Es sábado por la noche en Caracas y el ambiente en el coliseo de baloncesto es eléctrico. Las luces se atenúan, suenan tambores, estalla un chorro dorado de fuegos artificiales y retumban en las paredes los cánticos de “¡Vamos Pioneros!”. Enfundados en brillantes uniformes naranjas, el equipo local salta a la cancha, escoltado por porristas con vestidos ceñidos del mismo color. Los Pioneros del Ávila están listos para jugar.
Por occrp.org
En apariencia, este juego parece un encuentro deportivo profesional más. Pero el partido tiene un lado oscuro. La cancha donde los Pioneros disputan sus partidos de local está dentro de El Helicoide, una de las prisiones políticas más infames de Venezuela. Unos pisos más abajo, mientras los espectadores beben cerveza y comen cotufas, más de 80 presos políticos están encerrados en condiciones que organizaciones de derechos humanos describen como infrahumanas.
Los equipos que juegan esta noche son parte de la nueva Superliga Profesional de Baloncesto de Venezuela, impulsada por el gobierno hace unos años con el objetivo declarado de revivir la reputación del baloncesto venezolano.
Pero en la práctica, sostienen expertos, la Superliga se ha convertido en un terreno de juego para el régimen del líder autoritario Nicolás Maduro y sus aliados. Funciona como una pantalla para desviar la atención frente a los abusos contra los derechos humanos en el país, un mecanismo conocido como “lavado de imagen deportivo” (sportswashing en inglés). En un informe publicado este año, Transparencia Venezuela calificó la nueva liga como “una red de influencia que abrillanta la imagen de un régimen represor y opaco”.
“[Este] es un intento del Estado y de las fuerzas de seguridad por posicionarse en la sociedad, y eso no puede ir a favor de los valores del deporte”, dijo Jans Sejer Andersen, periodista deportivo y fundador de Play the Game, un grupo danés que promueve la equidad y sostenibilidad en el deporte global.
Al menos dos de los 14 equipos activos de la Superliga pertenecen o están efectivamente controlados por altos mandos de seguridad acusados por la Organizaciones de las Naciones Unidas (ONU) de violaciones a los derechos humanos, según documentó OCCRP tras revisar registros públicos y hablar con fuentes conocedoras del funcionamiento interno de la liga. Hay además una presunción amplia de que muchos otros equipos también podrían tener nexos con el gobierno, aunque no fue posible confirmar estas estructuras de propiedad por la falta de transparencia corporativa en Venezuela.
Por si fuera poco, el año pasado se anunció que los partidos de la Superliga se jugarían regularmente dentro de El Helicoide, para consternación de activistas de derechos humanos y opositores al régimen de Maduro.
El periodista deportivo venezolano Cándido Pérez describió la situación como “escalofriante”.
“En el piso alto juegan baloncesto y en el piso de abajo torturan gente. Dudo que exista algo así en otra parte del mundo”.
OCCRP se puso en contacto con el gobierno venezolano, la Federación Venezolana de Baloncesto, la Superliga y varios equipos de baloncesto, entre ellos los Pioneros del Ávila, para solicitarles comentarios sobre la liga y sus vínculos con presuntas violaciones de derechos humanos. Ninguno de ellos respondió.
“Hacen estos lugares para quebrar voluntades”
El Helicoide fue alguna vez un símbolo del gran futuro de Venezuela.
En la década de 1950, con Caracas rebosante de riqueza petrolera y el dictador Marcos Pérez Jiménez ansioso por mostrar la modernidad de su régimen, se planificó un enorme edificio sinuoso que albergaría un centro comercial de lujo con helipuertos y cines. Incluso su nombre, El Helicoide, reflejaba su innovador diseño arquitectónico.
Pero el proyecto fue abandonado tras la caída de Pérez Jiménez en 1958. Durante décadas permaneció vacío, ocupado solo por invasores, hasta que en los años ochenta el amplio espacio fue adaptado a sede de cuerpos policiales e inteligencia de Venezuela —ambos acusados de severa represión política y violaciones de derechos humanos. También se convirtió en centro de reclusión.
El uso del espacio como prisión se intensificó bajo los gobiernos de Hugo Chávez y de su sucesor Nicolás Maduro, y se volvió tristemente conocido tras la detención de cientos de jóvenes que protestaron contra sus regímenes en la década de 2010. Actualmente alberga unos 80 presos, incluidos disidentes, periodistas y activistas, muchos de los cuales reportan haber sido torturados o maltratados, especialmente a manos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).
La Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela de la ONU ha denunciado repetidamente condiciones “terribles” en El Helicoide, incluyendo torturas con electricidad, golpizas “brutales” y reclusión en celdas hacinadas sin luz natural ni baños.
El político opositor Freddy Superlano lleva más de un año detenido allí sin juicio, sin poder ver a su familia ni recibir asistencia legal, según su esposa Aurora. Ella le contó a OCCRP que lo único que recibe son prendas usadas de su marido que las autoridades penitenciarias le entregan periódicamente.
“Las huelo y sé que son de él”, dijo.
El exministro de Defensa Raúl Isaías Baduel, encarcelado varias veces tras romper con el chavismo, murió en El Helicoide en 2021 después de que le negaran atención médica, según su familia y grupos de derechos humanos que monitorean su caso (el gobierno venezolano refutó esa versión y afirmó que murió mientras recibía tratamiento por COVID-19). Su hijo Josnars, detenido junto a él, afirmó haber sido sometido a torturas extremas, incluyendo ser suspendido de las paredes y descargas eléctricas en los testículos.
“Estos lugares están hechos para quebrar voluntades”, dijo Andreina Baduel, hija de Raúl Baduel.
Uno de los presos actuales es el defensor de derechos humanos Javier Tarazona. La ONU sostiene que fue golpeado, asfixiado con bolsas plásticas y mantenido en una celda de castigo con la luz encendida las 24 horas del día. También está recluido en El Helicoide el periodista Carlos Julio Rojas, que llevaba más de cuatro meses en aislamiento hasta que el 17 de noviembre pasado lo pudo visitar una asociación de periodistas. La abogada y defensora de derechos humanos Rocío San Miguel está confinada en El Helicoide desde febrero de 2024 sin derecho a contactar a su abogado. Su familia relata que sufrió una fractura de hombro que no fue tratada por meses.
Pero, para enfado de los defensores de estos presos, los Pioneros del Ávila también se instalaron allí. Su cancha está en la estructura conocida como “La Montaña”, un edificio piramidal de concreto gris sobre El Helicoide.
“Para nosotros es una preocupación que usen El Helicoide, un lugar donde se tortura de forma sistemática, como una herramienta para blanquear a aquellos responsables de crímenes de lesa humanidad a través de actos deportivos”, dijo Víctor Navarro, exprisionero político y director de una ONG dedicada a preservar la memoria histórica de los presos políticos, en una entrevista con Efecto Cocuyo.
Los prisioneros encerrados dentro de El Helicoide saben que hay partidos de baloncesto que se juegan encima de ellos, pero no pueden escucharlos por las gruesas paredes de concreto, según un familiar que habló bajo anonimato por motivos de seguridad.
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