Dos hombres señalados de pertenecer al Tren de Aragua fueron enviados a prisión en Bogotá, Colombia, por su presunta participación en una red de extorsiones que amenazaba a comerciantes y bicitaxistas para exigirles pagos mensuales a cambio de respetar sus vidas y las de sus familiares.
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Los sospechosos, identificados con los alias de “Rosmer” y “Yoiber”, fueron capturados durante la operación Kratos, desarrollada por el Grupo de Acción Unificada para la Libertad Personal (Gaula) de la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación. Las autoridades necesitaron cinco meses de investigaciones para identificar a los implicados y reconstruir el funcionamiento de la organización.
Según la información divulgada por la Policía Metropolitana de Bogotá, los detenidos operaban principalmente en las localidades de Kennedy y Engativá, donde habrían intimidado a por lo menos 16 personas vinculadas con establecimientos comerciales y servicios de transporte en bicitaxi.
Las exigencias económicas oscilaban entre 200.000 y 400.000 pesos colombianos mensuales por negocio. Quienes se negaban a entregar el dinero recibían amenazas contra su integridad física y la de sus familiares, una modalidad utilizada para mantener sometidas a las víctimas y garantizar la continuidad de los cobros.
Las investigaciones también revelaron que la presunta estructura delictiva combinaba las extorsiones con hurtos a establecimientos comerciales. De acuerdo con las autoridades, los sospechosos organizaban robos y posteriormente utilizaban las amenazas para presionar a los propietarios, convirtiendo el temor a nuevos ataques en un mecanismo de recaudación.
Dentro de esa dinámica, alias “Rosmer” habría desempeñado un papel de coordinación. Los investigadores lo vinculan con el brazo armado del Tren de Aragua y le atribuyen la organización de los hurtos, así como la distribución de tareas relacionadas con el cobro del dinero exigido a los comerciantes.
Por su parte, alias “Yoiber” presuntamente se encargaba de intimidar directamente a las víctimas. Su función, según el expediente, consistía en transmitir las amenazas y presionar a los afectados para que cumplieran con las cuotas impuestas por la organización.
Durante los procedimientos, los agentes incautaron dos teléfonos celulares, que quedaron a disposición de los investigadores. La Policía Metropolitana calculó que la operación representó una afectación aproximada de 50 millones de pesos colombianos a las rentas criminales del grupo, aunque esa estimación no equivale necesariamente al dinero recuperado de las víctimas.
La intervención se enmarca en las investigaciones que las autoridades colombianas mantienen contra estructuras vinculadas con el Tren de Aragua, organización criminal de origen venezolano cuya presencia ha sido documentada en distintas ciudades de Colombia. En Bogotá, las pesquisas se han concentrado, entre otros delitos, en redes dedicadas a la extorsión y al control de actividades económicas mediante amenazas.
Tras las capturas, los dos sospechosos fueron presentados ante un juez de la República, quien les impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario por los delitos de extorsión y concierto para delinquir.
