El chavismo rechazó la «política de sanciones y medidas coercitivas unilaterales» impuesta por la Unión Europea (UE), que prolongó, hasta el 10 de enero de 2027, estas medidas por la crisis política en el país.
A través de un comunicado, la Cancillería del régimen de Maduro indicó que esta decisión es ilegítima, ilegal y contraria al derecho internacional, así como a los principios y propósitos consagrados en la Carta de las Naciones Unidas.
«Los dirigentes de ese bloque han optado, lamentablemente, por acelerar su propia decadencia política, insistiendo en una línea de hostilidad estéril contra Venezuela, que evidencia una política exterior errática, carente de autonomía y supeditada a intereses ajenos a los pueblos que dicen representar», añadió.
La Administración chavista sostuvo que esta «política de sanciones» ha demostrado ser un «rotundo fracaso, deteriorando de manera significativa las relaciones políticas y diplomáticas y confirmando la irrelevancia creciente de la Unión Europea como actor internacional incapaz de actuar con independencia, racionalidad y respeto hacia los Estados soberanos».
LEE TAMBIÉN: La Unión Europea renueva hasta enero de 2027 sus sanciones por la crisis en Venezuela
La decisión respecto a las sanciones, adoptada por los ministros Exteriores durante una reunión celebrada en Bruselas, se tomó «a la vista de las persistentes acciones que socavan la democracia y el Estado de Derecho, así como las continuas violaciones de derechos humanos y la represión de la sociedad civil y la oposición democrática, también en relación con la celebración y los acontecimientos que siguieron a las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024», indicó el Consejo de la UE.
En la actualidad, las sanciones afectan a 69 individuos, que están sujetos a una congelación de activos. También está prohibido suministrarles fondos o recursos económicos directa o indirectamente. Además, no se les permite viajar al territorio de la UE.
El Consejo recordó que la UE introdujo sanciones sobre Venezuela en noviembre de 2017. Esas medidas incluían un embargo de armas y equipamiento para la represión interna, así como la imposición de prohibiciones de viaje y congelación de activos a los individuos afectados.
También apuntó que el objetivo de las sanciones del club comunitario es «apoyar una solución negociada y democrática para la crisis en Venezuela».
«La UE no ha adoptado medida alguna que pueda causar daño a la población venezolana o la economía. La responsabilidad para terminar la crisis en Venezuela recae en sus autoridades», comentó en un comunicado.
EFE
