En Venezuela no solo se destruyó el crédito bancario. Se hizo deliberadamente, y sobre ese vacío se construyó un nuevo monopolio del financiamiento al consumo. La cifra que dimensiona el despojo es contundente: la cartera de créditos de la banca representa apenas el 3,4% del producto interno bruto, frente al 75,3% de Chile y el 46,1% de Colombia. No estamos ante una diferencia menor ni ante una particularidad del mercado financiero. Estamos frente al resultado de una política: primero se asfixió a la banca privada, después se concentraron los recursos públicos en la banca estatal y, finalmente, se facilitó que un actor privado —Cashea— ocupara una posición dominante en el segmento del consumo que el sistema bancario dejó desatendido.
La destrucción de la economía venezolana no ocurrió al margen de la transformación del sistema financiero. La contracción productiva, la pérdida del poder adquisitivo, la hiperinflación, desaparición del ahorro en bolívares y pérdida de confianza redujeron la capacidad de la banca para intermediar recursos. Pero el proceso tuvo también una dimensión política: el Gobierno no se limitó a intervenir en el sistema financiero, sino que promovió una reconfiguración de su estructura de poder.
Esa orientación no fue una consecuencia involuntaria de la crisis ni una interpretación posterior. Hugo Chávez la expresó públicamente. En diciembre de 2009 afirmó que la banca pública debía alcanzar la hegemonía sobre la privada. Ese año, mediante el Decreto Presidencial N.º 6.287, publicado en la Gaceta Oficial N.º 39.267 del 18 de septiembre, creó la Corporación de la Banca Pública para coordinar y dirigir los órganos y entes públicos del sistema financiero. También planteó fortalecer el Banco de Venezuela, crear el Banco Bicentenario mediante la integración de entidades intervenidas y orientar los recursos públicos, especialmente los depósitos del sector público, hacia la banca estatal. La concentración financiera fue, por tanto, un lineamiento político explícito: no se trataba solo de ampliar la presencia del Gobierno, sino de modificar la relación de poder entre la banca pública y la privada.
El monopolio que hoy se configura en el crédito al consumo es económico y de facto, no una exclusividad establecida legalmente. Existen otras plataformas de financiamiento, pero su dimensión es marginal frente a Cashea y ninguna cuenta con el mismo acceso institucional que el Gobierno le ha facilitado. Su incorporación a los circuitos de servicios y pagos de Cantv y su interlocución institucional con el Seniat le otorgan una ventaja que trasciende la competencia comercial. Esa asimetría se construye sobre una estructura de mercado previamente alterada: se debilitó la intermediación de la banca privada, se concentraron los depósitos públicos en la banca estatal, se impusieron restricciones severas al crédito y se destruyó buena parte de la actividad económica que generaba demanda de financiamiento. El resultado es una posición de dominio económico favorecida desde el poder político, sin necesidad de establecer exclusividad legal ni prohibir competidores.
No sería la primera vez que el Gobierno configura una concentración económica de facto mediante la asignación privilegiada de contratos y operaciones. El caso de las importaciones de alimentos para los CLAP, articulado alrededor de Alex Saab, Álvaro Pulido y su red de empresas y operadores, es un antecedente ilustrativo. Las investigaciones del Departamento del Tesoro estadounidense documentaron contratos sobrevalorados, intermediarios, sobornos y una estructura empresarial que permitió obtener cientos de millones de dólares mediante operaciones vinculadas al programa. También señalaron que se importó apenas una fracción de los alimentos que este necesitaba. En septiembre de 2026, Saab se declaró culpable en Estados Unidos de conspirar para lavar fondos procedentes de ese esquema de sobornos y contratos públicos. Un programa concebido para atender necesidades alimentarias terminó convertido en un mecanismo de corrupción, enriquecimiento de operadores privilegiados y precarización de quienes dependían de sus suministros. No son casos idénticos, pero revelan un patrón: el Gobierno altera las condiciones de acceso a un mercado y favorece determinados operadores, mientras la población soporta las consecuencias.
