El décimo corte del VSRTI muestra que el país prácticamente no avanzó en términos estratégicos: el indicador global pasó de 28,75 a 29,4 sobre 100. Hubo una mejora política después del regreso de María Corina Machado, pero fue compensada por el deterioro económico, el estancamiento de los servicios públicos y la ausencia de una ruta electoral vinculante.

Metodología antes que narrativa

Diez meses después de la extracción de Nicolás Maduro y Cilia Flores, evaluar Venezuela únicamente mediante discursos políticos, producción petrolera o declaraciones desde Washington sería metodológicamente insuficiente. Por eso hemos mantenido durante estos diez meses el mismo sistema de evaluación: un Balanced Scorecard, complementado por metodología Delphi y Red Team, diseñado para medir de manera comparable la estrategia denominada Estabilización, Recuperación y Transición.

El modelo examina 48 indicadores distribuidos en ocho pilares, con ponderaciones establecidas previamente y sin modificarlas en función de los acontecimientos políticos de cada mes: seguridad y estabilidad; desmontaje del aparato represivo; libertades y derechos humanos; transición democrática; recuperación económica; servicios públicos; reconstrucción institucional; y seguridad estratégica Estados Unidos–Venezuela.

Cada variable se evalúa en una escala de 0 a 5, se normaliza posteriormente a 100 puntos y debe estar respaldada por evidencia verificable. Además, cada dato recibe un nivel de confianza —A, B o C— dependiendo de la calidad, trazabilidad y multiplicidad de sus fuentes.

La encuesta de Megaanálisis no determina por sí sola la puntuación del VSRTI. Sus resultados se incorporan como evidencia de percepción ciudadana y se contrastan con datos económicos, institucionales, energéticos, políticos y de derechos humanos procedentes de fuentes independientes y oficiales.

Cuatro líneas rojas siguen activas

El sistema incorpora cuatro líneas rojas que impiden declarar una transición democrática exitosa aunque mejoren la economía, el petróleo o la estabilidad: 1) ausencia de un calendario electoral presidencial creíble y vinculante; 2) persistencia sistemática de presos y persecución política; 3) permanencia esencial del aparato represivo; y 4) continuidad del poder sin una legitimación electoral renovada. Las cuatro permanecen activas al cierre del décimo mes.

¿Avanzó Venezuela?

La respuesta que arroja la metodología es: muy poco en términos agregados, aunque hubo movimientos importantes dentro de los componentes. En nuestra medición anterior, realizada en agosto, el índice global se encontraba en 28,75 puntos sobre 100. Al cierre del 3 de noviembre, después de incorporar nueva evidencia económica, política, institucional, energética y la encuesta nacional de Megaanálisis levantada entre el 26 de octubre y el 1 de noviembre, el resultado asciende a 29,4 puntos.

El movimiento agregado es de apenas +0,65 puntos frente a aquella medición de agosto. Eso significa que ocurrieron acontecimientos políticamente trascendentes, pero todavía no se han traducido en una transformación estructural equivalente.

Dónde se avanzó y dónde se retrocedió

Seguridad y estabilidad permanece en 49/100. No se produjo un colapso nacional ni una guerra civil, pero tampoco existen suficientes elementos para declarar plenamente consolidado el control institucional del territorio ni desmanteladas las estructuras armadas irregulares.

El desmontaje del aparato represivo permanece en 20/100. La arquitectura institucional asociada durante años a la represión política continúa siendo uno de los mayores déficits de la transición.

Libertades y Derechos Humanos mejora de 36 a 38 puntos. El aumento es pequeño, pero existe. El retorno de figuras políticas y una mayor apertura del espacio público representan avances, aunque no permiten considerar resuelto el problema de la persecución política.

La transición democrática aumenta de 8 a 14 puntos. Es el mayor avance de todo el Scorecard. El regreso de María Corina Machado a Venezuela el 25 de octubre modificó la dinámica política nacional. Su retorno no creó un nuevo CNE, no estableció una fecha presidencial ni reformó automáticamente las instituciones. Pero sí amplió el espacio político, reactivó la movilización ciudadana y aportó evidencia de una fuerza política con capacidad de movilización nacional.

Megaanálisis registró después de su regreso una intención de voto de 70,1% para Machado, mientras 80,2% de los encuestados considera que la elección presidencial es actualmente la elección más urgente del país.

Pero aquí aparece la contradicción central del décimo mes. Mientras la transición política mejora seis puntos, la recuperación económica cae de 37 a 30 puntos. Megaanálisis reporta que 82,1% de los venezolanos evalúa negativamente la economía de su hogar, afectada por pérdida del poder adquisitivo, inflación y devaluación.

