El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) firmó recientemente un contrato de cerca de 140 millones de dólares para comprar seis aviones Boeing 737 que serán usados para la deportación de inmigrantes, según un reporte del diario The Washington Post, que conversó con dos personas familiarizadas con la transacción y revisó documentos.
Por Univision
Eso le dará al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) su propia flota de aviones en el marco de la campaña de detenciones y deportaciones en la que avanza el gobierno de Donald Trump desde que volvió al poder en enero. Hasta ahora, los vuelos se han llevado a cabo en aviones chárter operados por distintas compañías que son subcontratadas por ICE Air Operations a través de CSI Aviation.
Los funcionarios, que hablaron bajo anonimato, explicaron que el dinero de la compra proviene de los fondos que el Congreso le aprobó al presidente Trump como parte de la Ley Fiscal por un periodo de cuatro años: es parte de los $170,000 millones otorgados para avanzar en su agenda fronteriza y migratoria.
Durante la campaña presidencial y el inicio de su gobierno, el republicano prometió como meta la deportación de un millón de personas. El zar de la frontera, Tom Homan, ha dicho que han llevado a cabo más de 579,000 remociones. Según cifras del DHS, para finales de noviembre ICE tenía a cerca de 66,000 inmigrantes detenidos, un número récord.
Consultada por el Post sobre la compra, la vocera de DHS, Tricia McLaughlin, dijo que los aviones «permitirán a ICE operar de forma más efectiva, incluso con patrones de vuelo más eficientes».
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, había dicho en el pasado que quería que ICE tuviera su propia flota de aviones.
DHS firmó contrato con Daedalus Aviation, una empresa constituida en febrero de 2024, según el reporte del Post. Un documento presentado ante la comisión de corporaciones del estado de Virginia el 5 de diciembre, nombra a William Allen Walters III como presidente y a Taundria Cappel como tesorera y directora financiera.
Ambos aparecen como ejecutivos de otra compañía, Salus Worldwide Solutions, según récords de agosto revisados por el diario. Bajo un contrato de casi mil millones de dólares con DHS también apoyan a la agencia con vuelos de «autodeportación». En una demanda pendiente este contrato ha sido descrito como una adjudicación «ilegal, apresurada y no competitiva».
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