La concentración de los depósitos públicos fue una pieza fundamental de esa transformación. Chávez reconoció el poder de esa decisión cuando afirmó, en junio de 2010, que si ordenaba retirar los depósitos del Estado de los bancos privados, «cuidado y no quedaría ni un banco privado». No era una advertencia abstracta: el Gobierno podía determinar el destino de los recursos públicos y, con ello, modificar las condiciones de competencia y la autonomía financiera de la banca privada.
Las cifras dimensionan el resultado. En septiembre de 2026, el Banco de Venezuela concentraba el 47,1% de los depósitos del sector público y el 31,8% de las captaciones totales del sistema bancario. Alcanzaba, además, el 24,3% de la cartera de créditos y el 46,22% de las ganancias netas de toda la banca. No es únicamente el banco más grande del sistema: constituye el principal eje financiero del sector público y una expresión concreta de la concentración de poder económico producida durante estos años.
A esa estructura se suma el encaje legal. La resolución del Banco Central de Venezuela de agosto de 2026, publicada en la Gaceta Oficial extraordinaria N.º 7.073 del 11 de septiembre, estableció un encaje de 73% para las obligaciones netas a la vista y de ahorro en moneda nacional, 50% para depósitos a plazo y 31% para operaciones en moneda extranjera. La modificación se presentó como una flexibilización, pero su alcance es limitado: los depósitos a plazo representan apenas el 0,78% de la liquidez monetaria, mientras los depósitos a la vista y de ahorro concentran aproximadamente el 96,6%. La inmensa mayoría de los depósitos continúa sometida a una inmovilización que restringe la intermediación bancaria.
La reducción del encaje fue, en buena medida, un saludo a la bandera. El problema no se resuelve con ajustes marginales mientras permanece inmovilizada la mayor parte de los recursos captados por las instituciones financieras. Tampoco puede atribuirse a la expansión del crédito bancario el origen de la inflación venezolana. Esta tiene su explicación histórica en el financiamiento monetario del déficit fiscal, la destrucción de la capacidad productiva y el deterioro de la confianza en la moneda. Restringir el crédito no ha solucionado ese problema: ha prolongado la asfixia financiera de la economía.
La reducción del encaje podría hacerse sin provocar una presión cambiaria descontrolada. Existen mecanismos para ello: esterilizar parte de la liquidez mediante títulos del BCV, establecer encajes diferenciados que incentiven el financiamiento de actividades productivas y canalizar recursos hacia instrumentos del mercado de valores. También es posible ampliar el crédito en divisas utilizando los depósitos que ya maneja la banca. Una combinación gradual de estas herramientas permitiría recuperar la intermediación financiera sin liberar indiscriminadamente liquidez al mercado cambiario.
El problema no es la inexistencia de alternativas, sino que aplicarlas implica costos fiscales y supone devolverle capacidad de asignación de recursos a un actor que el Ejecutivo no controla políticamente. Significa también permitirle financiar empresas, actividades y proyectos que no necesariamente están alineados con los intereses de los grupos económicos cercanos al Gobierno. No es, por tanto, una discusión exclusivamente técnica sobre política monetaria: es una disputa por el control de la asignación del capital y por quién decide qué sectores, empresas, grupos e individuos pueden acceder al financiamiento y desarrollar sus proyectos.
En ese escenario aparece Cashea. Fundada en 2022, supera los 11 millones de usuarios, reúne más de 40.000 comercios y ha procesado más de 110 millones de transacciones. En 2026 anunció la captación de 100 millones de dólares en dos rondas internacionales de inversión, destinados al desarrollo de sus operaciones en Venezuela.
