La Academia de Ciencias Políticas y Sociales, expresó su preocupación por el proyecto de reforma parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), aprobado por la Asamblea Nacional controlada por el régimen chavista, al considerar que mantiene una disposición que contradice lo establecido en la Constitución venezolana sobre la integración del Comité de Postulaciones Judiciales.
Por: lapatilla.com
El pronunciamiento señala que el proyecto, aprobado en primera discusión el 27 de agosto y posteriormente sancionado por el Parlamento el viernes 28 de agosto, modifica el número de integrantes del Comité encargado de participar en el proceso de selección de candidatos a magistrados del TSJ. Sin embargo, la reforma mantiene la presencia de 11 diputados de la Asamblea Nacional dentro de ese órgano.
La Academia recordó que el artículo 270 de la Constitución establece que el Comité de Postulaciones Judiciales es un órgano asesor del Poder Judicial para la selección de candidatos a magistrados y que debe estar integrado por representantes de los diferentes sectores de la sociedad.
A juicio de la institución, los diputados son funcionarios de un órgano del Poder Público y, por tanto, no pueden ser considerados representantes de sectores de la sociedad para formar parte del Comité.
El texto propuesto establece que el Comité estará conformado por 23 integrantes: 11 diputados y 12 representantes de sectores de la sociedad civil, todos designados por la plenaria de la Asamblea Nacional con el voto de las dos terceras partes de sus miembros. Para la Academia, esta fórmula mantiene la vulneración constitucional que ya estaba presente en versiones anteriores de la legislación.
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La institución sostuvo que la incorporación de diputados al Comité de Postulaciones contradice el propósito original de la Constitución de despolitizar el proceso de evaluación y preselección de los candidatos a magistrados del TSJ.
Según el pronunciamiento, la creación de un Comité integrado por representantes de la sociedad buscaba separar el proceso de evaluación de candidatos del órgano político encargado de la elección, en este caso la Asamblea Nacional.
La Academia citó el Diario de Debates de la Asamblea Constituyente y la Exposición de Motivos de la Constitución, documentos en los que se plantea que el procedimiento para la designación de magistrados debía garantizar una selección y elección pública, objetiva, transparente e imparcial.
Por ello, advirtió que aprobar la reforma del artículo 65 de la Ley Orgánica del TSJ sin eliminar a los diputados del Comité de Postulaciones mantendría una distorsión del mecanismo constitucional y permitiría la continuidad del control político sobre una instancia que debería tener participación independiente de distintos sectores de la sociedad.
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La Academia manifestó además su preocupación por el papel que tendrán los 11 diputados que integrarán la Comisión Preliminar y posteriormente el Comité de Postulaciones.
El pronunciamiento señala que los parlamentarios chavistas, tendrán la función de seleccionar a los 12 representantes de la sociedad que formarán parte del Comité. Para la institución, esta estructura puede hacer “nugatorio” el propósito constitucional de evitar el control político sobre el proceso de escogencia de los magistrados.
Asimismo, la Academia detectó lo que considera un error material en la exposición de motivos del proyecto de reforma, debido a que esta señala que la modificación busca ajustar el número de integrantes y la proporcionalidad de la Comisión Preliminar, cuando en realidad la reforma planteada modifica la integración del Comité de Postulaciones Judiciales.
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Ante este escenario, la Academia de Ciencias Políticas y Sociales exhortó a las autoridades a cumplir estrictamente con la Constitución durante el proceso de selección de los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.
La institución planteó que el Comité de Postulaciones debería estar conformado por representantes de sectores vinculados con el ámbito jurídico, entre ellos decanos de facultades de Derecho de universidades públicas y privadas, representantes de centros e institutos de investigación jurídica, colegios de abogados y organizaciones no gubernamentales dedicadas a la defensa del sistema de justicia y los derechos humanos.
La Academia insistió en que el objetivo debe ser garantizar que los candidatos a magistrados sean sometidos a un proceso de escrutinio y preselección realizado por un órgano integrado por representantes de la sociedad, tal como, según su interpretación, exige el artículo 270 de la Constitución.
