Durante años, la política venezolana fue un diálogo de sordos con megáfonos: cada bando hablaba no para ser escuchado, sino para confirmar que el otro no existía. Esta semana, sin embargo, ocurrió algo más extraño que un acuerdo y más frágil que una tregua: Delcy Rodríguez y María Corina Machado, desde trincheras opuestas, pronunciaron por primera vez en mucho tiempo las mismas palabras —elecciones, garantías, observación— y el eco no sonó a rendición, sino a reconocimiento. No hubo abrazos ni concesiones definitivas; hubo algo más difícil de fabricar: la sensación de que dos relatos antagónicos, después de años de negarse mutuamente, empezaron a hablar un idioma común.
Ese giro no flotó en el aire: lo precipitó el regreso de María Corina Machado y el recibimiento apoteósico que tuvo, una demostración de fuerza popular que obligó al oficialismo a mover su lenguaje hacia el terreno de las garantías. Y no solo al oficialismo: también a su tutor de turno —hoy, según la caricatura que él mismo alimenta, el Gobierno de Trump—, que hubo de tragarse su propio guion. Hasta el Departamento de Estado, tan locuaz para unas cosas y tan mudo para otras, encontró de pronto un vocero sin rostro. En un país donde el otro fue siempre un obstáculo a demoler, ese solo hecho merece una mirada menos incrédula y más atenta.
Delcy Rodríguez compareció ante el país para prometer elecciones «con el mundo como testigo» y una autoridad electoral «renovada». Son palabras que, en la boca del oficialismo, no son un adorno: son una concesión de vocabulario que antes se consideraba inadmisible. No se trata solo de que se comprometa a celebrar los comicios que manda la Constitución, sino de que asuma que esos comicios requieren árbitros aceptados por todos y una observación internacional que les dé peso. Rodríguez pidió, incluso, «ser juzgada por los hechos». Es una frase que admite, aunque ella no lo diga, que las promesas por sí solas ya no alcanzan.
La vocera del régimen insistió en la repatriación del oro retenido en el Banco de Inglaterra y lo vinculó, sin rodeos, con la recuperación del poder adquisitivo y los ajustes salariales. El gesto mezcla lo simbólico con lo material, y no por accidente: el oro, después de todo, no es solo una reserva; es el tiempo acumulado de un país, la parte de su historia que se guardó para no perderlo todo. Al ponerlo al servicio del salario, Rodríguez intenta tender un puente entre la soberanía financiera y la vida cotidiana de los trabajadores, allí donde la política se vuelve indistinguible del hambre.
María Corina Machado, por su parte, escogió el Aula Magna de la UCAB, su alma mater —el lugar donde se graduó de ingeniera—, para decir que la transición es «irreversible» y que su propia presencia en el país es la prueba de que avanza. No habló de venganza ni de ajustes de cuentas. Habló de «terminar una tarea» y de un mandato que la obliga. Agradeció la intermediación internacional que permitió su retorno y, con una mezcla de realismo y cálculo, ofreció garantías a quienes faciliten el cambio político. Su lenguaje dejó de ser el de la denuncia para volverse el de la construcción: habló de inclusión popular en el rediseño constitucional, de verdad, memoria y justicia, pero también de no repetición. Es decir, de un futuro que no se agote en el castigo del pasado.
Lo verdaderamente significativo no es que ambos discursos hayan coincidido en la necesidad de elecciones y garantías. Eso, a estas alturas, era previsible. Lo significativo es que ambos hayan abandonado, simultáneamente, el registro de la descalificación total. Rodríguez ya no niega la existencia de un marco de garantías comiciales; Machado ya no reduce su narrativa a la resistencia. Cada una, desde su orilla, ha empezado a reconocer que la otra existe y que, para bien o para mal, tendrá que negociar con ella. Conviene decirlo sin falsas simetrías: no pesa lo mismo prometer garantías desde el control del Estado que exigirlas desde la intemperie. Pero el hecho de que ambas hayan tenido que moverse —una para no perder lo que controla, la otra para no quedarse fuera del país— revela un cambio en la correlación de fuerzas que ningún discurso, por sí solo, alcanza a explicar.
Este cambio en el lenguaje político no es un detalle menor. Al desplazar la confrontación desde la aniquilación del adversario hacia la disputa por reglas, garantías y procedimientos, cierra el paso al extremismo de uno y otro lado. Quien hoy quiera imponer la lógica del todo o nada encontrará menos espacio en un discurso oficial que habla de observación internacional y en una oposición que habla de transición pacífica e inclusión. Eso no significa, ni de lejos, que exista confianza absoluta entre uno y otro. Sería ingenuo —y hasta irresponsable— confundir un cambio de tono con una reconciliación consumada. Años de ruda confrontación no se resuelven con un cambio de lenguaje. Pero lo sucedido, aunque todavía frágil, no deja de ser un buen comienzo para reducir las tensiones.
Esta mutación no nace de una súbita conversión democrática, sino de una acumulación de presiones: la crisis económica, el aislamiento internacional, el desgaste de un modelo que ya no puede sostener sus propias promesas. La política venezolana, como la historia que estudió Picón Salas, rara vez avanza por convicción; avanza por agotamiento. Y el agotamiento, a diferencia del entusiasmo, no permite fundar mitos, pero sí obliga a pactar. Es una lección que Venezuela ha aprendido a golpes: cada vez que el país ha intentado fundar su futuro en una épica, ha terminado fundando una ruina. El agotamiento, en cambio, no promete paraísos; solo administra lo que queda. Y administrar lo que queda, en política, suele llamarse negociación.
El riesgo, por supuesto, es que este reconocimiento mutuo —sin acuerdo previo y dictado solo por las circunstancias— sea solo un paréntesis. Que las palabras de Rodríguez se queden en el anuncio y que las de Machado se estrellen contra la maquinaria que aún controla los hilos del Estado. La historia reciente de Venezuela está llena de aperturas que se cerraron antes de que el país pudiera cruzarlas: el diálogo de 2019, el Acuerdo de Barbados, las expectativas de 2024. Pero también es cierto que nunca antes el discurso institucional había incorporado con tanta naturalidad el vocabulario de la observación internacional y la renovación de poderes, ni la oposición había formulado con tanta claridad la necesidad de garantías para quienes faciliten la transición.
Lo deseable —y aquí conviene apartar la tentación del escepticismo absoluto— es que estas señales se conviertan en costumbre. Que las fuerzas antagónicas aprendan a coexistir sin anularse, a competir sin exterminarse, a reconocerse como adversarias y no como enemigas. No es poco. En un país donde durante años el otro fue siempre un obstáculo a demoler, empezar a tratarlo como un interlocutor es, quizá, el primer acto verdaderamente civilizado de una política que aún busca su cauce. El camino es largo y las promesas, frágiles. Pero el solo hecho de que ambas partes hayan empezado a hablar el mismo idioma, aunque sea a regañadientes, merece una mirada menos incrédula y más atenta.
