Con el vencimiento del TPS el 2 de octubre, miles de venezolanos que alquilan vivienda en Florida se preguntan qué puede exigirles el dueño del apartamento al momento de renovar el contrato o de buscar uno nuevo. En el sur del estado ya hubo arrendadores que cerraron la puerta a familias con estatus temporal, y la ley les pone límites que conviene conocer.
El antecedente más citado viene de Doral. En septiembre de 2025, Fortune reportó, con base en una investigación de The Wall Street Journal, que propietarios de edificios de apartamentos de la zona estaban rechazando a familias con permisos migratorios temporales. En Doral, donde cerca de 40% de la población es venezolana, la tasa de viviendas desocupadas había subido de 5,6% a 6,5% en pocos meses, por encima del 4,3% de las comunidades vecinas. Los agentes inmobiliarios atribuían el aumento a venezolanos que se iban por miedo a perder su protección.
Qué protege la ley
La Ley de Vivienda Justa federal (Fair Housing Act), aprobada en 1968 como parte de la Ley de Derechos Civiles, prohíbe discriminar en la venta o el alquiler de vivienda por raza, color, religión, sexo, situación familiar, discapacidad y origen nacional. Florida tiene su propia versión. El artículo 760.23 de los Estatutos de Florida declara ilegal negarse a alquilar, negociar o mostrar una vivienda por origen nacional, ofrecer condiciones distintas por ese motivo, publicar anuncios que expresen preferencias de ese tipo o decirle a alguien que un apartamento no está disponible cuando sí lo está.
Ninguna de las dos leyes menciona el estatus migratorio como categoría protegida. Lo que prohíben es la discriminación por origen nacional. Por eso el debate entre abogados se concentra en dónde termina la evaluación legítima del inquilino y dónde empieza el trato diferente por ser venezolano.
Dos abogados, dos lecturas
En la nota de Fortune, el abogado Gregory Vincent, de Columbus (Ohio) y exdirector regional de asuntos legales de la Comisión de Derechos Civiles de ese estado, sostuvo que rechazar a un posible inquilino por sospechar que no es ciudadano violaría la ley de derechos civiles, y que los afectados podrían reclamar daños punitivos. Para Vincent, el arrendador tiene derecho a pedir número de Seguro Social, situación laboral e historial de crédito, porque son datos que sirven para saber si la persona puede pagar. Preguntar por el estatus migratorio, dijo, es “un paso de más”.
Del otro lado, Raúl Gastesi, socio de la firma Gastesi Lopez Mestre & Cobiella, que representa a dueños de viviendas unifamiliares y multifamiliares, explicó que cuando se revoca el TPS la persona pierde su autorización de trabajo y, con ella, el ingreso para pagar el alquiler. Un desalojo puede tomar meses, y durante ese tiempo el arrendador deja de cobrar. Aun así, Gastesi reconoció que un dueño no puede anunciar que no alquilará a ningún inmigrante ni a nadie con estatus temporal.
En la práctica, la línea que ambos aceptan pasa por la capacidad de pago. Un arrendador puede verificar ingresos, empleo y crédito, y aplicar ese mismo filtro a todos los solicitantes. Lo que no puede hacer es un rechazo en bloque por nacionalidad.
Si ya tiene contrato y deja de cobrar
Para el inquilino que ya vive en el apartamento, el riesgo inmediato está en dejar de pagar. Según el artículo 83.56 de los Estatutos de Florida, si el inquilino no paga la renta a tiempo, el arrendador puede entregarle un aviso de tres días hábiles (sin contar sábados, domingos ni feriados judiciales) para pagar o desocupar. Si el pago no llega en ese plazo, el dueño puede dar por terminado el contrato e iniciar el desalojo en el tribunal del condado.
El dueño tampoco puede tomar el asunto por su cuenta. El artículo 83.67 le prohíbe cortar o interrumpir servicios como agua, luz, gas o recolección de basura, y le impide cambiar las cerraduras o bloquear de cualquier forma el acceso del inquilino a la vivienda. El desalojo en Florida pasa por un juez.
Qué conviene hacer ahora
Quien tenga TPS vencido y esté por renovar o buscar alquiler puede preparar algunos papeles por adelantado:
- Constancia de ingresos actualizada, ya sea por empleo vigente, un negocio propio o ahorros que respalden varios meses de renta.
- Historial de crédito y referencias de arrendadores anteriores.
- Si tiene una solicitud de asilo en trámite, el comprobante correspondiente. El abogado de inmigración Willy Allen dijo a CBS News Miami, según recogió El Tiempo Latino, que la gran mayoría de los venezolanos que llegaron entre marzo de 2021 y agosto de 2023 ya pidieron asilo, y recomienda renovar los permisos de trabajo bajo esa solicitud.
Ante un rechazo que parezca motivado por la nacionalidad, la persona puede presentar una queja ante el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) o ante la Comisión de Relaciones Humanas de Florida, que recibe por escrito las quejas por prácticas discriminatorias en vivienda según el artículo 760.34 de los Estatutos. Cada caso depende de sus detalles, y conviene consultarlo con un abogado antes de firmar o abandonar un contrato.
La situación del TPS sigue en los tribunales. El 5 de octubre, la Corte Suprema anuló el fallo del Noveno Circuito que había mantenido las protecciones y devolvió el caso a ese tribunal para una nueva revisión. La Patilla recogió además la advertencia de un experto en inmigración para los venezolanos que perdieron el TPS.
