Es infantil clasificar a los líderes en un binomio: santos de altar o encarnación del demonio. Con Luiz Inácio Lula da Silva esa lente es inservible. Quienes lo reducen a un simple «populista de izquierda» no han entendido nada sobre la resiliencia política moderna. Lula no encaja en ese molde. Es la encarnación del pragmatismo, un superviviente de una estirpe en extinción que ha navegado los vientos más hostiles de la región sin quemar las naves del Estado.
Hay algo indiscutible que la histeria de la derecha omite: la democracia brasileña jamás fue puesta en peligro por Lula. Sus tres mandatos dejaron intactas las instituciones, la prensa libre y la alternancia republicana. Si Brasil estuvo al borde del abismo, fue por la embestida autoritaria de Jair Bolsonaro y su entorno: coquetearon con el golpismo, atacaron el sistema electoral y promovieron el caos del 8 de enero. Jair no huyó: permaneció en Brasil y terminó condenado a 27 años y tres meses por la trama golpista. Su hijo Eduardo se trasladó a Estados Unidos y desde allí presionó contra la justicia brasileña; en junio de 2026 fue condenado por el Supremo Tribunal Federal a cuatro años y dos meses por coacción en el proceso, por intimidar a la justicia e impedir el juzgamiento de su padre.
Esa diferencia de temple marca toda su trayectoria, pero sería ingenuo ignorar de dónde viene y con quién se alió. La relación temprana con Hugo Chávez no fue un invento opositor: fue una alianza política real, estrecha y estratégica. Brasil alivió la crisis venezolana de 2002 y 2003 con suministro de combustible; ambos gobiernos crearon mecanismos de financiamiento para que Venezuela comprara alimentos y medicamentos brasileños, impulsaron acuerdos entre Petrobras y PDVSA y promovieron cooperación agroalimentaria, tecnológica y comercial. Venezuela se volvió uno de los grandes mercados de las exportaciones brasileñas, con compras multimillonarias de carne, pollo, leche en polvo, azúcar y otros productos. La relación fue política, económica y estratégica.
Pero el modelo que consolidó Maduro no nació con Maduro. Chávez empezó a transformar la relación entre poder civil y Fuerza Armada desde el inicio de su gobierno: militarizó la administración pública, incorporó uniformados a ministerios, programas sociales y organismos estratégicos, y convirtió a la institución militar en pilar político de la revolución. No se trataba de convocar militares al desarrollo nacional: se construía una estructura de poder donde la lealtad militar al proyecto era determinante. Maduro heredó esa arquitectura y la profundizó, ampliando el peso económico y político de los mandos militares.
Lula no podía ser ajeno a la naturaleza de su aliado ni a la dimensión política de esa relación. Su cercanía con Chávez contribuyó a legitimar regional e internacionalmente un proyecto que ya debilitaba los contrapesos civiles venezolanos. Y tras la muerte de Chávez respaldó activamente la candidatura de Maduro. Su posterior distancia no borra esa responsabilidad ni convierte su trayectoria en una historia de lucidez democrática ininterrumpida.
Lo que sí revela es su capacidad de cambiar de posición cuando la deriva autoritaria comprometía los intereses y la credibilidad de Brasil. Cuando el madurismo exigió subordinación ciega en 2024, Lula exigió actas transparentes. Cuando el régimen esperaba un cheque en blanco para legitimarse, Brasil bloqueó el consenso para su entrada a los BRICS en Kazán. El madurismo calificó la decisión de «traición», acusó a Itamaraty de conspirar y de actuar bajo influencia de Washington, y la izquierda radical cuestionó el distanciamiento. Lula no se inmutó: sabía que atarse al barco a la deriva de Maduro era un suicidio político. Tras la incursión militar estadounidense y la captura de Maduro a inicios de 2026, sostuvo la única postura coherente: condenó la injerencia extranjera por soberanía y derecho internacional, sin hacer apología de la dictadura caída ni arrastrar a Brasil al desastre.
La segunda capa de su temple es personal y ética frente a las instituciones. Cuando la justicia lo cercó en Lava Jato, no buscó asilo ni huyó: cumplió 580 días de celda en Curitiba, encaró el proceso en su propio suelo y esperó a que la arquitectura constitucional —y los vicios del proceso— anularan las condenas y le devolvieran la habilitación legal para volver por la puerta grande. No fue una absolución sobre el fondo: fue la constatación de que el tribunal carecía de competencia y el juez había actuado con parcialidad. La distinción importa, pero no resta al contraste con el bolsonarismo: mientras Lula se la aguantaba tras las rejas, Eduardo Bolsonaro se instalaba en Estados Unidos y presionaba a la justicia brasileña cuando esta cercaba a su familia.
