La decisión adoptada por la Suprema Corte estadounidense de fecha 3 de los corrientes, dejando sin efecto la protección temporal de los venezolanos, apunta a una caracterización incontrovertible de la diáspora: su dispersión y vulnerabilidad, por ejemplo. E, igualmente, a la necesidad de una respuesta sensata, participada y coherente de nuestras comunidades necesitadas de una creciente organización y compactación; en todo caso, es lo que modestamente aspiramos para los coterráneos que se encuentran físicamente más allá de nuestras fronteras.
Por supuesto, obliga a un constante examen de conciencia nacional, consabidos los orígenes fundamentales del fenómeno migratorio de tan marcadas e inéditas dimensiones. Empero, conocidas las causas iniciales del desplazamiento y la búsqueda de refugio, importan ahora más los planteamientos y las iniciativas que se puedan adoptar para disminuir en lo posible aquellas debilidades que tanto fatigan a los nuestros (allá) y angustian muchísimo en casa (acá).
Ciertamente, tribunal extranjero alguno está llamado a reemplazar al Estado venezolano para proteger a los nuestros, aunque – conocida la situación hasta la saciedad – parece inevitable diligenciar alternativas que ayuden a nuestra gente: al menos, a tener una noción precisa y disponer de una herramienta eficaz y oportuna para responder a las circunstancias. Por ello, insistimos en la necesidad de una organización social de la diáspora venezolana.
Por lo demás, nadie cuestiona que Estados Unidos vele por y ejerza su soberanía, pero necesitamos convencer a sus autoridades competentes, comenzando por el primer magistrado nacional, en torno a la importante comprensión y paciencia sobe las realidades que condujeron a la desesperada fuga de centenares de miles de compatriotas hacia el norte. Sería una locura desconocer que hay delincuentes que deshonran nuestro gentilicio y hasta personas que procuran el asilo sobre mentiras a veces descaradas, pero la contundente mayoría de los venezolanos es gente honesta, esforzada, calificada y trabajadora que procura un mejor destino para síes y para los suyos.
El fallo judicial que tampoco significó la previa movilización de los nuestros, apunta a la necesidad de una representación y conducción política en el exilio, cuyo primer e insoslayable deber es el de hablar para evitar la desmoralización inmediata y profunda que lleva a la angustia y desesperación de compatriotas inocentes. Ningún favor hace que soportemos resignados esa suerte de estigmatización universal de los venezolanos, antes impensable, como mecanismo político de aglutinación propiciado o promovido desde Washington, DC.
