Ramón Rodríguez Vázquez fue trabajador agrícola durante 16 años en el sureste del estado de Washington, donde él y su esposa, con quien lleva 40 años de casados, criaron a cuatro hijos y 10 nietos. Con 62 años, formaba parte de una comunidad muy unida y nunca cometió un delito.
Por Clarín
El 5 de febrero, agentes de inmigración que acudieron a su casa en busca de otra persona lo detuvieron. Se le negó la libertad bajo fianza, a pesar de las cartas de apoyo de amigos, familiares, su empleador y un médico que argumentó que su familia lo necesitaba.
Fue enviado a un centro de detención de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EE.UU. en Tacoma, Washington, donde su salud se deterioró rápidamente en parte porque no siempre recibía los medicamentos recetados para diversas afecciones, incluida la hipertensión. Al impacto físico se sumó la carga emocional de no poder cuidar de su familia ni de su nieta enferma. Abrumado por la situación, finalmente se rindió.
En una audiencia ante un juez de inmigración, pidió salir del país sin que se registrara formalmente una deportación en sus antecedentes. El juez aceptó su solicitud y él regresó solo a México.
Su caso es un ejemplo del impacto de los esfuerzos agresivos de la Administración Trump por deportar a millones de migrantes en plazos acelerados, dejando de lado años de procedimientos y garantías legales en favor de resultados expeditivos.
Dramas similares se repiten en los tribunales de inmigración de todo el país, una tendencia que se ha acelerado desde principios de julio, cuando ICE empezó a oponerse a la libertad bajo fianza para cualquier persona detenida, sin importar sus circunstancias.
“Él era el jefe de la casa, el que se encargaba de todo”, relata Gloria Guízar, de 58 años, esposa de Rodríguez. “Ha sido tan difícil estar separados de la familia. Aunque nuestros hijos ya son adultos y tenemos nietos, todos lo extrañan”.
Marcharse del país era impensable antes de estar encerrado en una celda. El proceso de deportación lo quebró.
“Autodepórtese o lo deportaremos”
Es imposible saber cuántas personas se han marchado voluntariamente de EE.UU. desde que Donald Trump asumió la presidencia en enero, ya que muchos se van sin informar a las autoridades. Pero Trump y sus aliados apuestan por la “autodeportación”, la idea de que se puede hacer la vida tan insoportable que las personas terminen yéndose por su cuenta.
La Oficina Ejecutiva para la Revisión de Casos de Inmigración del Departamento de Justicia, que supervisa los tribunales de inmigración, informó que los jueces concedieron la “salida voluntaria” en 15.241 casos en el periodo de 12 meses que terminó el 30 de septiembre, lo que les permite marcharse sin que conste una deportación formal en sus antecedentes ni una prohibición para reingresar. El año fiscal anterior hubo 8.663 salidas voluntarias.
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