Estados Unidos anunció este jueves 17 de septiembre nuevas sanciones contra 11 actores vinculados con la explotación de recursos minerales y la modernización militar de Cuba, una medida que, según el secretario de Estado, Marco Rubio, busca limitar los recursos destinados al aparato de seguridad de la isla.
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De acuerdo con Rubio, la medida alcanza a cuatro empresas estatales relacionadas con la extracción de níquel, cuatro compañías militares dedicadas a investigación y desarrollo de sistemas de armas, capacidades navales y simulación de escenarios de combate, además de tres funcionarios militares que las dirigen. El Departamento del Tesoro ya había incorporado en agosto y septiembre a otras entidades cubanas a su lista de sancionados bajo la misma autoridad.
“Durante décadas, el régimen cubano ha canalizado todos los recursos de la isla hacia las manos de una élite militar estrecha y corrupta, dejando a los cubanos comunes sin electricidad, alimentos o dignidad confiables”, afirmó Rubio en el comunicado divulgado por el Departamento de Estado.
Asimismo, el funcionario estadounidense sostuvo que la administración Trump no permitirá que la extracción de recursos cubanos beneficie a la élite gobernante mientras esos bienes sean utilizados para sostener el aparato de seguridad. Rubio añadió que Trump mantiene como objetivo una Cuba gobernada por sus ciudadanos y no por la estructura militar.
La Orden Ejecutiva 14404 amplió las facultades para imponer sanciones contra personas y entidades vinculadas con sectores como energía, defensa, metales y minería, además de quienes sean considerados responsables de corrupción, violaciones graves de derechos humanos o apoyo al aparato de seguridad cubano. El decreto establece el bloqueo de bienes e intereses en bienes sujetos a jurisdicción estadounidense.
Por otra parte, estas nuevas designaciones se suman a una serie de medidas adoptadas durante 2026 contra entidades económicas y militares cubanas. Entre ellas figuran compañías vinculadas con el petróleo, el níquel y otras actividades estratégicas, mientras Washington ha utilizado la Orden Ejecutiva 14404 como una de las principales bases jurídicas para ampliar las restricciones.
La administración estadounidense también ha señalado que las medidas forman parte de una política más amplia hacia La Habana que incluye objetivos relacionados con derechos humanos, Estado de derecho, mercados libres y democracia.
