la obra — Una historia, muchas verdades
Cuando terminé de leer este libro de José Luis Farías me quedé en silencio. No un silencio solemne, ni un silencio de esos que buscan efectos: un silencio lleno de preguntas. Preguntas no sobre el libro, sino sobre el país que ese libro, sin proponérselo quizá, disecciona como quien abre un cuerpo herido en busca de verdad. O de algo que se le parezca.
José Luis Farías no es un académico convencional. Ni un político convencional. Ni siquiera es un escritor convencional. Es, ante todo, un superviviente. De una época, de una forma de pensar, de una idea de país. Desde muy joven se formó en la intemperie de la izquierda. Entre huelgas, libros, debates a gritos en cafés de Caracas. En el Pedagógico, en la UCV, en Sabana Grande donde se discutía con la razón y con las manos. Lo vi, alguna vez, en la UCV, con el paso apurado y una carpeta bajo el brazo. Tenía algo de profesor y algo de agitador. De los buenos, quiero decir. De los que agitan con ideas.
Años después, nos entrega este libro —ensayo, memoria, exorcismo, llamado de atención, no sé— donde vuelve sobre uno de los mitos fundacionales de la Venezuela moderna: la nacionalización del petróleo. Pero lo hace como quien entra en una casa familiar para decir que no todo fue como nos contaron. No para dinamitarla, sino para abrir las ventanas.
Porque eso hace Farías: abrir ventanas. Pregunta. Sospecha. Relata. Y lo hace sin esconder sus cartas, sin fingir neutralidad, sin impostar objetividad. Su relato está traspasado por una vida política, por una ética de la investigación y por una pasión: la de entender qué pasó, y por qué pasó lo que pasó. No para juzgar, sino para comprender. No para señalar culpables, sino para que nadie más pueda decir “yo no sabía”.
Su estilo es directo, a veces vehemente. No escribe para gustar, escribe para decir. Y cuando uno escribe para decir lo que piensa —y lo hace bien, como en este caso—, siempre corre el riesgo de incomodar. Pero también de iluminar. Y Farías incomoda, sí. Pero sobre todo ilumina.
Hay algo admirable —sí, admirable— en ese esfuerzo suyo por reconstruir la historia no como epopeya, sino como conflicto. No hay héroes puros ni villanos absolutos en estas páginas. Hay seres humanos. Hay intereses cruzados, pactos necesarios, traiciones inevitables. Hay ideología, técnica, economía, retórica. Hay símbolos, claro, porque toda nación necesita sus símbolos. Pero Farías no se queda en la superficie del símbolo: lo desarma, lo interroga, lo pone al sol.
Y entonces, la historia de la nacionalización del petróleo deja de ser una postal y se convierte en una trama: una historia con personajes, tiempos, motivos. Una historia que, como todas las historias verdaderas, tiene zonas oscuras. Farías no las oculta. Las exhibe. A veces con crudeza. A veces con ternura. A veces con ironía. Nunca con cinismo.
Porque Farías no es un cínico. Es un creyente. Cree en la historia como herramienta. Cree en el país como posibilidad. Cree que entender el pasado no es un lujo académico, sino una urgencia política. Cree, en suma, que escribir sobre la historia de Venezuela —de su petróleo, de sus pactos, de sus fracasos— es una forma de resistir. Una forma de seguir apostando.
Por eso este libro no es solo un libro sobre el pasado. Es, sobre todo, un libro sobre el presente. Sobre este presente roto y desmemoriado que habitamos. Un presente donde hablar de petróleo suena a anacronismo o a nostalgia. Pero Farías nos recuerda que no hay futuro sin memoria. Y que la memoria no se construye con consignas, sino con documentos, con debates, con dudas.
A lo largo de las páginas, desfilan nombres propios: Uslar, Betancourt, Pérez Alfonzo, Caldera, CAP. No como bustos de bronce, sino como seres contradictorios, como parte de una lucha que no fue limpia, ni lineal, ni definitiva. Y eso —justamente eso— es lo que hace grande este libro: su negativa a simplificar.
Porque lo fácil sería decir que la nacionalización fue un triunfo. O un fracaso. Lo fácil sería convertirla en mito o en ruina. Farías elige el camino difícil: pensarla como un proceso. Un proceso lleno de pliegues, de trampas, de decisiones que aún hoy nos afectan. Lo dice él mismo, con una claridad demoledora: “No fue un punto de llegada, fue un punto de partida”. Y vaya que lo fue.
Este no es un libro académico. Aunque tiene rigor. No es un libro panfletario. Aunque tiene pasión. No es un libro de memorias. Aunque está lleno de memoria. Es, si me permiten, un libro necesario. De esos que uno no lee para estar de acuerdo o en desacuerdo, sino para entender. Para pensar. Para discutir.
Farías ha hecho aquí algo raro, casi inusual: ha escrito un ensayo libre. Una forma de pensamiento que no pretende cerrar debates, sino abrirlos. Que no ofrece certezas, sino preguntas. Que no dicta sentencia, sino que interroga. Y lo hace con un lenguaje limpio, con una prosa sin adornos innecesarios, con la contundencia de quien conoce los archivos, pero también los pasillos del poder.
Lo mejor de todo es que no intenta tener la última palabra. Sabe que en historia no hay últimas palabras. Solo intentos. Solo versiones. Solo aproximaciones. Pero hay versiones mejor fundadas que otras. Más justas. Más honestas. Esta es una de ellas.
Al final, uno cierra el libro con la sensación de haber estado en presencia de algo serio. Algo urgente. Algo verdadero. Y eso, en los tiempos que corren, no es poca cosa.
Porque la historia, cuando se escribe con rigor, no solo explica lo que pasó: también ilumina lo que podría pasar. Y eso, quizás, es lo que más necesitamos ahora mismo.
En estos relatos se despliegan lecciones de política. Pedagogía para enseñar a dialogar y construir consensos. Se encuentran señales para descifrar códigos vernáculos y criollos del oficio. Aquí están los protagonistas de esta “novela”, porque este libro parece una novela y se puede leer como tal. Eso sí, los personajes no surgen de una ficción, son actores de un drama real. Las negociaciones y los compromisos se entrelazan en un tejido complejo de intereses enfrentados. Cada acto se desarrolla en escenarios cambiantes. El pulso de la confrontación es palpable, y en cada controversia se destilan teorías y reflexiones que trascienden el tiempo.
El lector podrá sentir en la piel las decisiones difíciles y comprometidas que estos hombres y mujeres tomaron a lo largo de sus vidas. En el parlamento, foro de duras controversias. En la calle, espacio para la resistencia cívica frente al poder. En el exilio, donde la distancia se convierte en una forma de lucha. Y, en esa “universidad de la vida”, en la que cada experiencia es una lección y cada fracaso, una oportunidad para aprender. Así, la historia y la esperanza, nos revelan una verdad esencial. La política es arte de supervivencia. En la cual, los protagonistas acumulan experiencia que solo el tiempo puede otorgar. Y cada desafío es un peldaño hacia una mejor comprensión de la realidad.
* Farías Correa, J. L. (2025). Carlos Andrés Pérez y la Nacionalización Petrolera: Una mirada política a propósito de su Cincuentenario. Editorial FuturoVzla.
