El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó este viernes 13 de noviembre, por unanimidad de su directorio, una hoja de ruta para reanudar sus operaciones en Venezuela, con especial atención a la crisis eléctrica y la recuperación económica, después de ocho años sin otorgar nuevos préstamos al país debido al incumplimiento de sus obligaciones financieras.
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La decisión representa el primer instrumento formal de acercamiento desde mayo de 2018, cuando el organismo suspendió sus nuevos financiamientos. Sin embargo, la aprobación no significa que Venezuela recibirá dinero de inmediato: el documento establece las áreas de trabajo y las condiciones para preparar futuras operaciones, pero no constituye una autorización de crédito.
El principal obstáculo sigue siendo la deuda acumulada. Al 30 de septiembre, Venezuela mantenía 2.300 millones de dólares en capital e intereses vencidos con el BID, una obligación que debe regularizar antes de que la institución pueda aprobar nuevos préstamos o garantías, conforme a sus normas financieras.
La información divulgada por Reuters precisa que el instrumento aprobado es una nota de relacionamiento con el país, un mecanismo transitorio más breve que las estrategias convencionales del banco. Venezuela carecía de una estrategia vigente, pues la última correspondía al período 2011-2014, situación que también limitaba su elegibilidad para recibir financiamiento.
Entre las prioridades figura la rehabilitación del Sistema Eléctrico Nacional, afectado por años de deterioro de sus instalaciones y dificultades de generación y distribución. La agenda también contempla programas de protección social, seguridad alimentaria, atención a poblaciones vulnerables y reconstrucción de infraestructura dañada por los terremotos registrados en junio.
La decisión coincide con la reforma de la Ley del Sistema Eléctrico, aprobada esta semana por la Asamblea Nacional chavista para permitir una mayor participación de empresas privadas después de casi dos décadas de control estatal. La modificación busca atraer inversiones a un sector cuya capacidad de generación disponible, según estimaciones recogidas por Reuters, se encuentra por debajo del 40 % de su potencial instalado.
El acercamiento había sido anticipado en septiembre por el presidente del BID, Ilan Goldfajn, quien explicó que la institución estaba evaluando las condiciones económicas venezolanas mediante misiones técnicas. “Por supuesto, estamos retomando las relaciones”, declaró entonces a Reuters, antes de precisar que “tenemos misiones en Venezuela, examinando la situación, abordando el marco macroeconómico, analizando los datos y elaborando una nota de relacionamiento, un documento en el que podamos decir qué planeamos hacer en los próximos dos años”.
Para superar el bloqueo financiero, las autoridades del régimen venezolano han evaluado recurrir a Catar mediante un préstamo puente que permitiría cancelar los atrasos con el organismo. La propuesta, revelada por Reuters en octubre, contemplaba utilizar posteriormente parte de los desembolsos multilaterales para devolver los recursos al país del Golfo, aunque no se ha confirmado un acuerdo definitivo.
Otro asunto pendiente es la posibilidad de un financiamiento de 2.500 millones de dólares promovido por Goldfajn. En septiembre, Reuters informó que la iniciativa enfrentaba reservas de algunos integrantes del directorio, preocupados por avanzar sin el acompañamiento habitual de otros prestamistas multilaterales. La aprobación unánime de la nueva hoja de ruta no equivale a la autorización de ese préstamo.
El BID ya había dado señales de acercamiento con la reapertura de su oficina en Caracas y contactos de representantes de BID Invest con autoridades y empresarios venezolanos. La nueva decisión formaliza esa etapa de planificación, pero la recuperación del acceso al crédito dependerá de la cancelación de los atrasos y de futuras aprobaciones financieras.
