La captura de Nicolás Maduro el reciente 3 de enero por parte de comandos militares estadounidenses encumbró a Delcy Rodríguez Gómez a lo más alto del poder en las filas chavistas. Hasta ese sábado de la operación de las fuerzas especiales, Rodríguez -que también había sido Canciller- se desempeñaba como Vicepresidenta Ejecutiva y Ministra de Petróleo en el gabinete de Maduro. Pero ahora funge como Presidenta Encargada de la República, en medio de una sucesión traumática y tutelada desde Washington por Donald Trump.
Por ROBERTO DENIZ / PAÚL MENA | Armando Info
En estos días de constantes noticias, resulta fácil olvidar esa figuración suya en la cartera de petróleo, que ocupa desde agosto de 2024 tras las caídas en desgracia -y prisión- del otrora poderoso vicepresidente, Tareck El Aissami, y del expresidente de la estatal petrolera Pdvsa, Pedro Tellechea, por el escándalo de corrupción Pdvsa-Cripto. Pero resulta clave para entender su idoneidad como interlocutora de la administración Trump en el proceso de gestión de la Venezuela postmadurista.
Uno de los factores que “había impresionado” a funcionarios estadounidenses para decantarse por Delcy Rodríguez como conductora de una transición política en Venezuela fue, precisamente, su “gestión de la crucial industria petrolera” venezolana, según reveló esta semana el diario The New York Times. También el Washington Post informó el viernes que “funcionarios de Chevron, la única empresa estadounidense a la que Washington había permitido operar en Venezuela en medio de las sanciones de Estados Unidos, se reunían mensualmente con Rodríguez y hablaban positivamente de ella al gobierno estadounidense (…) El modelo de Chevron estaba funcionando, según informaron los representantes de la empresa a los funcionarios estadounidenses, y Rodríguez estaba concediendo sus deseos”.
Durante su dirección del negocio petrolero, Rodríguez impulsó en 2024 la figura de los Contratos de Participación Productiva (CPP), una suerte de fórmula privatizadora que, al amparo de la secretista Ley Anti-Bloqueo de octubre de 2020, buscaba captar a inversionistas para la explotación y producción petrolera, ofreciendo al socio privado más ventajas que las anteriores empresas mixtas, el esquema implementado en tiempos de Hugo Chávez en el marco de la Ley de Hidrocarburos de 2006 y donde el socio particular contaba con una participación máxima del 49% del negocio. Ese cambio en el marco legal para la participación de capitales privados buscaba atraer a nuevos actores que reemplazaran a los grandes nombres de la industria petrolera global, ahuyentados por las sanciones internacionales.
En efecto, el recién creado esquema atrajo a nuevos actores, amigos del régimen y de la propia Delcy Rodríguez en su mayoría, que dieron lugar a “un ecosistema diseñado para sortear sanciones y sostener flujos financieros en un contexto de colapso institucional”, como señalaba una nota de prensa de la organización Transparencia Venezuela en el Exilio, distribuida en diciembre de 2025 a propósito de su reporte PDVSA: privatización controlada por las familias en el poder y militarizada. “El proceso dejó de ser técnico para convertirse en un entramado político-financiero que incluye intermediarios temporales, empresas de corta duración, transferencias de crudo en alta mar, rutas trianguladas y pagos en criptomonedas —principalmente USDT—, un mecanismo que sigue activo en 2025”.
Por ejemplo, el magnate petrolero estadounidense y amigo del propio Donald Trump, Harry Sargent III, fue uno de los primeros beneficiados con la nueva figura. Pero Rodríguez también tuvo la oportunidad de ofrecer un trato especial con los CPP a un empresario, Manuel Antonio Robalino Orellana, cuyos vínculos societarios conducen a personajes de jerarquía en el entorno del expresidente ecuatoriano, Rafael Correa, como reflejan documentos obtenidos para esta investigación que de manera conjunta desarrollaron Armando.Info y el medio independiente Plan V de Quito.
Más detalles en armando.info