Los servicios públicos permanecen estancados en 23/100. La encuesta muestra que 87,6% de los hogares experimenta apagones cuatro o más días por semana y que 79,6% sufre interrupciones superiores a tres horas. La reconstrucción institucional permanece en apenas 26/100. Y el componente de seguridad estratégica Estados Unidos–Venezuela retrocede de 56 a 53 puntos. Por eso el resultado global prácticamente no se mueve.

El 25 de octubre cambió la política. No cambió todavía el Estado.

Esta probablemente sea la conclusión más importante del décimo mes. El regreso de María Corina Machado produjo un fenómeno político que continúa expandiéndose dentro y fuera de Venezuela.

Megaanálisis encuentra que 79,2% de los consultados se identifica como opositor, frente a 4,9% que se identifica como chavista. Más significativo aún: 88,3% considera que Venezuela no puede estabilizarse ni recuperarse mientras el chavismo continúe en el poder.

Existe, por lo tanto, una distancia creciente entre la estructura política que administra el Estado y la legitimidad que expresa una parte muy amplia de la sociedad. Esa diferencia nos conduce al problema central de este artículo.

Contratos para décadas. Elección Presidencial sin fecha.

Durante estos diez meses se han estructurado acuerdos petroleros, energéticos y financieros cuyos horizontes se extienden durante años e incluso décadas. Sin embargo, Venezuela continúa sin una fecha presidencial cierta, pública, vinculante y verificable.

La pregunta ya no puede ser solamente cuántos barriles adicionales produce Venezuela. La pregunta institucional es mucho más profunda: ¿qué decisiones económicas potencialmente irreversibles puede adoptar un gobierno interino antes de que los venezolanos decidan mediante elecciones quién posee legitimidad para gobernar y comprometer el patrimonio nacional?

Esto no significa afirmar que determinados intereses económicos estén deliberadamente retrasando las elecciones. Esa relación causal requeriría pruebas que hoy no tenemos. Pero sí existe una asimetría objetivamente medible: la arquitectura económica está avanzando más rápido que la arquitectura democrática.

Election–Economic Sequencing Gap

Por eso hemos incorporado al análisis del décimo mes un nuevo riesgo transversal: el Election–Economic Sequencing Gap. No mide corrupción ni presume intención. Mide la asimetría temporal entre la velocidad con la que se contraen compromisos económicos estratégicos potencialmente irreversibles y la velocidad con la que se construye una transición electoral legítima, verificable y con calendario cierto.

Esa brecha es particularmente importante cuando la política estadounidense también está entrando en una nueva etapa. Las elecciones de medio término del 3 de noviembre modificaron el equilibrio de poder en Washington. El nuevo Congreso se instalará el 3 de enero de 2027. Eso convierte el calendario en una variable estratégica.

Venezuela puede discutir durante meses quién administrará el petróleo, quién invertirá, quién recibirá contratos y quién tendrá acceso a recursos estratégicos. Pero hay una pregunta que todavía no ha recibido una respuesta equivalente: ¿cuándo votan los venezolanos?

Conclusión

Después de diez meses, el Balanced Scorecard muestra que Venezuela no está exactamente dónde estaba en enero. Pero tampoco está donde debería estar una transición democrática diez meses después.

El índice pasó de 28,75 a 29,4 sobre 100 frente a la medición anterior de agosto. La sociedad se movió. La oposición se reactivó. María Corina Machado regresó. La demanda presidencial aumentó. Pero la fecha electoral todavía no existe.

Mientras Venezuela pueda comprometer recursos y activos por décadas, pero no pueda comprometer una fecha cierta para devolver el poder al elector, el VSRTI no permite sostener que la fase de Transición democrática esté consolidada.

“La arquitectura económica está avanzando más rápido que la arquitectura democrática.”

Nota metodológica y fuentes

• VSRTI: Venezuela Stabilization–Recovery–Transition Index. Modelo de 48 indicadores agrupados en ocho pilares, con escala 0–5, normalización a 100 puntos, niveles de confianza A/B/C y cuatro líneas rojas democráticas.
• Megaanálisis, Encuesta “Verdad Venezuela”, octubre 2026. Levantamiento del 26 de octubre al 1 de noviembre de 2026; 1.007 entrevistas; CATI; cobertura nacional declarada; margen de error reportado ±3,09% con 95% de confianza.
• Los resultados de percepción se utilizan como una capa de evidencia y no sustituyen indicadores institucionales, administrativos, económicos o de derechos humanos. Variaciones mensuales pequeñas deben interpretarse con cautela frente al margen de error reportado.
• Las cifras del VSRTI presentadas en este artículo corresponden a la corrida analítica del Mes 10 y a la comparación con la medición anterior de agosto.

Esteban Gerbasi

@estebangerbasi