En toda transición democrática hay un punto de quiebre: el día en que la ciudadanía pasa de resistir a reconstruir. Venezuela entra en esa fase. Tras los años de lucha en todas sus expresiones para desalojar la narco-dictadura, comienza la etapa de edificar instituciones y de poner en marcha el programa Venezuela Tierra de Gracia. La pregunta central es una: ¿qué aptitud cívica necesitamos para empezar y sostener esa construcción?
La respuesta parte de la Constitución, que no es una consigna sino una herramienta de trabajo. El artículo 333 impone un mandato claro: “todo ciudadano” tiene el deber de colaborar con el restablecimiento de su vigencia efectiva. Dicho en «llanero»: la transición no es tarea de “alguien” en Caracas; es responsabilidad compartida, distribuida por todo el territorio y por todas las profesiones.
1. La aptitud ciudadana para la transición.
La reconstrucción no es instantánea y debe tener una paciencia activa. Requiere perseverancia, aceptar fases, medir avances y corregir errores sin cinismo.
Con la supremacía constitucional como norte, cada paso debe ser proporcional, temporal y con controles. Nada de atajos: la forma es fondo, pero debemos ser prácticos en la legalidad sin entrar a simplismos.
La unidad como método insustituible, no es unanimidad ni reparto de cuotas; es coordinar esfuerzos en torno a principios (libertad, dignidad, justicia) y metas verificables.
La transición es del Estado y también de la sociedad: gremios, universidades, iglesias, sindicatos, empresarios, productores del campo, estudiantes, comunidades, diáspora. Todos somos corresponsables en las ejecutorias.
Tolerancia cero a la corrupción, la mentira y el abuso. Sin transparencia, no hay reconciliación ni prosperidad duradera. Debemos hacer todos un gran esfuerzo en la restauración de la ética pública.
La fuerza de la ley desplaza a la ley de la fuerza. La ciudadanía gana autoridad cuando protege derechos, incluso de sus adversarios. La no-violencia será nuestra estrategia.
2. Dónde se ejerce ese poder ciudadano.
La Constitución (arts. 62 y 70) reconoce participación directa en la formación, ejecución y control de la gestión pública. En la transición, eso se traduce en puestos concretos:
? Comité de Postulaciones Judiciales. Integración de 21 miembros: 11 diputados y 10 representantes de los sectores sociales. Aquí el ciudadano debe postularse, postular a otros y hacer veeduría del proceso. De su trabajo dependen listas idóneas para magistrados del TSJ y, por su incidencia técnica, la asesoría para la designación del Inspector General de Tribunales y del Director de la Escuela de la Judicatura.
? Comité de Postulaciones Electorales y Comité de Evaluación del Poder Ciudadano (Fiscal, Contralor, Defensor): espacios donde la sociedad organizada aporta perfiles, evidencias de mérito y objeciones documentadas.
? Contraloría social y compras públicas abiertas: observación ciudadana de licitaciones, contratos y ejecución presupuestaria.
? Consejos consultivos sectoriales: salud, educación, servicios, infraestructura, seguridad ciudadana y política social, donde la experiencia profesional impacta el diseño de soluciones.
? Observación electoral y pedagógica cívica: formación de testigos, campañas de información contra la desinformación y acompañamiento a nuevos votantes.
? Redes locales de reconciliación: mediación comunitaria, apoyo psicosocial y protocolos de memoria y no repetición.
La regla de oro: entrar, permanecer y rendir cuentas. Participar no es “ir una vez”; es sostener el trabajo, publicar agendas, minutas y resultados.
3. Ciudadanía de 100 horas, 100 días y 12 meses
Primeras 100 horas
? Registrarse en convocatorias públicas para comités de postulaciones y veedurías.
? Armar equipos locales de integridad y datos (abogados, ingenieros, contadores, comunicadores) para documentar necesidades y riesgos de corrupción.
? Activar puntos de ayuda para niños, adultos mayores e indígenas en coordinación con alcaldías, ONG y agencias humanitarias.