La tercera capa es geopolítica y financiera. ¡Y vaya si quedó al descubierto con Trump! Cuando Washington intentó asfixiar la economía brasileña con aranceles punitivos del 50% para chantajear al Poder Judicial y forzar impunidad para Bolsonaro, Lula mantuvo una posición de granito: no negoció la independencia de los jueces ni la separación de poderes bajo amenaza externa. En lugar de ceder, dinamizó la presencia brasileña en el BRICS, expuso las inconsistencias del superávit comercial estadounidense frente a Brasil —que las estadísticas de Washington confirmaban— y derrotó en las urnas al candidato favorecido por una operación de presión de sectores de la administración Trump.
Esa derrota no fue un hecho aislado: fue la antesala de lo que ocurriría en Estados Unidos. El mismo electorado que castigó en Brasil al proyecto apadrinado por el trumpismo pasó factura en las legislativas y de gobernadores de 2026, donde los candidatos alineados con Trump sufrieron un severo revés y los demócratas conquistaron ambas cámaras. Y aquí un detalle que completa el cuadro: los demócratas también jugaron al pragmatismo. No rescataron a Trump de su propio desgaste ni interrumpieron su autodestrucción; lo dejaron ahorcarse con su propia cuerda, administrando silencio y paciencia mientras el oficialismo se hundía en sus escándalos. El enemigo ausente, la cuerda tendida, la espera calculada. Primero Brasil, luego Estados Unidos: en ambos casos el electorado cobró la arrogancia del poder, sin importar si venía en ropajes de izquierda o derecha. La gente se cansó de la soberbia del matonaje. Y hay taras sin tinte ideológico: corrupción, cobardía institucional y populismo tóxico cruzan todo el espectro. Basta mirar la descomposición de la derecha conservadora en Paraguay —con Santiago Peña destituido y detenido tras la crisis de Ueno Bank— o los escándalos de nepotismo y enriquecimiento que mancharon a la familia de Trump y su círculo íntimo. Frente a la desfachatez de quienes se creen por encima de la ley, el ciudadano común responde en las urnas.
Pero la prueba de fuego del modelo de Lula no está en la retórica, sino en las cuentas. Para entender la diferencia entre administrar una empresa pública y convertirla en caja política, basta mirar a Petrobras. Si había una empresa estatal brasileña con capacidad para soportar grandes erogaciones y alimentar una maquinaria patrimonialista, era esta. Las petroleras tienen una ventaja extraordinaria: sus ingresos dependen de cotizaciones internacionales que multiplican márgenes, mientras los costos de producción no crecen en la misma proporción. Son grandes generadoras potenciales de renta para el Estado.
A diferencia de la tragedia de PDVSA —caja chica hipertrofiada, desangrada por gastos sociales desvinculados del flujo de caja real y quebrada en años electorales para comprar voluntades—, Petrobras conservó su condición de corporación de economía mixta, cotizada en Wall Street y sometida a un marco de gobierno corporativo, transparencia y responsabilidad financiera. Sus impuestos se pagan conforme a la legislación tributaria; regalías y participaciones gubernamentales se calculan según las reglas del sector, con intervención de la ANP. Los dividendos se rigen por la política de remuneración a accionistas y las decisiones de sus órganos societarios, vinculadas a resultados, flujo de caja, endeudamiento y necesidades de inversión.
Nada de esto significa que Petrobras fuera inmune a la corrupción. El esquema revelado por Lava Jato entre 2004 y 2012 desvió miles de millones, manchó su contratación y comprometió a directivos, políticos y partidos. Pero una cosa es una empresa capturada por la corrupción y otra una desmantelada, quebrada y convertida en mecanismo extrapresupuestario del Gobierno, como PDVSA. Lula tenía a su disposición una de las mayores fuentes de renta empresarial del Estado y no la convirtió en réplica de la petrolera venezolana. Entendió una premisa técnica que la izquierda mesiánica jamás procesó: para que una petrolera estatal sirva al Estado, primero debe ser financieramente sana y generar dividendos reales. Lula no necesitó reventar Petrobras ni disolver las reglas del juego para volver al Planalto. Su triunfo no fue producto de la asfixia del rival ni del fraude de Estado; fue una victoria en gallarda lid, voto a voto, dentro de las exigentes reglas del sistema electoral brasileño y supervisada por árbitros independientes.
Se puede estar de acuerdo o no con sus políticas sociales o su estilo distributivo. Se puede criticar su pragmatismo táctico y su responsabilidad en haber legitimado durante años un proyecto que ya mostraba vocación autoritaria. Pero negarle el mérito de su supervivencia política y su compromiso con la república es negar la realidad. En un continente plagado de líderes que caen al primer vendaval, vulneran la democracia o huyen cuando aprieta la justicia, el viejo líder sindical demostró que la fuerza de un gobernante no reside en el dogma, sino en resistir el encierro, plantar cara a las superpotencias, soltar los lastres ideológicos que ya no sirven y ganar respetando el tablero republicano.
