El caso de Rory Branker, editor y comunicador de La Patilla, fue uno de los más seguidos por medios y organizaciones de derechos humanos en Venezuela. Su detención, la tarde del 20 de febrero de 2025 alrededor de las 5:30 p.m. en la urbanización Macaracuay, municipio Sucre (Caracas), inició un largo proceso judicial que culminó este 3 de octubre de 2026 con su absolución definitiva.
Esa tarde, funcionarios del régimen chavista que se movilizaban en motocicleta le exigieron la identificación y, tras confirmar su identidad, lo separaron de su pareja, lo obligaron a abordar otro vehículo y se lo llevaron sin exhibir orden de aprehensión. A su pareja la amenazaron con no denunciar so pena de poner en riesgo su vida. Ese mismo día, los agentes allanaron su residencia sin orden judicial y sustrajeron equipos electrónicos. Desde entonces, se desconoció su paradero, condición legal y estado de salud, situación que organizaciones de derechos humanos calificaron como desaparición forzada.
Durante los siguientes 206 días, familiares y allegados realizaron visitas presenciales a múltiples centros de detención e interpusieron denuncias y recursos de habeas corpus sin obtener respuesta. El Estado venezolano guardó silencio oficial, mientras el ministro del Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, afirmó en televisión que Branker estaba detenido y sería acusado por “extorsión mediante publicación de información falsa”.
El 29 de agosto de 2025, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de Branker y solicitó a Venezuela proteger su vida e integridad, informar sobre su detención y facilitar comunicación con su familia y abogados. El Estado no respondió dentro del plazo establecido.
El 15 de septiembre de 2025, tras más de seis meses de incertidumbre, la familia confirmó que Branker se encontraba recluido en los calabozos de la Policía Nacional Bolivariana en Boleíta (Zona 7), Caracas. Su madre logró visitarlo por primera vez ese día. Posteriormente, y luego de traslados arbitrarios, Rory fue enviado al Centro Penitenciario de Aragua, conocido como la cárcel de Tocorón.
El 4 de febrero de 2026, Branker fue liberado tras 11 meses y 15 días privado de libertad. Sin embargo, las acusaciones en su contra se mantuvieron y continuó sometido a medidas cautelares: presentación periódica ante tribunales y prohibición de salida del país.
El 6 de abril de 2026, el Tribunal Segundo de Juicio con competencia en terrorismo negó su solicitud de amnistía y rechazó el sobreseimiento de la causa, manteniendo abierto el proceso penal. Branker denunció que la decisión reflejaba “saña del Estado” y persecución judicial. En mayo de 2026, en una entrevista pública, relató abusos y torturas sufridos durante su reclusión.
El 3 de octubre de 2026, el Tribunal Segundo de Juicio con competencia en terrorismo dictó sentencia absolutoria en favor de Rory Branker, cerrando definitivamente el proceso penal en su contra.
Con esta decisión, Branker se suma a otros periodistas venezolanos recientemente absueltos, aunque organizaciones de prensa siguen exigiendo el cierre de causas remanentes contra otros colegas.
Rory fue convocado para la apertura de juicio este viernes. Desde el mismo inicio de la audiencia, la Fiscalía solicitó al juez la absolutoria.
Fue asistido por el abogado y colaborador del SNTP, Yoel García.
Bienvenido de vuelta querido Rory. pic.twitter.com/XStq18rVXC— SNTP (@sntpvenezuela) October 2, 2026
