La organización no gubernamental Acceso a la Justicia advirtió este viernes 16 de octubre, que la reciente decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sobre los tribunales con competencia en delitos asociados al terrorismo, no supone la eliminación de estas instancias judiciales, cuestionadas por su presunto uso para perseguir políticamente a sectores disidentes.
Por: lapatilla.com
En un análisis publicado en su cuenta oficial de X, bajo la etiqueta #AlertaLegal, la ONG examinó el alcance de la Resolución n.º 2026-0010, dictada por la Sala Plena del máximo tribunal, que modifica la estructura organizativa de los órganos judiciales encargados de conocer este tipo de delitos.
La organización explicó que, aunque la medida introduce cambios en la distribución de las competencias judiciales, no representa una supresión de la jurisdicción penal en materia de terrorismo ni deroga las disposiciones legales que contemplan estos delitos.
“La Resolución modifica la distribución de competencias judiciales, pero no elimina los tribunales especializados en terrorismo”, dijo Acceso a la Justicia en su análisis.
¿Qué cambia con la resolución del TSJ sobre los tribunales contra el terrorismo?
Uno de los principales cambios señalados por la ONG es la eliminación de la competencia nacional de determinados juzgados de control ubicados en Caracas.
A partir de esta modificación, los juzgados de control penales ordinarios podrán conocer los casos relacionados con delitos de terrorismo, de acuerdo con las reglas generales de competencia territorial. Esto significa que los procesos podrán tramitarse en los tribunales que correspondan según las normas territoriales aplicables, sin que la competencia nacional de determinados juzgados capitalinos siga siendo el criterio para concentrar estos procedimientos.
Sin embargo, Acceso a la Justicia subrayó que la resolución no establece la desaparición de toda la estructura judicial especializada en esta materia.
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Otro aspecto que genera dudas sobre el alcance de la decisión es que el documento del TSJ no se pronuncia sobre los tribunales de juicio ni sobre las cortes de apelaciones con competencia en delitos asociados al terrorismo. Según la interpretación de Acceso a la Justicia, esta omisión apunta a que ambas instancias se mantienen dentro de la estructura judicial.
Por ello, la ONG considera que no es correcto interpretar la resolución como una eliminación definitiva de los tribunales especializados en terrorismo en Venezuela. La modificación afecta determinadas competencias de los juzgados de control, pero no establece expresamente la supresión de todos los órganos judiciales que intervienen en los procesos por estos delitos, aclaró Acceso a la Justicia.
Entre los posibles efectos positivos de la medida, Acceso a la Justicia destacó que la descentralización de los procesos penales podría reducir algunas de las dificultades que enfrentan las personas detenidas y sus familiares.
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La organización explicó que los procesados recluidos en distintas regiones del país cuyos expedientes permanezcan en la fase de control. ya no tendrían que ser trasladados a Caracas por razón de la competencia nacional de determinados juzgados. Esto podría disminuir los gastos de transporte, alojamiento y alimentación que afrontan sus familiares para visitarlos, acompañarlos y mantenerse al tanto de sus procedimientos judiciales.
No obstante, la ONG presentó este beneficio como un posible efecto de la reorganización, limitado a los casos que cumplan las condiciones correspondientes. La resolución no implica, por sí misma, la liberación de personas detenidas ni la anulación de los procesos penales en curso.
Los delitos de terrorismo siguen vigentes en Venezuela
Acceso a la Justicia también alertó que la resolución del TSJ no modifica ni deroga los delitos de terrorismo contemplados en la legislación venezolana.
En consecuencia, las disposiciones penales que la organización cuestiona por su utilización contra personas por motivos políticos, continúan vigentes.
Por tanto, la reorganización judicial no supone una reforma de fondo del marco penal relacionado con el terrorismo, ni elimina las figuras legales que, de acuerdo con las denuncias de la ONG, han permitido criminalizar a sectores de la disidencia.
En su análisis, la organización insistió en que el principal problema no se limita a la distribución territorial de los expedientes, sino al uso de la justicia penal como instrumento de persecución política.
Aunque la descentralización puede facilitar el acceso de los familiares a los procesos y reducir las dificultades logísticas de los detenidos, la medida no resuelve, por sí sola, las preocupaciones sobre la independencia judicial y las garantías del debido proceso.
