En Doral, la ciudad del sur de Florida donde vive buena parte de la diáspora venezolana, la noticia llegó el viernes por la noche con alivio y con cautela a partes iguales. La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito le negó al Gobierno de Donald Trump la suspensión de una orden judicial que protege el Estatus de Protección Temporal (TPS), y con eso quedó abierta la puerta para que cientos de miles de venezolanos recuperen el beneficio a partir del 6 de noviembre.
Por lapatilla.com
Los testimonios que recogió Telemundo 51 en Doral hablan de familias que llevan meses saliendo lo justo de sus casas. “Salir de allá por la inseguridad para venir acá y tener miedo de que te agarre la misma policía”, contó uno de los entrevistados. Otro testimonio resumió lo que significaría recuperar el estatus: “Sería una bendición. [Que sea] 100 % temporal no sabemos, pero es un alivio”. La frase que más se repitió fue otra: hay que seguir “agarraditos de la mano de Dios“.
Desde que se cayó la protección, muchos venezolanos de la zona se aislaron en sus casas para evitar las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), y la ciudad que durante años fue sinónimo de comunidad venezolana se volvió más silenciosa.
Sin embargo, el fallo del viernes 30 de octubre deja en pie una orden dictada el 5 de septiembre de 2025 en el caso National TPS Alliance v. Mullin. Esa decisión de un tribunal de distrito en California concluyó que la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, se excedió en su autoridad cuando anuló la extensión del TPS que ya se le había otorgado a Venezuela y dio por terminada la designación del país, según explicó la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) del norte de California, que representa a los demandantes junto a otras organizaciones.
Esa orden quedó congelada el 3 de octubre de 2025, cuando la Corte Suprema la suspendió sin explicar sus razones. Esa suspensión vence el próximo viernes 6 de noviembre, y el Noveno Circuito se negó a prolongarla. Si el máximo tribunal no vuelve a intervenir, los venezolanos que perdieron el TPS recuperarían su estatus ese día mientras el litigio sigue su curso. Ante el Noveno Circuito, el Gobierno había alegado que un fallo de la Corte Suprema de junio de 2026, Mullin v. Dahlia Doe, dejaba a los tribunales federales sin competencia para revisar el caso. Los beneficiarios respondieron que los jueces conservan la facultad de examinar si la secretaria actuó fuera de lo que la ley le permite.
La organización también presentó ante el tribunal declaraciones de venezolanos que sufrieron las consecuencias de la cancelación. Carlos Sánchez Villa relató que fue deportado a Liberia, un país con el que no tenía ningún vínculo, y Rita di Peri Castellano contó que la expulsaron a México, la subieron a un autobús y la dejaron en la calle en una ciudad cercana a la frontera con Guatemala, sin refugio ni ayuda.
“Hoy, los tribunales federales rechazaron la invitación del Gobierno a cerrar los ojos ante la ilegalidad” de la cancelación, afirmó Jessica Bansal, abogada de la Red Nacional de Jornaleros (NDLON) y del equipo de los demandantes.
Por su parte, los abogados consultados por Telemundo 51 insisten en que el fallo no reactiva el TPS de forma automática. El procedimiento sigue pendiente y el Gobierno todavía puede acudir a la Corte Suprema, aunque al cierre de la transmisión no había anunciado si apelará. La recomendación para los beneficiarios de las designaciones de 2021 y 2023 es revisar su estatus en su cuenta del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) y no dar por hecho que el permiso de trabajo ya está vigente hasta que haya un anuncio oficial.
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