Hugo Chávez levantó un sistema para perpetuarse. María Corina Machado ha organizado una mayoría para derrotarlo. Pero la verdadera prueba de su liderazgo no será conquistar el poder, sino construir instituciones capaces de sobrevivir a quien las gobierne.
Hay una gran ironía en la historia venezolana de las últimas tres décadas. Hugo Chávez necesitó tomar el Estado para construir su movimiento político: el chavismo. María Corina Machado requirió construir un movimiento político para recuperar el Estado democrático. El primero dispuso de la riqueza petrolera, unas Fuerzas Armadas y una maquinaria de propaganda. La segunda se ha apoyado en ciudadanos, votos, actas electorales y una obstinación que sus adversarios confundieron durante años con impotencia.
Ambos comprendieron algo que suele escapar a los políticos convencionales: el poder no consiste solamente en ganar elecciones, sino en construir una comunidad de intereses, emociones, lealtades y expectativas capaz de sobrevivir a las circunstancias. La diferencia, decisiva para el futuro de Venezuela, está en la naturaleza de esas comunidades y en el propósito para el que fueron creadas.
Chávez llegó al poder en 1999 con una legitimidad electoral indiscutible. Encontró un país fatigado por sus élites adeco-copeyana, indignado ante la corrupción y dispuesto a creer en un redentor. Tuvo, además, una fortuna extraordinaria: el precio del petróleo pasó de rondar los diez dólares por barril a superar los cien. Aquella riqueza le permitió financiar una revolución que prometía justicia social mientras concentraba progresivamente el poder.
Las misiones sociales llevaron servicios a sectores históricamente abandonados. Los consejos comunales organizaron la participación popular. El partido oficial disciplinó a los seguidores. Los militares adquirieron responsabilidades políticas y económicas. Los medios estatales difundieron una interpretación única de la realidad. Y Petrocaribe y ALBA extendieron las ambiciones del chavismo más allá de las fronteras nacionales.
No se entiende si se lo describe solo como una dictadura construida desde arriba. Durante sus primeros años fue un proyecto político que combinó beneficios materiales con identidad colectiva, y con una identificación emocional con su fundador que pocos líderes han logrado. Millones de venezolanos sintieron, acaso por primera vez, que alguien hablaba en su nombre.
Negar aquella realidad sería tan intelectualmente deshonesto como ignorar su desenlace.
Porque Chávez cometió el pecado que termina por destruir a tantos revolucionarios: confundió al pueblo con sus seguidores, la patria con su movimiento y el Estado con su voluntad. Las instituciones dejaron de ser límites al poder para convertirse en instrumentos de su conservación. La independencia judicial, el pluralismo y los contrapesos fueron sacrificados en nombre de una revolución que se proclamaba democrática mientras reducía los espacios de la democracia.
Cuando murió en diciembre de 2012, dejó una estructura suficientemente sólida para perpetuar a sus herederos, pero demasiado dependiente de la renta y del caudillo para corregir sus errores.
Nicolás Maduro heredó los mecanismos del poder sin heredar el carisma que los había legitimado.
María Corina Machado representa una experiencia casi inversa.
No ha tenido ministerios que repartir, petróleo con el cual comprar adhesiones ni generales a quienes ofrecer privilegios. Su trayectoria se ha desarrollado frente a un aparato estatal que ha utilizado la inhabilitación política, la persecución y el control institucional para impedir la alternancia.
Sin embargo, logró lo que parecía imposible: transformar una oposición democrática fragmentada, fatigada por derrotas y rivalidades, en un movimiento con una dirección reconocible.
Su victoria en las primarias opositoras de 2023, con más del 90% de los votos, fue el primer indicio. La organización ciudadana desplegada durante las presidenciales de julio de 2024 constituyó una demostración mucho más importante. Miles de voluntarios protegieron y recopilaron actas electorales que respaldaron la victoria reivindicada por Edmundo González Urrutia.
Aquella operación reveló una forma de poder distinta de la chavista: una organización que no nacía de los presupuestos públicos, sino de la cooperación voluntaria de ciudadanos dispuestos a asumir riesgos personales.
Y, sin embargo, sería ingenuo concluir que Machado ha resuelto el problema fundamental de Venezuela.
Una mayoría electoral no equivale a un Estado democrático.
