La crisis de la salud en Venezuela no es una estadística, no son números, es una sentencia de muerte lenta para millones de ciudadanos. Tampoco un problema coyuntural, sino la manifestación más cruda de una emergencia humanitaria compleja y multidimensional que se derrumbó como un castillo de naipes lo que alguna vez fue un sistema público de salud eficiente y sólido.
Hoy, el derecho fundamental a la salud es sistemáticamente violado transformándose en una lotería mortal donde la vida depende no de un hospital, sino del bolsillo y la suerte.
El colapso de la infraestructura es el rostro más visible de esta tragedia. Los datos de la Encuesta Nacional de Hospitales (ENH) de 2024/2025 son escalofriantes solo un promedio bajísimo de cuatro quirófanos operativos por hospital se mantiene en funcionamiento. Según este informe, cerca del 75 por ciento de los quirófanos no están operativos en los principales centros de salud del país. Esto confirma que la capacidad para realizar cirugías sigue siendo extremadamente limitada.
El desabastecimiento de los insumos básicos es generalizado con cifras que alcanzan hasta el 74 por ciento de la carencia en materiales descartables, lencería, y un déficit crítico de insumos de quirófanos.
Servicios tan vitales como el suministro de oxígeno reportan fallas en el 85 por ciento en los centros de salud.
A esto se suma la precariedad de los servicios públicos donde los apagones paralizan los quirófanos y el 70 por ciento de los hospitales presentan intermitencia en el suministro de agua. En julio de 2023, solo el 22 por ciento de las terapias intensivas contaban con agua corriente todos los días lo que compromete seriamente la higiene y agravan la insalubridad.
En este panorama, la búsqueda de una cama de hospitalización es el “primer torniquete” que consigue el paciente, en un país con menos de una cama por cada mil habitantes cuando la Organización Mundial de la Salud recomienda por lo menos tres.
Los pacientes con cáncer, enfermedades renales o crónicas son las víctimas principales y más directas de esta infraestructura en ruinas, obligados a acudir a centros privados si quieren sobrevivir, justificando la privatización de facto del sistema público de salud.
Sí la infraestructura es el cuerpo del sistema, los medicamentos son su sangre. Y esa sangre escasea. Peor aún, si esa medicina se encuentra en cualquier farmacia, resulta inaccesible. La dolarización informal de la economía empujan los precios a niveles que el ciudadano común y corriente, con salarios irrisorios, sencillamente no puede pagar. El dilema es brutal: endeudarse o morir de mengua.
El personal de la salud, “los héroes de las batas blancas” en medio de la miseria, también sufren. Los bajos salarios que provocaron una fuga masiva de profesionales de la medicina dejaron a los hospitales con un déficit crítico de talento humano, especialmente en las áreas de emergencia.
La crisis de la salud en Venezuela ya no es solo una preocupación económica o médica, es un crimen contra la humanidad que se agrava cada día.
No se puede mirar hacia otro lado. Los venezolanos merecen que la salud deje de ser un privilegio y vuelva a ser un derecho fundamental para todos. No se trata de un favor político, se trata de un mínimo de humanidad.
El silencio institucional sobre esta terrible crisis solo es roto por el grito de dolor de un paciente que espera, sin insumos, sin personal, sin esperanza.
@angelmontielp
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