El Gobierno de Estados Unidos anunció este miércoles una propuesta para cobrar a los centros educativos una tarifa de 70.000 dólares por estudiante extranjero acogido que busque participar en un Programa Opcional de Prácticas (OPT), una autorización temporal de empleo conectada a cada ámbito de estudio.
Según informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) en un comunicado, el pago podrá implicar 30.000 dólares más para cualquier extensión temporal del programa, en un contexto en el que la Administración de EE.UU. está endureciendo las condiciones de estancia para empleo y estudio.
El Ejecutivo justifica estos costes al considerar que el OPT no puede utilizarse como una “puerta trasera” a la fuerza laboral, un subsidio al “trabajo barato” o un premio para aquellos que “se la juegan al sistema”.
El objetivo de estos cobros, según explican, es hacer “más fácil” a los ciudadanos estadounidenses competir en su mercado laboral además de “reforzar la integridad” del sistema migratorio y combatir el “fraude y el abuso”.
En concreto, esta medida estaría dirigida a los estudiantes con un visado tipo F-1, un estilo de permiso dirigido a visas “no migrantes” que se otorga a ciudadanos extranjeros para cursar estudios a tiempo completo en alguna institución educativa de Estados Unidos.
De esta forma, pueden solicitar su incorporación al programa de prácticas durante su programa académico o después de completarlo y con una duración de hasta 12 meses, ampliable a 24 más, para aquellos cuyo área de estudio tenga que ver con la ciencia, tecnología, ingeniería o matemáticas.
El DHS asegura que esta medida llega después de que hayan descubierto presuntos “fraudes” en centros educativos donde empleadores y estudiantes estaban implicados en escenarios que “explotaban” las regulaciones actuales, incluido el pago por su visado.
La tarifa no irá ligada a un empleador concreto, sino que, en su lugar, se aplicará cuando los centros educativos recomienden a un estudiante F-1 para cualquier tipo de programa de prácticas y esta irá depositada al Tesoro de Estados Unidos.
Abierta a consulta pública hasta el 9 de noviembre, la iniciativa se enmarca en las nuevas regulaciones de visado que está promoviendo la Administración para restringir los condiciones de estancia en el país. EFE
