La premisa es clara, en cualquier país del mundo, una reforma educativa ambiciosa y transformadora que aspire la equidad y la modernidad es un salto al vacío si se edifica sobre salones de clases en ruinas. Pero en Venezuela, la tragedia es más profunda.
Aquí, el problema no es que un nuevo plan de estudios se vea comprometido por la falta de laboratorios o computadoras, el problema es que el propio derecho fundamental a la educación se desintegra en una crisis triple: infraestructura colapsada, ausencia de los servicios básicos y la hemorragia imparable de personal docente calificado.
Mientras muchos dibujan un ideal curricular para el siglo XXI en una oficina en Caracas, la realidad en las regiones es que los niños y los adolescentes asisten a escuelas destartaladas, sin agua potable, con techos desplomados, debajo de árboles y, lo que es peor, sin maestros frente a un pizarrón.
La brecha educativa venezolana es la que separa el papel oficial de la cruda realidad de la educación en el país. Una generación entera enfrenta la ruina educativa: sin un pupitre digno donde sentarse, ni un profesor o maestro que garantice el futuro.
La infraestructura en emergencia, de cada 10 escuelas, 7 están en deterioro. La estadística es demoledora. Los gremios educativos y las ONG calculan entre 60 y 70 por ciento de las instituciones presentan problemas graves de infraestructura y fallas en los suministros de servicios básicos, agua y electricidad, una situación que empeora con el tiempo.
El inicio del año escolar 2024-2025 estuvo marcado por esta precariedad donde, según reportes, 7 de cada 10 escuelas públicas operan con filtraciones y techos deteriorados y sin sanitarios funcionando. Más allá de lo físico, la modernización es un espejismo. Se estima que más del 70 por ciento de los planteles carecen de salas de computación, anulando cualquier capacidad de que los estudiantes desarrollen los conocimientos básicos que exige el mundo actual.
La crisis de infraestructura es solo la mitad del problema. El componente humano del sistema educativo está en un colapso sin precedentes, la deserción y migración generó un déficit que se estima en más de.250 mil nuevos docentes necesarios para cubrir todos los niveles y modalidades, una crisis que crece con el tiempo.
Los maestros en permanente lucha contra salarios de miseria, devengan un promedio de apenas unos 30 dólares al mes, lo que los obliga a recurrir a trabajos alternativos.
Este panorama lleva que hasta el 24 por ciento del personal que hoy está al frente de un aula no posee la formación adecuada para el cargo, comprometiendo la calidad de la enseñanza que se imparte a millones de estudiantes.
El contraste entre la ambición de un círculo transformador y la realidad de una escuela sin techo, sin pupitres y sin maestros pagados dignamente, nos obliga a preguntarnos ¿está el Estado dispuesto a financiar la dignidad básica del espacio donde se forma la próxima generación?.
La crisis educativa venezolana, con sus salones en ruinas y la diáspora de sus profesionales, es más que un problema estadístico, es una hipoteca moral y económica para el futuro del país.
La reflexión final es clara, solo invirtiendo de manera masiva y sostenida en infraestructura, y sobre todo, en la revalorización del magisterio, podrá Venezuela dejar de hipotecar su mañana.
@angelmontielp
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