La decisión del gobierno de Estados Unidos de incluir al Cartel de los Soles, dirigido por el dictador venezolano Nicolás Maduro, en la lista de organizaciones terroristas extranjeras (FTO) abre la puerta a nuevas medidas de presión política, económica y militar en la región.
La decisión, que entra en vigor este lunes, encuadra a la red venezolana dentro de la misma categoría legal que grupos armados, bandas y carteles reconocidos en todo el mundo por su capacidad de generar violencia y desestabilización.
¿Qué significa esta designación?
La lista de organizaciones terroristas extranjeras (Foreign Terrorist Organizations) es gestionada por el Departamento de Estado y otorga a Washington facultades jurídicas amplias –por ejemplo, para imponer sanciones, congelar activos y perseguir judicialmente a cualquier persona o entidad que colabore con una organización incluida en la lista.
Sumar al Cartel de los Soles refuerza el andamiaje legal que ya pesaba sobre altos funcionarios venezolanos por tráfico de drogas y corrupción, y amplía la posibilidad de acciones más agresivas.
El secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó que el grupo “es responsable de violencia terrorista en todo el hemisferio”, y reiteró que Washington considera al propio Maduro como líder de la estructura criminal. La dictadura venezolana rechaza estas acusaciones y sostiene que no existen pruebas públicas que la vinculen a redes de narcotráfico.
¿Qué cambia?
Aparte de las investigaciones judiciales y las sanciones sectoriales vigentes —incluido el embargo petrolero y bloqueos financieros—, el nuevo estatus autoriza una presión adicional sobre aliados, bancos, empresas e individuos que tengan relación con el régimen venezolano o con líderes del cartel. Las acciones o apoyos hacia el grupo ahora podrán ser perseguidos penalmente bajo leyes antiterroristas de Estados Unidos.
Para los expertos consultados por agencias internacionales, la inclusión del Cartel de los Soles en la lista FTO “abre nuevas opciones” para la administración norteamericana, especialmente en términos militares.
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, definió la decisión como un paso que brinda “toda una gama de alternativas legales”. Si bien la legislación FTO no menciona ataques armados, este cambio puede servir como justificación para futuras operaciones quirúrgicas sobre infraestructuras o activos vinculados al cartel fuera de zonas urbanas.
A diferencia de sanciones previas, una FTO convierte a la organización en un grupo terrorista a nivel federal.
Esto permite:
Procesamientos penales más amplios
Arrestos internacionales
Congelación total de redes financieras
Acciones militares y de inteligencia.
Hasta ahora, el régimen enfrentaba sanciones económicas.
Pero una FTO es otra categoría:
Criminaliza cualquier apoyo, directo o indirecto
Más armas para perseguir a testaferros y facilitadores
Activa herramientas que se usan contra grupos como Al-Qaeda o Hezbollah
