La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) instaron este miércoles 28 de octubre al Estado venezolano a derogar la denominada «Ley contra el Odio», al considerar que una reforma parcial no sería suficiente para corregir las deficiencias estructurales de la normativa y sus restricciones al derecho a la libertad de expresión.
Por lapatilla.com
En un comunicado, ambos organismos tomaron nota del proceso de reforma impulsado por el Ejecutivo y exhortaron a la Asamblea Nacional a garantizar un procedimiento transparente y participativo, con la intervención de organizaciones de la sociedad civil, periodistas, medios de comunicación y otros sectores que podrían verse afectados por los cambios.
La CIDH y la RELE también reclamaron al Parlamento la publicación oportuna del texto íntegro del proyecto de reforma que será sometido a discusión, al señalar que, hasta el momento, el órgano legislativo no ha divulgado el documento.
El proceso comenzó el 29 de septiembre, cuando la Asamblea Nacional creó una comisión especial para revisar la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, a solicitud del Ejecutivo. La iniciativa busca avanzar en la despenalización de las conductas previstas en la norma, vigente desde 2017.
En octubre, la comisión especial inició la revisión del instrumento legal y del proyecto de reforma, que posteriormente fue remitido a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). El máximo tribunal declaró su conformidad constitucional el pasado 15 de octubre, por lo que la propuesta quedó a la espera de su discusión parlamentaria.
Sin embargo, organizaciones de la sociedad civil venezolana han advertido que una modificación parcial no resolvería los problemas de origen de la ley, las restricciones desproporcionadas ni sus incompatibilidades con los estándares internacionales de derechos humanos. También han cuestionado la falta de participación ciudadana en el proceso y la incertidumbre jurídica que enfrentan las personas procesadas bajo esta normativa.
Según reportes públicos citados en el comunicado, entre 2017 y octubre de 2025 se documentaron 85 casos de personas y medios de comunicación señalados por presuntos delitos de odio. De ese total, 49 correspondían a periodistas, trabajadores de medios y comunicadores, mientras que siete involucraban a medios de comunicación. En 65 de los casos se habría invocado la «Ley contra el Odio».
Los organismos interamericanos recordaron que, desde la promulgación de la norma, han advertido sobre el impacto de sus disposiciones en el ejercicio de la libertad de expresión. Entre sus principales preocupaciones mencionaron el uso de conceptos amplios y ambiguos, la imposición de obligaciones a los medios de comunicación —incluido el retiro de información de interés público— y las facultades otorgadas al Estado para intervenir en los contenidos difundidos.
La CIDH y la RELE también señalaron que han documentado el uso selectivo y desproporcionado de la ley para sancionar expresiones críticas y de interés público. Estas preocupaciones, agregaron, se agravaron en el contexto poselectoral de 2024, cuando alertaron sobre la utilización de la normativa para criminalizar a personas percibidas como opositoras, bajo acusaciones de incitación al odio.
Ambos organismos subrayaron que la protección de la libertad de expresión no se limita a impedir la censura directa, sino que también exige evitar medidas que generen intimidación, autocensura o desalienten la participación en el debate público. Por ello, reiteraron su llamado a derogar la «Ley contra el Odio» y cualquier otra disposición que permita censurar, sancionar o perseguir la difusión de información y opiniones críticas.
Finalmente, insistieron en que toda regulación que afecte la libertad de expresión debe ajustarse a los estándares interamericanos de derechos humanos y que cualquier reforma legislativa en esta materia debe garantizar la participación amplia de la sociedad venezolana.
