El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó este martes a dos ciudadanos cubanos y uno venezolano de colaborar presuntamente con una red vinculada a los servicios de inteligencia rusos en una trama internacional de asesinatos y ataques terroristas, incluido un supuesto plan para matar a un disidente ruso en territorio estadounidense.
Los acusados son los cubanos Oemis Romagoza Durruthy, de 35 años, y Yaidel Delgado Suárez, de 35, y el venezolano Angel Eduardo Castro, de 22, además de los rusos Yuri Khrameev, de 63 años y antiguo coronel de los servicios de inteligencia rusos, y su hijo Kirill Khrameev, de 27 años y miembro del Servicio Federal de Seguridad.
Los cinco están acusados de conspiración para financiar terrorismo y permanecen en paradero desconocido, de acuerdo con la acusación presentada en Nueva York.
La acusación detalla que Delgado Suárez y Castro reclutaron este verano a una persona residente en Estados Unidos para vigilar a un disidente ruso al que creían instalado en Washington.
Los acusados le ofrecieron entre 1.000 y 1.500 dólares por fotografiar y grabar lugares relacionados con el objetivo y posteriormente 40.000 dólares por asesinarlo o hacerlo desaparecer.
Los fiscales aseguran que Suárez también buscó a otras personas que pudieran ejecutar el encargo.
La Fiscalía acusa además a Yuri y Kirill Khrameev de haber intentado reclutar en 2025 a un ciudadano estadounidense para asesinar a otra persona en Lituania a la que señalaban por difundir información negativa sobre Rusia.
Tras rechazar el encargo, el ciudadano recibió una propuesta para incendiar un almacén o atacar una subestación eléctrica, según la acusación. Durruthy, por su parte, está acusado de coordinar viajes y logística para ataques en la República Checa y Lituania en 2024.
Los fiscales describen la organización como una red de los servicios de inteligencia rusos dedicada a perseguir a disidentes y realizar ataques contra países considerados aliados de Ucrania.
Yuri Khrameev, Delgado Suárez y Castro afrontan además un cargo de conspiración para cometer asesinato por encargo, que contempla una pena máxima de diez años. EFE
