
Innocence Project
Cuando la abogada Vanessa Potkin conoció la noticia sobre la ejecución fallida de la reclusa Christa Pike, le preocupó que su defendida, Melissa Lucio, se enterara de lo que había ocurrido en Tennessee y pensara en lo que podría pasarle a ella. La latina lleva casi 18 años encerrada en el corredor de la muerte en una prisión de Texas intentando demostrar que es inocente de la muerte de su hija de dos años.
Por elpais.com
“El caso de Pike demuestra hasta qué punto la pena de muerte puede resultar devastadora y convertirse en un acto de tortura”, dijo en una entrevista telefónica a EL PAÍS Potkin, abogada de Lucio y directora de litigios especiales de la organización Proyecto Inocencia, que representa a hombres y mujeres condenados a muerte erróneamente en Estados Unidos.
Pike, sentenciada por un asesinato perpetrado cuando tenía 18 años, sobrevivió la semana pasada a dos dosis del fármaco pentobarbital y se encuentra en un hospital con pronóstico incierto.
Lo ocurrido ha puesto otra vez la ejecución por inyección letal bajo fuertes cuestionamientos y elevado el sentido de urgencia del equipo de defensa de Lucio, de 58 años. Potkin aseguró que su caso “es muy sólido” y que recurrirán a todas las opciones aún disponibles para frenar la inyección letal contra esta madre, la única mujer de origen hispano sentenciada a muerte en Texas.
“Actuamos con urgencia cada día, ya que Melissa Lucio fue encarcelada y hoy se encuentra en el corredor de la muerte por un crimen que ni siquiera ocurrió. Es una mujer inocente que no debería estar donde está”.
Desde hace 18 años, los hijos de Lucio han crecido separados de su madre y angustiados con cada noticia sobre su caso. En abril de 2022, lloraron y se prepararon mentalmente para la ejecución.
Pero a poco más de 48 horas de que la ingresaran en la cámara de la muerte en Huntsville, la Corte de Apelaciones Criminales de Texas frenó el procedimiento al asegurar que en su juicio se usaron testimonios falsos que pudieron llevar al jurado a la decisión de condenarla; que la evidencia científica que no se presentó hubiera llevado a otra condena; que Lucio podía ser inocente y que el Estado de Texas omitió evidencia que pudo haberla beneficiado.
Ese día el llanto pasó a ser de alegría, porque sintieron que la madre estaba más cerca de volver a casa. Soñaron incluso con la fiesta de bienvenida que le harían en su comunidad, cuenta la abogada.
Casi cuatro años y medio después, un panel dividido de la Corte de Apelaciones Criminales de Texas —la misma que frenó la ejecución en 2022— rechazó el fallo de un juez de distrito que había recomendado anular su condena a muerte al concluir que sus derechos constitucionales habían sido violados durante su juicio.
Con esa decisión inesperada, de nuevo se desvaneció la esperanza en esta familia de que Lucio regresara pronto a casa. Potkin asegura que les reavivó el trauma y la carga emocional de enfrentarse de nuevo a la posibilidad real de una ejecución.
“Tenemos el corazón destrozado y nos quedamos sin palabras”, escribió el pasado 24 de septiembre en un comunicado uno de sus hijos, John Lucio, quien tenía 17 años cuando su madre fue arrestada. “El sufrimiento de nuestra familia se ha prolongado demasiado”.
La acusación
Lucio fue condenada a la pena capital en 2008 por la muerte de su bebé de dos años, Mariah. El 15 de febrero de 2007, la niña cayó 14 escaleras hacia abajo por la entrada de un apartamento del que se estaban mudando. Dos días después de ese accidente, la familia ya habitaba una nueva vivienda a la que se ingresaba subiendo apenas tres escalones. Mariah tenía moretones, pero no había más daños visibles.
Lucio pensó en llevarla ese día al médico: la niña lucía congestionada, había dormido demasiado en los últimos dos días y no quería comer. Cansada por la mudanza, decidió que la llevaría al día siguiente. Pero la niña comenzó a verse pálida, con dificultad para respirar mientras hacía una siesta. Llamaron al 911 y los paramédicos intentaron resucitarla. Ya en el hospital fue declarada muerta el 17 de febrero.
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