El 3 de agosto de 2024, decenas de drones surcaban los cielos sobre la ciudad de Carora, capital del municipio Torres del estado Lara, centrooccidente de Venezuela.Los artefactos sobrevolaban la vivienda de Iraida Timaure, entonces alcaldesa encargada de la entidad tras la salida de Javier Oropeza, quien había tenido que pasar a la clandestinidad por la persecución política.
Por Claudia Smolansky | Armando Info
El municipio Torres, un cantón semidesértico en el oeste de Lara, había estado bajo el control del oficialismo chavista desde 1999. Sin embargo, en 2021, se produjo un cambio en el panorama político local cuando Javier Oropeza, empresario agrícola y propietario del periódico El Caroreño, ganó las elecciones municipales como candidato independiente. Para Iraida Timaure, la suplente de Oropeza que se creía provisoria, aquella mañana de agosto, apenas unos días después de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, no solo sería la primera vez en la que pudo ver drones sobrevolando su hogar, sino también el momento en que tuvo que enfrentar una decisión que finalmente tomó, como muchos venezolanos tras el fraude consumado por el régimen de Nicolás Maduro en esos comicios presidenciales y la represión sin precedentes que le siguió: dejar el país para irse al exilio; a Buenos Aires, en su caso particular. Esto no solo significó un éxodo sobrevenido para Iraida; también fue la primera vez en sus 62 años que salió de Venezuela.
La situación no era para menos. En Carora ocurría entonces lo mismo que en otras municipalidades de toda Venezuela. Parte de la población que había votado por el candidato opositor, Edmundo González Urrutia -quien, de acuerdo a numerosas evidencias, resultó ganador- salió a las calles a protestar el fraude cometido por el régimen entre gallos y medianoche. Los cuerpos de seguridad contraatacaron e hicieron miles de arrestos en las principales urbes. Entre el 28 y el 29 de julio de 2024 se registraron más de 915 protestas en todo el país, más de dos mil detenciones arbitrarias y la cifra de muertos durante la represión alcanzó las 25 personas asesinadas; una de ellas, por cierto, cayó abatida en Carora. Se trató de Walter Páez, de 29 años, padre de dos hijos, impactado en el abdomen por un proyectil que le ocasionó la muerte.
En esas horas salvajes de fragor represivo, diversas organizaciones civiles y defensores de derechos humanos denunciaron el uso de drones como un recurso no solo para vigilar sino también para intimidar a los manifestantes. Y de nuevo Carora no fue una excepción en esa novedad incorporada al despliegue de las fuerzas de choque de la dictadura. Los drones también sobrevolaron las casas de Oropeza, de sus vecinos, de algunos empleados de la alcaldía y sobre negocios de comida, posadas y abastos.
La coacción surtió efecto e impuso “el exilio silencioso de una parte importante del tejido asociativo del país”, como lo describió la iniciativa de diversas ONG llamada Derechos Humanos de Venezuela en Movimiento. Carora también fue pródiga en ejemplos de ello: de la nómina de la alcaldía del municipio Torres hace poco más de un año, hoy Javier Oropeza y 41 empleados se encuentran en el exilio, al igual que siete de sus familiares. Otros dos trabajadores se mantienen arbitrariamente detenidos en las sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin, policía política) y del Comando Nacional Antiextorsión y Antisecuestro (Conas, una unidad especial de la Guardia Nacional Bolivariana, GNB) en Barquisimeto, la ciudad capital del estado Lara.
A Javier Oropeza también le confiscaron su apartamento, dos fincas familiares —las haciendas Copacoa y Bariquigua—, así como la sede física de El Caroreño y de El Diario de Lara. La confiscación de propiedades a personas exiliadas, junto con la persecución de sus familiares, se han convertido en una práctica sistemática del régimen chavista en los últimos años. A Iraida Timaure, la alcaldesa encargada, le quitaron su casa en Carora. Era su único bien patrimonial. “Se llevaron todo: las cortinas, los colchones, las camas, los muebles, la nevera, la cocina, los aires acondicionados, los vehículos, las computadoras. Todo”.
La violencia que el oficialismo desató después del “triunfo” amañado de Nicolás Maduro, quien aspiraba a la reelección para el cargo que en 2018 había “ratificado” mediante otro proceso irregular, no solo acabó con la vida de 25 venezolanos; también cambió la de muchos más. Entre ellos, centenares de activistas que se vieron obligados a camuflarse en la clandestinidad sin pensarlo dos veces. Durante meses, permanecieron aislados de familiares y amigos, evaluando rutas de escape por fronteras terrestres, mientras el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía, el principal del país, se transformaba en un punto de riesgo y de detenciones arbitrarias. Pero encontraron otros puntos de fuga.
Algunos datos reflejan la magnitud del deslave humano. Juntos se Puede, una organización que desde 2019 atiende a venezolanos migrantes en Colombia, registró más de 500 personas que llegaron al país vecino por motivos políticos, entre el 1 de agosto y el 30 de octubre de 2024, una cifra sin precedentes si se compara con años anteriores, cuando los casos no superaban la veintena.
Para esta historia, Armando.Info entrevistó a más de 40 personas desplazadas por motivos políticos después de las elecciones del 28 de julio de 2024 en México, Colombia, Panamá, Bolivia, España, Argentina, Chile y Estados Unidos. Además, llegó a documentar un total de 408 casos. Los perfiles son variados: testigos y miembros de mesa, militantes, defensores de derechos humanos, periodistas, dirigentes políticos, voluntarios y familiares. Todos enfrentaron amenazas, detenciones, desapariciones o la persecución contra sus allegados.
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