THE OBJECTIVE ha tenido acceso en exclusiva a una carta manuscrita redactada desde prisión por Hugo Armando Carvajal Barrios, alias El Pollo, exjefe de la inteligencia y contrainteligencia militar del régimen chavista. La misiva fue enviada durante su estancia en el centro penitenciario de Estremera, donde permaneció recluido entre 2021 y 2023. En el escrito, Carvajal confirma que en las operaciones de compraventa de material bélico entre España y Venezuela se cobraban comisiones de manera sistemática.
Por Teresa Gómez / theobjective.com
Esta revelación sale a la luz en un contexto en el que el exmilitar buscaba adquirir documentación confidencial sobre la presunta implicación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Morodo. Dicha causa judicial concluyó con la condena por delito fiscal de Raúl Morodo, quien fuera embajador de España en Caracas durante el mandato de Zapatero, a raíz de cobros irregulares procedentes de la petrolera estatal venezolana PDVSA. Según ha revelado en exclusiva este periódico, El Pollo solicitó estos archivos a un antiguo alto cargo de la administración chavista, apelando a la urgencia de la transacción. «La letrada me estuvo planteando tu proposición. Te comento que no tendría problemas en comprar el documento del caso Morodo, porque realmente lo necesito y es urgente», arranca la carta redactada de su propio puño y letra.
No obstante, a renglón seguido, el antiguo responsable de los servicios secretos añade una precisión determinante: «De eso me interesa algún soporte siempre y cuando se pueda deslindar del contrato de compra de armas a España por parte de Venezuela. Aunque los dos sabemos que tanto el comprador como el vendedor siempre cobran comisiones, no quiero ni debo exponer secretos de Estado que van implícitos en esa negociación, como las capacidades y tecnologías de esos equipos».
El origen de esta controversia se remonta a 2004, cuando el entonces ministro de Defensa español, José Bono, suscribió un acuerdo bilateral con Hugo Chávez para el suministro de 12 aviones militares y ocho embarcaciones de guerra por un importe global de 1.700 millones de euros, tal y como cuenta Álvaro Nieto en el libro Conexión Caracas-Moncloa. Aquellas negociaciones contaron con la mediación activa de Raúl Morodo, embajador en Caracas y persona de estrecha confianza de Bono, con quien mantenía una relación de amistad fraguada en su etapa de militancia común en el Partido Socialista Popular (PSP).
Aquel acuerdo bilateral encendió inmediatamente las alarmas diplomáticas en Washington. Las autoridades norteamericanas contemplaban con profunda inquietud los movimientos del régimen bolivariano y efectuaron una protesta formal ante el Ejecutivo español. La razón técnica estribaba en que las aeronaves objeto del contrato integraban un software con tecnología de origen estadounidense cuya licencia prohibía taxativamente la reventa o transferencia a terceros países sin autorización expresa de la Casa Blanca.
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