Desde Washington, Arcadia Foundation ha emitido uno de los pronunciamientos más duros que se recuerden en el ámbito de las organizaciones de derechos humanos frente a la violencia contra comunidades cristianas en Nigeria. En un comunicado de tono inusualmente severo, la organización denuncia la “inacción” del Estado nigeriano y el “fracaso” del sistema internacional ante el secuestro masivo de 303 estudiantes y 12 docentes de una escuela católica en Papiri, así como ante una cadena de ataques recientes contra fieles en iglesias y centros educativos en distintos estados del país africano. La fundación no solo describe los hechos como parte de un patrón sostenido de persecución religiosa, sino que cuestiona abiertamente el uso del concepto de soberanía estatal para encubrir la pasividad frente a crímenes que, a su juicio, se acercan al umbral de los crímenes de lesa humanidad y de dinámicas potencialmente genocidas.
Por lapatilla.com
El texto parte del secuestro perpetrado el 21 de noviembre de 2025 en el St. Mary’s Catholic School, en Papiri, estado de Níger, donde un grupo armado irrumpió de madrugada para raptar a más de trescientos niños y a todo el personal docente que se encontraba en el recinto. Arcadia recuerda que, al momento de difundirse el comunicado, más de 250 menores seguían en cautiverio, y subraya que este episodio se inscribe en una misma semana de violencia contra cristianos, marcada por ataques y secuestros de feligreses en iglesias y escuelas de los estados de Kebbi y Kwara. Lejos de tratarlo como un hecho aislado, la fundación lo presenta como la expresión de un patrón reiterado de violencia selectiva contra comunidades cristianas, en un contexto donde aldeas, templos y colegios se han convertido en blanco recurrente de grupos armados que operan, de facto, en un “espacio de casi total impunidad”.
La acusación central del comunicado se dirige contra el Estado nigeriano, al que imputa el incumplimiento sistemático de su obligación básica de proteger a todas las personas bajo su jurisdicción. Arcadia enumera, con precisión política pero sin tecnicismos superfluos, los elementos de ese fracaso: avisos previos desoídos, antecedentes de secuestros masivos que no condujeron a una protección reforzada de escuelas e iglesias, denuncias insistentes de las iglesias locales y advertencias documentadas de organismos internacionales sobre violencia dirigida específicamente contra cristianos. A juicio de la organización, las autoridades nigerianas no han sido capaces de prevenir ataques previsibles, ni de garantizar condiciones mínimas de seguridad en los lugares de culto y educación, ni de llevar ante la justicia, con sentencias ejemplares, a los autores materiales e intelectuales de los crímenes. Cualquier intento de diluir la responsabilidad mediante alusiones genéricas a la “complejidad del contexto” o a que “todas las comunidades sufren” es presentado como una forma de invisibilizar la naturaleza anticristiana de buena parte de la violencia.
El comunicado también lanza un dardo frontal al corazón del sistema multilateral. La comunidad internacional, afirma Arcadia, está “fracasando” en su tarea de servir de último dique frente a atrocidades masivas. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aparece retratado como un órgano paralizado por cálculos geopolíticos, atascado en declaraciones de “preocupación” que no se traducen en mecanismos efectivos de protección ni en una presión real sobre quienes toleran o alimentan la espiral de sangre. La fórmula “Nunca más”, tantas veces invocada desde el final de la Segunda Guerra Mundial, es presentada aquí como un cascarón vacío cuando niños cristianos pueden ser arrancados de una escuela católica “a vista de todos” en pleno siglo XXI, sin que exista una arquitectura internacional capaz de garantizar su rescate ni de disuadir nuevos crímenes.
En ese marco, Arcadia Foundation va más allá de la condena y entra en el terreno más delicado del derecho internacional contemporáneo: la tensión entre soberanía y responsabilidad de proteger. El documento sostiene que la soberanía no puede seguir utilizándose como “escudo retórico” para justificar la inacción frente a crímenes atroces. Recuerda que, en la evolución del derecho internacional, el concepto de soberanía se halla intrínsecamente ligado al deber de proteger a la población frente al genocidio, los crímenes de guerra, la limpieza étnica y los crímenes de lesa humanidad. Cuando un Estado se muestra incapaz o manifiestamente renuente a cumplir esa obligación, afirma la fundación, la comunidad internacional no solo tiene la facultad, sino el deber de actuar, de manera gradual y sometida a los criterios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Dejar desprotegidas a comunidades cristianas sometidas a masacres, secuestros y desplazamientos, en nombre de la no injerencia, constituye —en la terminología empleada por Arcadia— un “abuso del lenguaje jurídico” y una traición al sentido mismo de las obligaciones más básicas de protección.
