Óscar Alejandro Caamaño Valero es español, tiene 53 años y ha sido condenado a 30 años de cárcel en Venezuela en circunstancias dudosas. Se encuentra recluido en la cárcel de Tocuyito, estado de Carabobo, donde su familia asegura que ha perdido cerca de 30 kilos y padece problemas respiratorios que no están siendo atendidos adecuadamente. Su esposa no ha podido conseguir que lo lleven a un hospital para determinar si tiene derrame pleural, como sospecha.
Por: ABC
El suyo es uno de los cientos de casos que ponen a prueba las promesas de Donald Trump y las exigencias a Delcy Rodríguez sobre la liberación de los presos políticos venezolanos. Más de un millar han salido de las cárceles desde que el 3 de enero se capturara a Nicolás Maduro. Pero, según el último balance disponible de Foro Penal, siguen siendo 322 los presos políticos. De ellos, 140 son militares y 31 son de nacionalidad extranjera o doble nacionalidad. Entre ellos hay más de una decena de españoles.
Caamaño, nacido en Caracas el 20 de abril de 1973, es español por parte de padre, emigrado desde España. Su mujer también es española por parte de su madre. Su familia asegura que su persecución comenzó mucho antes de la llegada de Maduro al poder, cuando Hugo Chávez aún gobernaba Venezuela.
El exfuncionario ingresó en los servicios de Inteligencia en 1992. Trabajó en la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención, antecesora del hoy Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, el temido Sebin. Sus familiares aseguran que sus problemas empezaron en la crisis de abril de 2002, cuando Chávez fue sacado del poder brevemente en medio de manifestaciones y choques mortales en Caracas.
Según su familia, Caamaño y otros funcionarios se negaron a reprimir a los manifestantes. Cuando el poder fue recuperado por Chávez, esos agentes quedaron estigmatizados como desleales. En 2004 fue vinculado por el régimen a un expediente por explosiones contra las sedes diplomáticas de España y Colombia. La familia explica que aquella acusación terminó sin condena por falta de pruebas y que en 2005 fue expulsado de los servicios de Inteligencia.
El episodio decisivo llegó doce años después. Un grupo de militares y civiles liderado por el capitán Juan Carlos Caguaripano Scott se sublevó el 6 de agosto de 2017 en el Fuerte Paramacay (estado de Carabobo), donde tiene su sede la Brigada Blindada 41 del Ejército. Los participantes llamaron Operación David a la incursión. Se incautaron de armas y dijeron que pensaban promover una rebelión contra Maduro.
Sin pruebas tras el arresto
El Ejecutivo replicó con una operación para detener a los implicados y desarticular las redes de apoyo. En aquel caso acabó incluido Caamaño, aunque su familia niega que hubiera pruebas de su participación. Fue arrestado en agosto de 2017 y estuvo siete meses detenido en dependencias del Sebin en San Cristóbal, a cientos de kilómetros de su casa en Caracas. Durante ese tiempo su esposa apenas pudo verlo dos o tres veces.
En marzo de 2018 recuperó la libertad con medidas cautelares. En los años siguientes, según cuenta su familia, acudió a las comparecencias judiciales y cumplió con todas las obligaciones impuestas por los tribunales. Hasta el 18 de diciembre de 2025. Ese día, cuando el juicio llevaba más de ocho años de retraso, los acusados fueron convocados a una audiencia. El 19 de diciembre, el juez condenó a los 23 acusados a 30 años de cárcel, la pena máxima con la que cuenta la legislación venezolana.
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