Raouf Vafaei siguió todas las normas. Obtuvo la green card, superó el examen de civismo y la entrevista de naturalización, y se sometió a múltiples verificaciones de antecedentes.
Después de ocho años en Estados Unidos, Vafaei, trabajador de la salud mental de origen iraní que emigró de Austria, estaba a solo unos días de convertirse en ciudadano estadounidense cuando se enteró, por un correo electrónico de cuatro oraciones, de que su ceremonia de naturalización programada para el viernes había sido cancelada.
“Estaba muy emocionado”, dijo Vafaei, de 41 años, en una entrevista esta semana, en referencia al honor de proclamarse oficialmente estadounidense. Su madre incluso había comprado un vestido nuevo para la ocasión. “Es un deseo que tienen muchas personas en todo el mundo”.
Ese honor está ahora en pausa, indefinidamente.
Después de que un refugiado afgano fuera acusado del tiroteo del mes pasado contra dos miembros de la Guardia Nacional en Washington, el gobierno de Donald Trump ha realizado cambios drásticos para limitar la inmigración legal, incluida la paralización de todo el proceso para personas de 19 países que la Casa Blanca sometió a una prohibición de viaje a principios de este año.
De Massachusetts a California, las personas que buscan la ciudadanía y sus abogados afirman que las autoridades federales de migración están cancelando las entrevistas de naturalización y las ceremonias de juramento para migrantes procedentes de Irán, Sudán, Eritrea, Haití, Somalia y otros países restringidos por Trump en junio. Esos casi nuevos ciudadanos han quedado sumidos en la incertidumbre sobre su futuro en Estados Unidos, y algunos se aseguran de llevar consigo sus documentos por si las autoridades de migración les interrogan en su vida cotidiana.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, la agencia que supervisa el sistema de migración, no ha publicado datos sobre el número de personas afectadas, pero es probable que la nueva oleada de medidas afecte a miles de personas procedentes de algunas de las naciones más pobres e inestables del mundo. Trump y los funcionarios de su gobierno han argumentado que su prohibición contra estas naciones es necesaria para proteger al país de los “terroristas extranjeros” y de quienes se quedan más tiempo del permitido por sus visados estadounidenses.
“No hay un marco temporal: nadie sabe cuánto va a durar esto”, dijo Teresa Coles-Davila, abogada de migración de San Antonio, quien ha tenido dificultades para obtener respuestas de los funcionarios federales de migración mientras trataba de asesorar a un cliente iraní cuya ceremonia de este mes fue cancelada. “Literalmente, nadie sabe lo que pasa”.
Los cambios de política que reducen la vía legal a la ciudadanía se han desarrollado más lentamente y de forma menos pública que las dramáticas escenas que han tenido lugar en las calles, en las que agentes enmascarados han asaltado hogares, lugares de trabajo y juzgados en busca de personas a las que deportar. Dichos cambios son uno de los numerosos intentos, en múltiples frentes, de restringir quién puede llamarse estadounidense en Estados Unidos.
El viernes, la Corte Suprema anunció que se ocuparía de un litigio histórico sobre la constitucionalidad del intento del presidente Trump de poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento, garantizada en la Decimocuarta Enmienda, la cual establece que la ciudadanía estadounidense debe extenderse a cualquier persona nacida en Estados Unidos. El senador Bernie Moreno, republicano por Ohio, quien emigró con su familia cuando era niño desde su natal Colombia, presentó esta semana una legislación que eliminaría la doble ciudadanía en Estados Unidos.
Este año, el gobierno de Trump reinstauró un examen de civismo más difícil e intensificó la investigación en las redes sociales de las personas que desean convertirse en ciudadanos naturalizados. También se ha ordenado a los funcionarios de migración que comprueben más “atributos positivos”, como el cuidado de la familia y el empleo estable.
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