La discusión sobre la educación venezolana no puede detenerse en el deterioro de las escuelas, la pérdida de estudiantes o las dificultades de las universidades. Detrás de todo ello existe una realidad todavía más profunda: la precarización de quienes tienen la responsabilidad de educar. Un sistema educativo no puede aspirar a la calidad si sus maestros, profesores e investigadores ven mermadas sus condiciones de vida, su reconocimiento profesional y sus posibilidades de desarrollo. Lo que está en juego, por tanto, no es solamente el salario de un educador, sino la capacidad de una sociedad para formar a las próximas generaciones. Si en el artículo anterior hablábamos de cómo estudiar fue perdiendo valor, ahora corresponde mirar el otro lado de esa misma realidad: cuando enseñar deja de ser una profesión con futuro, la educación pierde su capacidad de renovarse.
La formación y profesionalización de los docentes constituyen una parte esencial de este problema. Nacarid Rodríguez Trujillo, investigadora de la Universidad Central de Venezuela y especialista en formación docente, advertía que la calidad educativa está estrechamente relacionada con la de las instituciones encargadas de preparar a quienes enseñan. Su análisis plantea la necesidad de fortalecer la formación pedagógica, vincular la teoría con la práctica, incorporar los cambios científicos y tecnológicos y superar el aislamiento profesional del educador. Sin embargo, una buena preparación requiere también una profesión capaz de atraer y conservar talento. Cuando enseñar deja de ofrecer condiciones dignas de vida, reconocimiento y posibilidades de desarrollo, el problema trasciende lo individual y afecta al conjunto del sistema. Un país puede diseñar excelentes planes de estudio en el papel, pero si no cuenta con educadores capacitados y motivados para llevarlos a las aulas, esos programas resultan insuficientes.
El salario, en consecuencia, no debe entenderse únicamente como una reivindicación gremial; es también una condición indispensable para la calidad educativa. Un maestro que debe multiplicar sus jornadas para completar sus ingresos, un profesor universitario obligado a buscar otras fuentes de sustento o un investigador que abandona su carrera porque no puede vivir de ella representan mucho más que una estadística laboral, encarnan conocimiento que se pierde, experiencia que no se transmite y vocaciones que dejan de renovarse. Allí radica uno de los efectos más silenciosos de la crisis: cuando una profesión pierde la capacidad de garantizar una vida digna, pierde también la posibilidad de atraer a las nuevas generaciones. Y cuando esto ocurre con los educadores, el deterioro termina trasladándose de una generación a otra. La escuela pierde al maestro, la universidad pierde al profesor y el país pierde capacidades que después serán mucho más difíciles y costosas de recuperar.
Esta realidad se comprende mejor desde la perspectiva de Guillermo O’Donnell, uno de los grandes politólogos latinoamericanos, quien concibió al Estado no solamente como un conjunto de autoridades, sino como un entramado de instituciones y burocracias responsables de hacer efectivos los derechos de la ciudadanía. Desde ese enfoque, garantizar la educación no consiste únicamente en consignarla como un derecho en la Constitución, sino en disponer de instituciones capaces de hacerlo realidad. Si el Estado no puede formar, remunerar, proteger y retener adecuadamente a quienes tienen la responsabilidad de educar, se debilita una de sus capacidades fundamentales. La desinstitucionalización que hemos venido analizando se manifiesta entonces en el sistema educativo: no solo cuando un plantel se deteriora, sino cuando se fracturan las reglas, las competencias profesionales y las instituciones que deberían sostenerlo.
Por eso, recuperar la educación exige recuperar al educador. No basta con reparar una escuela, entregar equipos tecnológicos o modificar un currículo si quienes deben utilizar esas herramientas carecen de las condiciones para hacerlo; tampoco será suficiente reconstruir la economía si una generación de maestros y profesores continúa viviendo en la precariedad. La recuperación tendrá que comenzar por reconocer que el conocimiento es una infraestructura nacional tan vital como la electricidad, el agua, las carreteras o la industria petrolera. Recuperar la carrera docente, dignificar la remuneración, fortalecer la formación profesional, estimular la investigación, restituir la autonomía universitaria y crear condiciones para que los profesionales que emigraron puedan regresar o contribuir nuevamente al país forman parte de una misma tarea. No se trata simplemente de volver al pasado, sino de construir un sistema educativo capaz de responder a la Venezuela del futuro.
Si realmente comienza a abrirse un nuevo ciclo para Venezuela y se retoma el canal democrático, la reconstrucción tendrá que entenderse como un proceso institucional y no solamente como una recomposición del poder. El futuro, dentro de las tres etapas que hemos venido analizando, debe incorporar la educación como una prioridad transversal de la recuperación nacional. Estabilizar el país, recuperar su economía y avanzar hacia una normalización democrática perderían buena parte de su sentido si no se recupera, al mismo tiempo, la capacidad de formar ciudadanos, profesionales, maestros, científicos e investigadores. La democracia necesita instituciones y las instituciones necesitan ciudadanos preparados para sostenerlas. Por eso, educar también es reconstruir: reconstruir la escuela, la universidad, la profesión docente y, en definitiva, la confianza de una sociedad donde estudiar, enseñar y producir conocimiento vuelvan a ser caminos posibles para vivir con dignidad. Ese debe ser uno de los compromisos centrales de la Venezuela que queremos reconstruir.
IG, X: @freddyamarcano