Primeros 100 días
? Incidir en perfiles y audiencias públicas: TSJ, CNE, Poder Ciudadano. Llevar evidencias (méritos, inhabilidades, conflictos de interés).
? Organizar escuelas cívicas: testigos electorales, alfabetización informativa, uso seguro de canales de denuncia, cultura de legalidad.
? Participar en mesas de servicios (agua, electricidad, gas) para priorizar obras de estabilización y monitorear metas semanales.
? Impulsar acuerdos locales de convivencia: protocolos contra la violencia política y respeto a la libertad de prensa.
Dentro de 12 meses
? Mantener observación ciudadana del calendario electoral y de la ejecución del gasto social.
? Consolidar redes de transparencia y monitoreo de justicia (plazos, audiencias, sentencias).
? Sostener espacios de memoria y reconciliación con participación de víctimas, iglesias, universidades y gobiernos locales.
4. Lecciones de aquí y de afuera
Las transiciones exitosas comparten un patrón: la gente organizada es el motor que legitima y corrige a las instituciones.
? Venezuela 1958 Tras la caída de Pérez Jiménez, la movilización cívica no se retiró a casa: se integró a sindicatos, gremios y juntas vecinales que presionaron por elecciones libres y custodia del voto. El Pacto de Punto Fijo tuvo respaldo social porque había tejido ciudadano que exigía cumplimiento.
? España (1977-1978). La Transición no fue solo élites pactando; el movimiento vecinal y organizaciones sociales empujaron los Pactos de la Moncloa, que estabilizaron la economía con costos distribuidos y controles.
? Chile (1988-1990). El plebiscito se ganó con millones de ciudadanos formados como apoderados y observadores, y luego con vigilancia cívica a las reformas institucionales hasta consolidar un árbitro electoral confiable.
? Sudáfrica (1994-1996). La Comisión de la Verdad y Reconciliación permitió que víctimas y victimarios fueran escuchados. Sin esa participación social, la transición habría quedado como reparto de poder, no como reconstrucción de tejido.
? Polonia (1989). La mesa de negociación entre Solidaridad y el régimen funcionó porque hubo comités ciudadanos en fábricas y localidades que convertían lo acordado en realidad y rendición de cuentas.
5. Reconciliación: misión indeclinable del ciudadano
La reconciliación no es olvido ni impunidad. Supone verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. ¿Qué puede hacer cada ciudadano?
1. Cuidar el lenguaje: despolarizar no es despolitizar; es discutir con respeto.
2. Proteger al disidente: si hoy callamos ante la censura del adversario, mañana nadie tendrá voz.
3. Escuchar a las víctimas: sin su relato, no hay memoria.
4. Exigir justicia: documentar casos, acompañar procesos, rechazar venganzas.
5. Practicar acuerdos mínimos: seguridad de escuelas y hospitales, neutralidad de servicios esenciales, rechazo a grupos armados irregulares.
6. Voluntariado con propósito: salud, educación, alimentación, justicia vecinal, apoyo a reinserción y a empleabilidad.
6. Diez compromisos para comenzar hoy
1. Me postulo (o postulo a alguien) a los comités de postulaciones y veedurías.
2. Leo y difundo las convocatorias oficiales y las audiencias públicas.
3. Formo a dos personas como testigos/observadores electorales.
4. Apoyo una red local de integridad (denuncias, seguimiento, resultados).
5. Participo en una mesa de servicios y reporto avances semanales.
6. Acompaño a una familia vulnerable con ONG o parroquia/templo/comunidad.
7. Defiendo la libertad de prensa: no comparto desinformación, corrijo con fuentes.
8. Respeto al adversario político; cero acoso, cero exclusión.
9. Rindo cuentas de mi participación: lo que hago, con quién, para qué y con qué resultados.
10. Trabajo por elecciones libres lo antes posible sin atropello a lapsos constitucionales y legales: padrón auditado, observación, resultados verificables.
Dr. Rafael Veloz García, diputado a la Asamblea Nacional y al Parlasur electo en 2015, expresidente de la Federación Interamericana de Abogados (FIA), abogado constitucionalista.
