Al menos 42 periodistas y trabajadores de la prensa han muerto de forma violenta en Venezuela en los últimos 35 años. La insuficiente respuesta judicial frente a estos hechos mantiene deudas de verdad, justicia y reparación con sus familias y debilita las garantías para ejercer el periodismo.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denuncia que la impunidad permite la repetición de la violencia y transmite a los agresores que atacar a quienes informan puede quedar sin consecuencias. Para el gremio, esa desprotección alimenta el miedo y la autocensura, desalienta la investigación de asuntos de interés público y restringe el derecho de la sociedad a recibir información.
Las consecuencias también recaen sobre las familias. A la pérdida de sus seres queridos se suman años de gestiones, desgaste emocional, gastos y dificultades para acceder a los expedientes. La falta de respuestas prolonga el daño y obliga a los dolientes a sostener una búsqueda de justicia que corresponde garantizar al Estado.
Violencia durante coberturas y antecedentes que deben investigarse
Los casos presentan circunstancias recurrentes: disparos durante coberturas de manifestaciones, amenazas y denuncias previas, ataques en viviendas e incursiones violentas en instalaciones de medios. En algunos existen señalamientos contra agentes estatales; en otros permanece pendiente establecer el móvil y determinar quiénes participaron u ordenaron el crimen.
Virgilio Fernández murió en noviembre de 1992 cuando dispararon contra el vehículo identificado de El Universal en el que circulaba durante el intento de golpe de Estado. María Verónica Tessari falleció en enero de 1993 por las lesiones sufridas al ser alcanzada por una bomba lacrimógena mientras cubría una manifestación. Jorge Ibraín Tortoza Cruz fue asesinado el 11 de abril de 2002 mientras fotografiaba los enfrentamientos en el centro de Caracas. En estos casos, la muerte estuvo directamente vinculada con el ejercicio de la reportería. www.refworld.org
Las denuncias que realizaban otras víctimas también constituyen antecedentes indispensables para investigar. Mauro Marcano y Orel Sambrano difundían información sobre narcotráfico y corrupción. Mijail Martínez trabajaba en un documental sobre víctimas de abusos policiales en Lara cuando fue asesinado frente a su vivienda, en noviembre de 2009. La FIDH y la Organización Mundial Contra la Tortura advirtieron sobre una posible relación con su actividad y la de su padre en defensa de los derechos humanos.
Manuel Alejandro Parejo fue asesinado en la sede de Telesol, en Cumaná, en agosto de 2018. En agosto de 2020, Andrés Eloy Nieves Zacarías y Víctor Torres murieron durante un operativo de las FAES en Guacamaya TV, en Cabimas. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH condenó ambos asesinatos y pidió investigar la participación de agentes estatales y la posible conexión con la actividad periodística.
Investigar hasta establecer las responsabilidades
La respuesta judicial ha sido desigual. Existen casos con condenas, otros sin responsables sancionados y expedientes sobre los que no hay información pública suficiente para conocer las diligencias realizadas o los resultados obtenidos. Las detenciones y los anuncios policiales no sustituyen una investigación completa. Tampoco la condena de un ejecutor material permite dar por esclarecido un crimen cuando quedan pendientes su móvil y otras responsabilidades.
El SNTP exige que se investiguen las amenazas previas, los intereses afectados por las denuncias y la posible participación de funcionarios o grupos armados. Las hipótesis deben contrastarse con pruebas, y las investigaciones deben alcanzar las responsabilidades materiales, intelectuales y de mando que correspondan.
En las muertes de Edwin Santos y Yolimar Hidalgo persisten dudas sobre las causas y circunstancias. En el caso de Santos, la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU documentó elementos que cuestionan la versión oficial de accidente, sin establecer una causa distinta. En el de Hidalgo, hallada con una herida de bala, las publicaciones consultadas mantenían abiertas las hipótesis de homicidio y suicidio. Su inclusión en este recuento exige esclarecer ambas muertes y no equivale a anticipar una conclusión forense o judicial.
Los 42 nombres
El recuento comprende del 5 de noviembre de 1991 al 5 de noviembre de 2026. Las fechas de hallazgo se identifican expresamente cuando no se ha establecido el día de la muerte; las discrepancias documentales se mantienen visibles.
Para las familias y garantías para el gremio
A propósito del Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, conmemorado el 2 de noviembre, el SNTP exige al Ministerio Público y a los tribunales rendir cuentas sobre estos expedientes, informar las actuaciones pendientes e impulsar investigaciones que permitan esclarecer los hechos y sancionar a todos los responsables.
Las familias necesitan acceso efectivo a sus expedientes, información comprensible y periódica, asistencia jurídica, atención psicosocial y protección frente a amenazas. El Estado debe garantizar su participación en los procesos y medidas de reparación que reconozcan el daño sufrido.
Para el gremio, la respuesta debe incluir mecanismos eficaces de protección y atención a las amenazas, protocolos de seguridad durante coberturas y garantías de que ninguna investigación descarte sin pruebas una posible relación con el trabajo informativo.
El SNTP reclama que la justicia deje de depender de la persistencia y los recursos de cada familia. Esclarecer estos hechos y evitar su repetición es una obligación del Estado y una condición para ejercer el periodismo con libertad y seguridad.
