La política migratoria estadounidense sorprendió a expertos ya a empresas tecnológicas al instruir a los consulados a negar visas a profesionales dedicados a moderación de contenido y verificación de información.
Por Semana
El Gobierno argumenta que estas funciones suponen una interferencia en la libertad de expresión de los ciudadanos estadounidenses, lo que ha generado crítica de activistas, abogados y plataformas digitales que dependen de estos especialistas.
¿Quiénes resultan afectados con estas medidas en el visado?
La reciente instrucción del Departamento de Estado plantea un escrutinio más riguroso para los solicitantes de visas de trabajo especializadas, como las H-1B, que tengan experiencia en funciones de moderación de contenido, verificación de datos o trust & safety.
De acuerdo a las nuevas medidas, los funcionarios consulares deberán revisar antecedentes laborales, publicaciones en redes sociales y referencias profesionales, para identificar cualquier participación en decisiones que puedan considerarse censura de la expresión en Estados Unidos.
Expertos en libertad de expresión señalan que esta medida confunde la moderación de contenido con censura, cuando en realidad las labores en seguridad digital y verificación de datos son esenciales, para proteger a los usuarios contra discursos de odio, fraude, desinformación y otros contenidos ilegales nocivos.
Carrie DeCell, abogada del Knight First Amendment Institute, enfatiza que “el trabajo de seguridad digital no es censura, sino protección del ecosistema donde ocurre la conversación pública”.
Aumenta preocupación en el sector tecnológico
La política también genera preocupación en el sector tecnológico que depende del talento internacional para garantizar la seguridad digital y la moderación efectiva de contenido de plataformas que operan a nivel global.
La medida afectará tanto a quienes solicitan nuevas visas como a quienes buscan renovaciones, ampliando el alcance del escrutinio sobre roles pasados en moderación y verificación de información.
Por otra parte, algunos expertos legales advierten que la medida podría enfrentar impugnaciones judiciales por su posible enfrentamiento con la Primera Enmienda, dado que penaliza indirectamente a individuos por el trabajo que realizan para garantizar un entorno digital seguro, como se afirma en La Nación.
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