Su crecimiento responde a una necesidad real: millones de consumidores que perdieron el acceso al financiamiento bancario, junto con generaciones enteras que nunca llegaron a conocerlo, buscan alternativas para adquirir bienes y servicios. Pero la magnitud de Cashea no debe confundirse con la recuperación del sistema financiero. La cartera de créditos de toda la banca venezolana rondaba los 4.253 millones de dólares en septiembre de 2026. Esta cifra no es directamente comparable con el capital levantado por Cashea ni con el volumen acumulado de sus transacciones: son magnitudes financieras distintas. Lo relevante es el contraste entre la demanda de financiamiento y la reducida capacidad bancaria para atenderla.
Cashea no compite con la banca en su función sistémica: la sustituye en el segmento del financiamiento al consumo que el sistema bancario dejó desatendido. Su modelo permite comprar en cuotas y ampliar las ventas de los comercios. La plataforma explica que estos financian inicialmente las operaciones y que Cashea asume el compromiso correspondiente cuando el usuario incumple sus pagos. También utiliza certificados de financiamiento respaldados por facturas comerciales para proporcionar liquidez a los establecimientos afiliados.
Es un mecanismo que resuelve necesidades concretas de consumo y facilita operaciones comerciales. Pero no sustituye la intermediación financiera que transforma depósitos en créditos de largo plazo, financia capital de trabajo, amplía instalaciones, incorpora tecnología o recupera capacidad industrial. El propio presidente ejecutivo de Cashea, Pedro Vallenilla, ha reconocido que la plataforma no puede reemplazar la intermediación bancaria y que Venezuela necesita recuperar el crédito mediante tarjetas y otras modalidades de financiamiento ofrecidas por la banca.
La diferencia es fundamental. Una cosa es financiar una compra en cuotas; otra, financiar la recuperación de una economía. Cashea facilita el acceso a determinados bienes y servicios, pero no puede asumir la función de un sistema bancario capaz de movilizar el ahorro nacional hacia la inversión productiva.
Lo que hace aún más significativo este fenómeno es la relación institucional que comienza a establecerse entre la plataforma y el Gobierno. En agosto de 2026, el superintendente del Seniat, Román Maniglia, se reunió con Pedro Vallenilla para abordar asuntos vinculados con la modernización y automatización tributaria, en línea —según informó el funcionario— con las orientaciones de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. En octubre, Cantv incorporó Cashea entre las modalidades disponibles para pagar sus servicios.
Nada de esto es ilegal. Pero todo esto es político. El Gobierno que durante años restringió la intermediación bancaria, concentró los depósitos públicos y redujo la capacidad de financiamiento de la banca privada ahora facilita la incorporación de una plataforma privada al circuito de servicios y pagos. La cuestión no es cuestionar la existencia de Cashea ni desconocer la utilidad de su modelo. Es entender por qué se institucionaliza y facilita la expansión de un canal privado de crédito al consumo mientras se mantienen las condiciones que impiden a la banca cumplir plenamente su función financiera.
Quienes cerraron la puerta al crédito bancario no han creado las condiciones para recuperar la intermediación financiera. Han configurado un mercado en el que el financiamiento al consumo queda cada vez más condicionado por canales alternativos, mientras la banca sigue limitada para movilizar recursos hacia la producción y la inversión. La administran con una app, la presentan como modernización y cobran por gestionar el acceso de los consumidores al financiamiento.
Porque comprar a crédito no es lo mismo que financiar una economía.
D. ¿A qué genio del Gobierno se le ocurrió establecer que solo los propietarios de inmuebles formalmente declarados en condición de colapso por la tragedia tendrían derecho a solicitar un crédito del programa Venezuela Renace, mientras quienes tienen etiqueta roja, pero todavía no han sido decretados como colapsados, quedan en un limbo? No pueden habitar sus viviendas por razones de seguridad, pero tampoco tramitar el crédito para resolver su situación habitacional. Se les reconoce que sus casas no son habitables, pero no el derecho a acceder al financiamiento porque todavía no han sido declaradas oficialmente colapsadas.
