Este artículo denuncia cómo, tras décadas de dictadura en Venezuela que volcaron al país hacia una alternativa conservadora, intereses foráneos han priorizado la explotación petrolera sobre la restitución democrática. Al pactar con nuevas facciones autoritarias para extraer recursos, se repiten errores históricos que comprometen la verdadera estabilidad geopolítica del país.
En la dinámica sociopolítica global existe una ley no escrita similar al movimiento de un péndulo: la radicalización reactiva de las sociedades. La historia contemporánea demuestra que cuando se instaura una dictadura de derecha, generalmente de corte militar, en el seno del pueblo oprimido, germina el extremismo de izquierda. De manera idéntica, cuando un gobierno de la izquierda autoritaria se enquista en el poder por décadas, asfixiando las libertades y quebrando la economía, la sociedad desarrolla anticuerpos y se alinea con fuerzas conservadoras. El instinto natural del pueblo sometido, es buscar la antítesis de su opresor.
Pareciera que ciertos sectores de la política exterior de las grandes potencias, particularmente el movimiento MAGA en Estados Unidos, no han logrado comprender esta dinámica.
Venezuela ha padecido una dictadura de izquierda por más de 27 años; un régimen que empujó el péndulo social hacia una genuina vocación de cambio. El destino pareció alinear los intereses internacionales con los democráticos cuando las acciones se enfocaron contra la cúpula de Nicolás Maduro, justificadas por la amenaza del narcotráfico a la seguridad estadounidense. Esta intervención apuntaba contra quien pretendía retener el poder ignorando la voluntad popular que, meses antes, otorgó una victoria inobjetable a una figura de corte conservador: María Corina Machado.
Tras el desmantelamiento del régimen, la lógica institucional dictaba un camino claro: una Junta de Gobierno de transición comprometida con prontas elecciones y el restablecimiento constitucional. Sin embargo, la realidad revela tendencias profundamente preocupantes.
En lugar de respaldar la restitución democrática, un grupo dominante en Washington ha optado por apoyar abiertamente a facciones herederas del régimen, tan ilegales como el anterior. ¿El objetivo? Promover la explotación de nuestras riquezas, especialmente el petróleo, al estilo de los conquistadores tradicionales. Esta actitud transaccional derrumba cualquier agradecimiento histórico por poner fin a la dictadura, dejando la amarga sensación de que la intención nunca fue democratizar, sino apropiarse, a precios irrisorios, de nuestras materias primas.
La historia advierte sobre esta ceguera. En 1953, el afán petrolero derrocó la democracia en Irán, generando un “efecto péndulo” que estalló en la radical revolución de 1979 y que aún hoy, el mundo padece. En 1954, la protección de monopolios agrícolas en Guatemala sumió al país en 36 años de guerra civil. En 1960, el interés mineral en el Congo propició el asesinato de Patrice Lumumba, condenando a la nación a la miseria.
La pregunta ineludible es: ¿Permitirá el Congreso estadounidense que un grupo de mercaderes facinerosos, de allí y de aquí, mantenga un nuevo autoritarismo en Venezuela solo para expoliar sus recursos?
La paz y prosperidad sostenibles no se construyen sobre pactos oscuros con usurpadores, a cambio de impunidad, sino sobre el respeto a la voluntad popular. Transar con administradores de una dictadura mutada, es un fracaso geopolítico. La verdadera realpolitik debe entender que el único proveedor energético confiable y aliado estratégico duradero, es una Venezuela verdaderamente libre y democrática.
