Julio Herrera Velutini, un banquero multimillonario de una prominente familia venezolana, enfrentó cargos por delito grave de cohecho en Estados Unidos y, en agosto de 2025, llegó a un acuerdo de declaración de culpabilidad inusualmente indulgente por un delito menor de violación de las normas de financiamiento de campañas electorales. Sin embargo, consideraba que ese cargo reducido seguía siendo una mancha en su historial.
Por Tyler Pager | The New York Times
Por ello, Herrera Velutini recurrió a su abogado, Christopher M. Kise, ex fiscal general adjunto de Florida que formaba parte del equipo legal personal de Trump, para que lo ayudara a solicitar clemencia. Su hija de 27 años, Isabela Herrera, quien es ciudadana estadounidense, donó 3,5 millones de dólares a un super PAC vinculado a Trump. Pero hasta el otoño pasado, el indulto seguía sin llegar.
Entonces, la familia Herrera contrató a Alina Habba, quien había sido una de las abogadas personales de Trump y en ese momento era asesora en el Departamento de Justicia. Le ofrecieron 10 millones de dólares al año durante cuatro años, además de una serie de bonificaciones. En total, incluyendo las bonificaciones, se le garantizaron más de 50 millones de dólares a lo largo de cuatro años, según entrevistas y documentos obtenidos por The New York Times.
Según el acuerdo, Habba se convertiría en asesora jurídica general de Concord Partners, una empresa que Herrera Velutini fundó a finales de octubre de 2025 en Florida. La empresa no tiene perfil público y su actividad sigue sin estar clara incluso para algunas personas vinculadas al imperio empresarial de los Herrera. Habba cerró su acuerdo días después de que se registrara la empresa.
En ese momento, Habba también se desempeñaba como asesora principal de la fiscal general Pam Bondi, y supervisaba a los fiscales federales.
Lea más en The New York Times