El regreso de Machado al país introduce una nueva etapa política, pero no elimina esa contradicción. Su presencia física puede fortalecer la movilización, alterar los cálculos de quienes administran el poder hoy y devolver a millones de venezolanos la sensación de que la historia vuelve a estar en sus manos. Nada de ello garantiza, por sí mismo, la transferencia efectiva del poder.
Y hay una paradoja incómoda, de las que duelen. Chávez construyó su proyecto sobre la dependencia del petróleo. María Corina desarrolla el suyo en un escenario condicionado por Estados Unidos.
La Casa Blanca ha desempeñado un papel determinante en las condiciones políticas y de seguridad que han hecho posible su retorno. Pero la Administración estadounidense también mantiene relaciones con quienes conservan el control de las instituciones venezolanas, encabezados por Delcy Rodríguez.
Los intereses de una potencia, incluso cuando coinciden temporalmente con las aspiraciones democráticas de una sociedad, no son idénticos a ellas.
Estados Unidos puede privilegiar la estabilidad, el acceso a los recursos energéticos o la contención de nuevas crisis migratorias. Los venezolanos necesitan algo distinto y más exigente: recuperar el derecho a elegir a sus gobernantes y a cambiarlos en paz cuando el país así lo decida, con instituciones que los fiscalicen mientras tanto.
La diferencia no es menor. Una transición que estabilice la economía y garantice contratos petroleros, pero preserve intactos los mecanismos de coerción política, habrá cambiado las relaciones internacionales del régimen sin transformar la relación entre el Estado y sus ciudadanos.
Aquí es donde aparece la prueba decisiva para María Corina, y no es la que más se comenta.
Hasta ahora, su liderazgo ha sabido movilizar a la gente, resistir la persecución y ganarse una confianza que pocos políticos venezolanos tienen. Pero gobernar exige virtudes diferentes de las necesarias para enfrentar una autocracia. Requiere negociar con adversarios, administrar recursos escasos, aceptar críticas, respetar procedimientos y reconocer que ningún dirigente, por extraordinaria que sea su popularidad, representa por sí solo a toda la nación.
También exige resistir una tentación particularmente latinoamericana: creer que la legitimidad personal autoriza a prescindir de las instituciones.
Chávez cayó en ella y arrastró al país hacia una tragedia de dimensiones históricas. María Corina tendrá que demostrar que su proyecto constituye una ruptura con esa tradición y no simplemente su inversión ideológica.
La reconstrucción de un Tribunal Supremo independiente, un organismo electoral confiable, unas Fuerzas Armadas subordinadas al poder civil y una administración pública profesional no puede depender de la generosidad de un nuevo liderazgo. Debe descansar en normas capaces de proteger incluso a quienes discrepen de él.
Tampoco bastará con sustituir a una élite económica por otra. Venezuela necesita recuperar la propiedad pública efectiva de sus recursos, someter los contratos petroleros al escrutinio institucional y garantizar que la riqueza nacional deje de financiar privilegios políticos, cualquiera que sea la bandera de sus beneficiarios.
La verdadera democratización comienza cuando los ciudadanos dejan de necesitar protectores para ejercer sus derechos.
Ese es el desafío que separa a María Corina de Chávez.
El comandante construyó una organización destinada a hacer indispensable al líder. Machado tiene la oportunidad de construir una organización cuyo éxito consista, precisamente, en volver prescindible a cualquier líder.
No será fácil. Su movimiento gira alrededor de una personalidad excepcionalmente fuerte. Sus seguidores depositan en ella esperanzas que ninguna persona podría satisfacer por completo. Y el país que aspira a reconstruir está atravesado por heridas sociales y por resentimientos que no desaparecerán con una victoria política.
La democracia no necesita salvadores, aunque a veces los pueblos cansados los busquen. Necesita ciudadanos e instituciones que hagan innecesario volver a buscarlos.
La historia juzgará a Chávez por el poder que acumuló y por las libertades que contribuyó a destruir. Y también por las oportunidades que desperdició teniéndolo todo a favor.
A María Corina Machado la juzgará por algo mucho más difícil: si consigue transformar la fuerza moral de una mayoría en un sistema de libertades donde también tengan derechos quienes nunca votaron por ella.
Porque la grandeza de un dirigente democrático, si es que esa palabra sirve para algo, no se mide por los años que permanece en el poder. Se mide por si el país que deja atrás puede vivir libremente cuando él ya no esté.
Antonio de la Cruz
Director ejecutivo de Inter American Trends