El texto, sin embargo, no se limita a una crítica abstracta y se dirige, con una precisión poco habitual en el lenguaje de las ONG, a dos figuras concretas: Su Santidad el Papa León XIV y el presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump. En el primer caso, la fundación adopta un tono respetuoso, pero inequívocamente exigente. Reconoce las palabras de dolor del pontífice por el secuestro de los niños y su llamado a la liberación inmediata de los rehenes, pero considera que la magnitud de la tragedia y la persistencia de la persecución requieren algo más que exhortaciones puntuales cuando una atrocidad irrumpe en los titulares. Arcadia reclama una “voz profética, sostenida y sin ambigüedades” que nombre lo que está ocurriendo: una persecución persistente y brutal contra comunidades cristianas, tolerada por la ineficacia —y, en ocasiones, por la indiferencia— de las autoridades nacionales y por la parálisis de las instituciones internacionales.
A partir de ahí, el comunicado formula un triple reclamo al Papa: que hable clara y reiteradamente de persecución de cristianos en Nigeria, que exija al gobierno nigeriano compromisos concretos y verificables con plazos definidos para la protección efectiva de cristianos y otras minorías, y que denuncie, ante la opinión pública mundial, la insuficiencia de las fórmulas diplomáticas vacías y de los llamamientos genéricos a la paz en un contexto de aldeas arrasadas y niños secuestrados. El liderazgo moral de la Iglesia Católica, advierte Arcadia, no puede quedar atrapado en la “corrección diplomática” mientras sus propios fieles son asesinados en los templos y sus hijos convertidos en rehenes del terror.
La segunda interpelación directa se dirige a Donald J. Trump. Arcadia recuerda que el presidente estadounidense ha reconocido recientemente que los cristianos en Nigeria enfrentan una “amenaza existencial”, ha devuelto al país africano a la lista de “Países de Especial Preocupación” por graves violaciones a la libertad religiosa y ha declarado que Estados Unidos no puede permanecer de brazos cruzados mientras las matanzas continúan. También menciona que Trump ha acusado al gobierno nigeriano de no hacer lo suficiente, ha amenazado con cortar la ayuda económica y militar, y ha ordenado al Pentágono prepararse para posibles medidas, incluidas opciones militares limitadas.
El comunicado plantea entonces un reto explícito: si esas palabras no quieren convertirse en un “recurso retórico más”, este es el momento de traducirlas en una estrategia coherente y verificable. La fundación insta al presidente Trump y al Congreso a articular, en coordinación con aliados democráticos y actores regionales responsables, un paquete integral de acción que incluya sanciones selectivas contra funcionarios, mandos militares y financiadores de grupos armados; condicionamiento estricto de la ayuda económica y militar a resultados medibles en protección de comunidades vulnerables y persecución penal de los responsables; apoyo robusto a mecanismos de investigación internacional independientes; y, si la inacción persiste y las atrocidades continúan, una consideración seria y pública de operaciones extraordinarias, de naturaleza estrictamente protectora, orientadas al rescate de rehenes y a la neutralización de estructuras criminales que “conmocionan a la conciencia de la humanidad”.
Consciente de que sus palabras podrían ser utilizadas para justificar aventuras militares, Arcadia delimita con cuidado su posición: no se trata de promover intervenciones expansionistas ni de legitimar operaciones al margen del derecho, sino de reconocer que, en determinadas circunstancias, la omisión sistemática frente a crímenes masivos puede ser tan grave como la comisión directa. El principio de responsabilidad de proteger —subraya— nació precisamente para impedir que la soberanía se convierta en el pretexto bajo el cual se permite, año tras año, la destrucción de pueblos enteros. El miedo a la palabra “intervención” no puede servir de coartada para abandonar a su suerte a los cristianos nigerianos y a otras minorías perseguidas.
En su tramo final, el comunicado amplía el foco y llama a las demás democracias, a las instituciones regionales africanas, a los parlamentos nacionales y a las organizaciones de la sociedad civil a “romper el círculo de la indiferencia”. La fundación exige que resoluciones, informes y conferencias vayan acompañados de medidas concretas que alteren el cálculo de quienes hoy matan, secuestran y desplazan con la certeza de que nada serio ocurrirá en su contra. El precio de seguir mirando hacia otro lado —advierte— se paga con la vida y la dignidad de niños arrancados de sus escuelas, de familias cristianas que entierran a sus muertos y de comunidades que ven cómo sus aldeas desaparecen del mapa.
Arcadia cierra su documento reafirmando su propio compromiso: seguir documentando los crímenes, sostener la denuncia ante los foros internacionales y acompañar, con máxima seriedad jurídica, toda iniciativa que convierta la indignación en protección real. Pero la última frase del comunicado funciona como epitafio y advertencia: la historia no solo registrará a los perpetradores de estos crímenes, sino también a quienes, teniendo poder político, económico o militar para detenerlos, eligieron el silencio, la evasiva o la retórica vacía.
