La Guardia Civil ha abierto una investigación para determinar la autoría de la falsa amenaza de bomba que ha obligado este jueves a un avión de la compañía Turkish Airlines a aterrizar de emergencia en el aeropuerto de El Prat.
Por abc.es
Según explica un comunicado de la citada aerolínea, durante la aproximación a Barcelona de un vuelo procedente de Estambul, se detectó que un pasajero había creado un punto de acceso a Internet dentro del avión y que había configurado el nombre de la red de manera que incluyera una amenaza de bomba.
En consecuencia, se activaron los protocolos necesarios en materia de seguridad aérea, procediendo al estacionamiento de la aeronave en una zona de seguridad y al desalojo de sus ocupantes. Además, se llevaron a cabo los registros necesarios, sin detectar ningún problema.
Por tanto, el siguiente paso es identificar al pasajero responsable de lo ocurrido y llevar a cabo el proceso legal correspondiente. Teniendo en cuenta la legislación española, estos hechos incurren en un delito de desorden público, tipificado en el artículo 561 del Código Penal.
Concretamente, «quien afirme falsamente o simule una situación de peligro para la comunidad o la producción de un siniestro a consecuencia del cual sea necesario prestar auxilio a otro, y con ello provoque la movilización de los servicios de policía, asistencia o salvamento, será castigado con la pena de prisión de tres meses y un día a un año o una multa de tres a dieciocho meses».
Además, la gravedad de la amenaza o las circunstancias podrían considerarse agravantes, incrementando tanto la posible pena como la sanción económica. También se deberá tener en cuenta los costes que suponga la falsa amenaza. Por su parte, la aerolínea Turkish Airlines ha anunciado que estudia «emprender acciones legales».
