Delcy Rodríguez propone profundizar el extractivismo y no da señales de una política de protección ambiental
11 Feb 2026, 18:10 5 minutos de lectura

Delcy Rodríguez propone profundizar el extractivismo y no da señales de una política de protección ambiental

Por La Patilla

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El lunes 19 de enero, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció que el país prevé un aumento en la producción de oro de por lo menos el 30 % para 2026. Al mismo tiempo, hizo un recuento de cómo estuvo el sector minero el año anterior cuando, según la mandataria, el país alcanzó una producción de 9.5 toneladas de explotación aurífera. Rodríguez también dijo que la producción de hierro aumentaría en un 50 % y la de carbón, en un 100 %.

Por Yvette Sierra Praeli / es.mongabay.com

Durante su reunión de trabajo con el sector de Industrias Básicas y Minería también informó que la Asamblea General tiene en agenda la aprobación de una nueva Ley Orgánica de Minas y Minerales, que de concretarse permitiría la captación de inversiones internacionales.

“Estos planes los estuvimos trabajando con el presidente Maduro el año pasado. Un plan para el incremento de la producción de oro, hierro, bauxita y los minerales estratégicos para el desarrollo de Venezuela y para la generación de divisas”, dijo Rodríguez durante su exposición.

De esta forma, Delcy Rodríguez marca el camino que seguirá Venezuela en su política de extracción de recursos naturales, un rumbo que para varios especialistas entrevistados por Mongabay Latam no se distancia de la política que Nicolas Maduro siguió durante su mandato.

Una política extractivista que en el sector petrolero está siguiendo los mandatos del Gobierno de Estados Unidos, luego de que el pasado 3 de enero Donald Trump ordenara una incursión militar en el país sudamericano y la captura del entonces presidente Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Siguiendo las demandas de Estados Unidos, el 29 de enero, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó una reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, que permitirá mayor participación de inversionistas privados en la industria petrolera. Estos cambios en la norma ofrecerían a las compañías internacionales facilidades para invertir en conjunto con la firma estatal PDVSA, además de un mayor control sobre los proyectos y acceso más directo a las ganancias de las ventas de petróleo.

Ahora, tras el ingreso de Estados Unidos a Venezuela, surgen interrogantes sobre cuál será el rumbo en las políticas ambientales y en la explotación de recursos naturales que asumirá la mandataria Delcy Rodríguez, quien se desempeñó como la vicepresidenta en el último gobierno de Maduro, además de cargos como ministra de Relaciones Exteriores y de Economía.

Según un informe publicado recientemente por las organizaciones SOSOrinoco y World Heritage Watch, “Rodríguez no es una funcionaria ajena a las operaciones extractivas, sino una de las principales arquitectas y ejecutoras de un modelo económico basado en la minería ilegal”.

El reporte de estas instituciones también señala que la actual presidenta interina de Venezuela “habría supervisado la consolidación del Arco Minero del Orinoco mediante decretos considerados ilegales, sin consulta previa a los pueblos indígenas y en violación de tratados internacionales, incluida la Convención del Patrimonio Mundial”.

“No hay política ambiental en Venezuela”

“Debemos resaltar que ha habido continuidad y que no hay una ruptura. Se extrajo al presidente [Maduro] y a la primera dama pero la estructura de gobierno, prácticamente, es la misma”, comenta el sociólogo Emiliano Teran-Mantovani, investigador de la Universidad Central de Venezuela.

Teran-Mantovani comenta que pese al poco tiempo transcurrido —poco más de un mes— luego de la incursión estadounidense, empiezan a asomar algunas posibilidades sobre el rumbo de Venezuela en su política ambiental. Lo primero que destaca el experto es que cuando habla de continuidad en Venezuela se refiere a que el país mantiene una estructura con “el mismo régimen político” anterior, aun cuando se cuente con un nuevo gobierno. Eso implica que se mantiene la misma “estructura económica y de poder”.

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